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Un proyecto de ley busca indultar a los manifestantes detenidos durante el estallido de Chile en octubre de 2019.
La senadora y presidenta del senado de de Chile, Adriana Muñoz, encabeza el proyecto de ley que tiene como pretensión el indulto a los manifestantes presos investigados, imputados y condenados de las manifestaciones surgidas tras el estallido social que comenzó en octubre de 2019.
El presidente de Chile, Sebastian Piñera, ya ha anunciado que se opone a dicho proyecto y que lo vetará ya que según él «atenta contra el órden público».
«Nuestro Gobierno manifiesta su total desacuerdo y oposición con el proyecto de indulto general y anticipa que, en caso de que el proyecto de ley avance y de ser necesario, va a utilizar su facultad de veto para impedir su aprobación», expresó Piñera.
“Hay casi 800 personas que están en prisión preventiva, que no tienen proceso alguno”, afirmó Muñoz, legisladora del Partido por la Democracia (PPD), “llevan un año dos meses sin un debido proceso y ese es un tema que hay que debatir”.
“Los principales delitos que se imputan son desórdenes», explicó, «queremos ver qué significa desórdenes, si una persona por desorden es un violentista, es una persona que amerita que está un año y dos meses sin el debido proceso”, añadió.
Los Mandos de Carabineros deben ser investigados penalmente por violaciones de derechos humanos en Chile
La Fiscalía Nacional debe asegurar que se investigue a varios mandos estratégicos de la policía chilena, Carabineros de Chile, como el General Director, el General Subdirector y el Director de Orden y Seguridad, así como también a ciertos mandos operativos de la Zona Metropolitana, por su posible responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el llamado «estallido social», ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo informe que publica en el contexto del primer aniversario de las protestas masivas.
En Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social, la organización analiza la actuación de oficiales de Carabineros entre el 18 de octubre y 30 de noviembre de 2019 y concluye que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho a la integridad personal de las y los manifestantes de manera generalizada, debido a que los mandos estratégicos no tomaron todas las medidas necesarias para prevenirlas.
Si bien dicho corte temporal se realizó por razones metodológicas, se siguieron registrando casos de uso excesivo de la fuerza policial hasta mediados de marzo de 2020 – momento en que las manifestaciones cesaron temporalmente debido a la pandemia de la Covid-19. Recientemente, y tras la activación de algunas manifestaciones en Santiago, se registraron nuevos episodios de violencia policial, como el del caso de un joven de 16 años que cayó de un puente tras ser empujado por un carabinero, quien fue imputado por homicidio frustrado.
«Los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarles a toda costa. A través de órdenes tácitas u omisiones deliberadas, propiciaron casos tan graves como el de Gustavo Gatica o el de Fabiola Campillai, entre muchos otros» dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
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El veto sindical a la Policía Nacional empieza a resquebrajarse
La anomalía democrática ya no cabe debajo de la alfombra. Dos tribunales superiores de justicia, el del País Valencià y el de Madrid, han admitido a trámite sendas demandas de agentes de la Policía Nacional contra una prohibición que huele a otro tiempo: la que les impide afiliarse a sindicatos de clase, interprofesionales, como CNT, CGT, UGT o CCOO. La pelea apunta directamente al artículo 28 de la Constitución, que reconoce la libertad sindical, y al artículo 14, que garantiza la igualdad y la no discriminación. Fechas y cifras importan: la norma que ahora se discute fue aprobada en 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, y afecta a un cuerpo donde la escala básica suma más de 70.000 agentes.
Esta es la democracia estadounidense: 88 corporaciones no pagaron impuestos federales y regaron la política con 852 millones
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El domingo 14, a las 15:00, estrenamos en nuestro canal de YouTube un nuevo #reportajesr: “Cómo la extrema derecha está ganando la batalla cultural”. La primera parte lleva un título que debería funcionar como advertencia: “Esto no empezó ayer”.
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