La pregunta parece una broma, pero no lo es: ¿qué es peor, Guti prestando su cara a una casa de apuestas o la SER envolviendo sus noticias con publicidad de juego como si estuviera anunciando café de comercio justo? La respuesta más honesta es que no hay que elegir. Son dos piezas del mismo mecanismo. Uno pone la sonrisa. La otra pone la credibilidad. La empresa pone el anzuelo. Y la gente pone el dinero.

Taty Almeida murió el 14 de junio, a los 95 años, pero la noticia no puede escribirse como una necrológica amable. Sería casi una falta de respeto. Taty no fue una señora buena que “buscó a su hijo”. Fue una acusación viviente. Una mujer que convirtió el dolor en expediente político, la ausencia en pancarta y la maternidad en una forma de resistencia contra el Estado asesino, sus cómplices civiles y sus herederos ideológicos.

Su hijo, Alejandro Almeida, fue secuestrado y desaparecido el 17 de junio de 1975 por la Triple A, antes incluso del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Tenía 20 años. Era estudiante de Medicina, militante, poeta. Un joven al que le arrebataron la vida, el cuerpo, la historia y hasta el derecho elemental de tener una tumba. Ese fue el método. No bastaba con matar. Había que borrar. Borrar nombres, borrar pruebas, borrar vínculos, borrar madres. Y ahí fallaron.

Porque aparecieron ellas.

La causa contra Begoña Gómez ha dejado de ser solo una causa judicial. Hace tiempo que es otra cosa. Una pieza más en esa trituradora política, mediática y judicial donde la presunción de inocencia se convierte en estorbo, el procedimiento en espectáculo y la toga en decorado. El 15 de junio, la esposa del presidente del Gobierno compareció ante el juez Juan Carlos Peinado en una audiencia previa de carácter protocolario. Sobre la mesa, el posible juicio contra ella, contra su asesora Cristina Álvarez y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

La fase de instrucción queda ya encaminada hacia la Audiencia Provincial de Madrid. Y ahí aparece la bomba procesal: un juicio con jurado popular. Es decir, nueve personas elegidas entre la ciudadanía podrían acabar decidiendo sobre un asunto contaminado desde hace meses por tertulias, titulares, filtraciones, bronca parlamentaria y esa mezcla tan española de ruido judicial y cálculo partidista. Qué podía salir mal.

Spanish Revolution estrena la primera parte del reportaje “¿Puede la ULTRADERECHA ganar la BATALLA CULTURAL?”, presentado por Patricia Salvador. Y la pregunta no es menor. Tampoco es una provocación para redes. Es una advertencia política en mitad de una época en la que la extrema derecha ya no necesita presentarse siempre con el uniforme completo. A veces le basta con hablar de “libertad”, “familia”, “patria”, “seguridad” o “sentido común” mientras va vaciando esas palabras de contenido democrático.

El nuevo trabajo de Reportajes SR, con Olga Rodríguez, analiza por qué lo que ocurre en Gaza no es solo una tragedia palestina, sino una advertencia global sobre la impunidad, el derecho internacional y la ley del más fuerte. Más de 30.000 personas han visto…