La escuela concertada, la oposición y los obispos, “preocupados” por la nueva ley de educación y por el reparto de fondos, habían reclamado igualdad de trato respecto a la red pública.
La escuela pública acaba de sufrir un duro revés en lo que era un apoyo incondicional a su figura. Los 2.000 millones de euros que España invertirá en educación para paliar los efectos del confinamiento y crisis del covid-19 no solo se destinarán a la escuela pública, también irán a la concertada.
El PSOE, Unidas Podemos y ERC han dado este martes un volantazo respecto a la escuela concertada con una enmienda para eliminar la exclusión que inicialmente habían planteado respecto a este tipo de enseñanza, de forma que también pueda acceder a los fondos extra que van a aprobarse para adaptar los centros educativos a la epidemia del coronavirus.
Si este dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica decía en su punto 18.1 que «la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa», excluyendo por tanto la educación concertada, en la enmienda transaccional se retira la mención a la educación pública de gestión directa. El documento queda así: «La inversión irá destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atiendan a alumnado en situación de vulnerabilidad».
La enmienda fue votada electrónicamente el martes y finalizará el miércoles. El resultado de este martes por la noche es incierto: 168 representantes de los tres partidos (de un total de 350 representantes en la Cámara) necesitan el apoyo o la abstención de otras formaciones, lo que no está garantizado.
La escuela concertada y los obispos, “preocupados” por la nueva ley de educación y por el reparto de fondos contra el efecto de la pandemia en las aulas, habían reclamado igualdad de trato respecto a la red pública. PP, Ciudadanos y el PNV también presionaron en contra. La enmienda pactada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC pone el acento en que los fondos adicionales que el Gobierno entregará a las comunidades autónomas deben destinarse a los centros que matriculen a alumnos con más necesidades.
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