Opinión | «Prioridad nacional» o el eufemismo que ordena quién merece vivir mejor 

Cuando la política convierte derechos en privilegios, ya no habla de gestión, habla de exclusión

Hay palabras que no nacen para describir la realidad, sino para moldearla. “Prioridad nacional” es una de ellas. Suena técnica. Neutra. Incluso razonable. Pero basta rascar un poco para entender que no es un concepto administrativo, sino una jerarquía moral. Una forma de decidir quién va primero… y quién sobra.

El 22 de abril, PP y Vox sellaron en Aragón un acuerdo que repite lo ya visto en Extremadura. Misma arquitectura. Mismos pilares. Rechazo frontal a la acogida de menores migrantes. Compromiso de retorno a sus países. Ni una plaza más. Y en el centro de todo, como columna vertebral, la llamada “prioridad nacional”.

No es un matiz. Es el marco. Un marco que permite justificarlo todo.

Porque cuando se establece que el acceso a servicios sociales o vivienda protegida debe regirse por ese principio, lo que se está diciendo —sin decirlo del todo— es que hay vidas que valen más que otras. Que el derecho deja de ser universal. Que pasa a depender de un carnet.

Lo inquietante no es solo que Vox lo defienda. Es que el Partido Popular lo asume. A veces con pudor, otras con matices. Pero lo asume. Lo llama “principio de inspiración”. Evita repetir las frases más crudas. Pero firma lo mismo.

Un equilibrio extraño. Un paso adelante, otro hacia atrás. Una especie de coreografía política que intenta normalizar lo que hace apenas unos años habría sido impensable.

DE LA POLÍTICA SOCIAL A LA POLÍTICA DE FILTRO

El acuerdo no se queda en declaraciones. Baja al detalle. Y ahí es donde se entiende mejor el alcance real.

La vivienda pública —4.000 pisos en cuatro años— no será para quien la necesite más. Será para quien encaje mejor en ese filtro nacional. Los servicios sociales dejan de ser un sistema de protección para convertirse en un sistema de selección.

No es un cambio menor. Es un giro ideológico profundo. Porque rompe con la idea de ciudadanía basada en derechos y la sustituye por una ciudadanía condicionada.

La lógica se repite en otros ámbitos. Educación. Cultura. Migración. La eliminación del programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí no es una decisión pedagógica. Es una declaración política. Lo mismo ocurre con la ofensiva contra el catalán en Aragón o con la prohibición de símbolos culturales como el burka o el niqab.

Se trata de definir qué identidades son aceptables y cuáles deben desaparecer del espacio público.

Y mientras tanto, otras medidas avanzan en paralelo. Supresión de impuestos ambientales. Refuerzo de la caza con rebajas del 80% en tasas. Impulso a centros de datos que consumen grandes cantidades de agua y energía. Más inversión en policías locales mientras se endurece el control en centros de menores.

No es un programa incoherente. Es un modelo. Un modelo donde la seguridad se prioriza sobre los derechos. Donde la identidad pesa más que la necesidad. Donde el mercado y el control avanzan juntos.

Todo encaja.

EL RELATO QUE NORMALIZA LA EXCLUSIÓN

Para que este tipo de políticas funcione, hace falta algo más que leyes. Hace falta relato. Y ese relato ya está en marcha.

Se construye poco a poco. En los discursos institucionales. En los medios. En los silencios. En los gestos.

Se alimenta de ejemplos concretos. Como el racismo que sigue atravesando el fútbol y que se evidencia en episodios como los denunciados en el caso de Lamine Yamal y el silencio de las instituciones deportivas, donde la normalización del insulto racial convive con la inacción de quienes deberían frenarlo.

O en la evolución del discurso político, cada vez más explícito, donde ya no se oculta la lógica de exclusión, como muestra la deriva de Vox hacia posiciones abiertamente identitarias y excluyentes. Lo que antes se insinuaba, ahora se proclama sin rodeos.

El problema es que ese relato no se queda en la extrema derecha. Se filtra. Se extiende. Se convierte en sentido común. Y cuando eso ocurre, ya no hace falta imponerlo. Basta con repetirlo.

“Los nuestros primero”.

Es una frase sencilla. Directa. Funciona. Pero es también una trampa. Porque nunca define quiénes son “los nuestros”. Ni quién decide. Ni qué pasa con quienes quedan fuera.

Y ahí está el núcleo del asunto. La “prioridad nacional” no organiza recursos. Organiza exclusiones. No responde a una escasez inevitable. La crea. La gestiona. La reparte.

Porque cuando un gobierno decide que una persona tiene menos derecho a una vivienda, a una ayuda o a un servicio por su origen, no está gestionando mejor. Está redefiniendo qué significa pertenecer.

Y eso, en política, nunca es neutro.

La prioridad nacional no es una política social. Es una frontera dibujada dentro de la propia sociedad.

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