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El expresidente que presumía de “ejemplaridad” vive rodeado por el eco de sus propios silencios judiciales
Mariano Rajoy lleva años presentándose como el hombre que frenó la corrupción en el Partido Popular. La realidad lo desmiente con una contundencia aritmética. Tres sentencias firmes de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo contra su partido por financiación ilegal. Varios exministros condenados o imputados. Y ahora el caso Montoro, un recordatorio brutal de que la podredumbre no era un accidente, sino una forma de gobernar.
LA CORRUPCIÓN COMO MÉTODO DE GOBIERNO
El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, pieza clave del engranaje económico del PP, está imputado junto a todo su equipo por haber beneficiado de manera ilegal a empresas gasísticas. El epicentro del escándalo se encuentra en el despacho que él mismo fundó, Equipo Económico, que entre 2008 y 2019 recibió al menos 5,2 millones de euros de organismos y empresas controlados por gobiernos del PP.
No se trata de un episodio aislado. Es la prolongación lógica de una maquinaria que convirtió el Estado en una caja registradora al servicio de un partido. Mientras Rajoy agitaba las manos en el Congreso para negar lo evidente, sus ministros legislaban para premiar a los amigos. Hacienda, en teoría guardiana del dinero público, se utilizaba como oficina de favores.
El caso acumula siete años de investigación judicial. Y no llega en un vacío: lo acompaña el hedor de Gürtel, Púnica, Lezo, Bárcenas, Rato y Zaplana. La política convertida en franquicia privada, un modelo de acumulación de rentas basado en contratos públicos, leyes a medida y el blindaje mediático de un presidente que se escondía tras su flema gallega.
LA POLICÍA POLÍTICA Y EL ESTADO SECUESTRADO
El Gobierno de Rajoy no solo saqueó las arcas públicas. También secuestró al propio Estado para blindar la corrupción. La llamada “policía patriótica”, creada bajo la batuta de Jorge Fernández Díaz, fabricó pruebas falsas contra rivales políticos y espió a adversarios internos. Ese mismo entramado, en la operación Kitchen, intentó destruir pruebas que guardaba el extesorero Luis Bárcenas. Se llegó incluso a reclutar a un falso cura para sonsacar información, un esperpento digno de Valle-Inclán que hoy sigue en los sumarios judiciales.
El Supremo ya ha confirmado la ilegalidad de aquellas prácticas. Francisco Martínez, número dos de Interior, espera juicio. Fernández Díaz afronta una petición de hasta 15 años de cárcel. Lo que Rajoy dirigía era un Gobierno parapolicial, que mezclaba cloacas, sobres en negro y favores legislativos.
Gürtel fue solo la vitrina más visible. Desde 1998 hasta 2009, la trama de Francisco Correa amasó fortunas con contratos públicos y comisiones ilegales. Tres sentencias judiciales han condenado al PP como organización, convirtiéndolo en el único partido político en España señalado por corrupción de manera tan sistemática. Rajoy cayó en 2018 tras una moción de censura que puso fin a una década de saqueo institucional.
Mientras tanto, Eduardo Zaplana suma condenas de hasta diez años de cárcel. Rodrigo Rato, al que Rajoy veneraba como artífice de un “milagro económico”, acumula sentencias por fraude fiscal, blanqueo y corrupción. Ignacio González, heredero de Esperanza Aguirre en Madrid, espera resolución en el caso Lezo. El PP fue —y sigue siendo— un partido condenado en serie.
EL RELATO FALSO DE LA EJEMPLARIDAD
En julio de 2025, Rajoy se presentó en el XXI Congreso Nacional del PP como ejemplo de “lucha contra la corrupción”. Habló de “asombro” y “alucinación” ante investigaciones contra dirigentes socialistas. Dos semanas después, Montoro y su equipo fueron imputados. El cinismo es tan obsceno que parece calculado.
Rajoy insiste en que no sabía nada. Lo mismo dijo sobre Bárcenas, sobre la caja B, sobre la policía política. El guion es siempre idéntico: negar, dilatar, enterrar. Pero los jueces van apilando condenas que demuestran que su presidencia fue el epicentro de la corrupción institucionalizada.
El PP, como organización, convirtió la corrupción en una rutina administrativa. No fue un error de unos pocos, sino una estructura sistemática. La contabilidad paralela registrada por Bárcenas no era un invento, era el manual de funcionamiento. Y Rajoy, lejos de depurar responsabilidades, se limitó a mirar hacia otro lado mientras sostenía a sus ministros caídos en desgracia.
EL LEGADO DE MONTORO
La imputación del exministro de Hacienda no solo salpica a su persona. Desnuda la relación carnal entre el poder político y el negocio privado. Montoro diseñaba leyes que luego beneficiaban a las mismas empresas que contrataban con su antiguo despacho. Es el bucle perfecto de la puerta giratoria: del ministerio al bufete, del bufete al ministerio, y de ahí al bolsillo.
Que Montoro fuera el responsable de recaudar impuestos, mientras se enriquecía en paralelo con favores a corporaciones, añade un insulto añadido. Durante su mandato, las y los trabajadores sufrieron recortes, los servicios públicos se asfixiaron y la deuda se disparó. La austeridad se convirtió en dogma mientras los despachos privados engordaban con dinero público.
Rajoy quería pasar a la historia como el presidente del silencio prudente. La historia lo retrata como el presidente que normalizó la corrupción hasta el paroxismo. La foto que queda no es la de un registrador de la propiedad sobrio, sino la de un dirigente que convivió con Gürtel, Kitchen, Lezo, Púnica, Rato, Zaplana y Montoro.
La cloaca no fue un accidente, fue su forma de gobierno.
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