El paraíso de los rentistas: las exenciones fiscales para propietarios como estrategia fallida 

Un plan que prioriza a los grandes propietarios y esquiva la raíz del problema

Pedro Sánchez vuelve a intentar marcar la agenda política con un paquete de medidas que, aunque prometen hacer frente a la crisis de la vivienda, han generado malestar tanto en la izquierda como en la derecha. El anuncio de una exención fiscal del 100% del IRPF para los propietarios que ajusten el alquiler a los índices de referencia se ha convertido en la pieza más controvertida del programa. Mientras la derecha lo critica por «intervencionista», las formaciones progresistas y colectivos de inquilinos ven en ello una concesión a quienes perpetúan un sistema injusto y especulativo.

Sumar, EH Bildu, Podemos y ERC señalan que estas medidas no abordan la verdadera causa de la emergencia habitacional: la especulación desenfrenada y la falta de regulación efectiva sobre los grandes fondos y propietarios. En palabras de Ione Belarra, líder de Podemos, «hemos pasado de pedir solidaridad a los caseros a regalarles dinero público para que bajen los precios». Los datos son contundentes: según el último informe del Sindicat de Llogateres, el precio medio del alquiler sigue absorbiendo hasta el 50% del salario de muchos hogares.

La propuesta también incluye medidas para incorporar vivienda pública: 13.000 inmuebles de la Sareb de manera inmediata y otros 17.000 progresivamente. Sin embargo, estas cifras palidecen ante la demanda real y son insuficientes para revertir los efectos de las décadas de desmantelamiento de vivienda social. En este contexto, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, fue contundente: «Por encima del derecho de alguien a enriquecerse está el derecho de todas las personas a tener una vivienda digna. Llegan tarde y se quedan cortos».

MEDIDAS QUE IGNORAN LA ESPECULACIÓN Y BENEFICIAN A LOS RENTISTAS

La política de exenciones fiscales presentada por el Ejecutivo es vista por muchos como una estrategia para calmar a los grandes propietarios y desviar la atención de la creciente desigualdad en el acceso a la vivienda. La idea de eximir del IRPF a quienes se ajusten a los índices de referencia puede sonar como una medida progresista, pero, como afirman desde EH Bildu, «esto no es más que maquillar el problema para proteger los beneficios de quienes han estado cobrando alquileres abusivos y desproporcionados durante años».

La realidad es que los precios de referencia se calculan sobre un mercado inflado que refleja años de especulación y burbujas inmobiliarias, lejos de las posibilidades reales de las familias trabajadoras. Mientras tanto, el gobierno propone limitar la compra de vivienda a personas extranjeras no residentes para combatir la compra especulativa. Sin embargo, colectivos sociales cuestionan la efectividad de estas medidas parciales. El problema no es el pasaporte de quien compra, sino el modelo de mercado que permite acumular propiedades sin freno.

Sumar, por su parte, ha abogado por estabilizar los contratos de alquiler con plazos más largos y mecanismos que otorguen seguridad a las y los inquilinos. A pesar de valorar un cambio de discurso por parte del PSOE, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, dejó claro que la apuesta por las exenciones fiscales representa un «parche». Desde las asociaciones de defensa del alquiler, como el Sindicat de Llogateres, se insiste en que las medidas anunciadas siguen sin tocar los privilegios del sector inmobiliario ni garantizar precios accesibles para la mayoría.

El avance del Gobierno en la construcción de vivienda pública también se encuentra bajo escrutinio. Los 3.300 inmuebles y los millones de metros cuadrados de suelo residencial prometidos suenan a un gesto ambicioso, pero se diluyen al compararse con la realidad de la precariedad habitacional. Las promesas de futuro no llenan el vacío de quienes hoy se ven obligados a compartir piso o destinar un salario entero al alquiler.

Mientras el Ejecutivo defiende sus iniciativas y señala las «políticas neoliberales» de Mariano Rajoy como las culpables del actual estado de la vivienda, la falta de consenso en el Congreso deja claro que este nuevo paquete está lejos de ser la solución definitiva. La derecha, con el Partido Popular y la patronal inmobiliaria a la cabeza, no tardó en tildar las medidas de intervencionistas. Pero, mientras algunos temen por sus inversiones, otros luchan por no quedarse sin techo.

La crisis de vivienda no se resolverá con beneficios fiscales para quienes ya acumulan patrimonio. Lo que está en juego es si seguimos protegiendo un modelo que pone la rentabilidad por encima de la dignidad o si, de una vez por todas, se garantiza el derecho a un hogar para quienes construyen el país con su esfuerzo diario.