La estrategia de PP y Junts deja a las personas vulnerables como peones sacrificables en el tablero del poder.
Por Javier F. Ferrero
El rechazo al decreto-ley que incluía la subida de las pensiones y otras medidas sociales no es solo una decisión técnica. Es un movimiento que revela, una vez más, que las prioridades de ciertos actores políticos no están alineadas con las necesidades reales de la ciudadanía. El alza del 2,8% para las pensiones contributivas, del 6% para las mínimas y del 9% para las no contributivas e ingreso mínimo vital no era un lujo; era un salvavidas en un contexto de inflación y precariedad que golpea con fuerza a quienes menos tienen.
La maniobra, disfrazada de legítima oposición, es en realidad un bloqueo estratégico que utiliza a las personas jubiladas y vulnerables como arma arrojadiza. El mensaje es claro: el bienestar de la mayoría es negociable si sirve para presionar al Gobierno o avanzar en agendas políticas particulares.
No hablamos de un simple aplazamiento. Las consecuencias son inmediatas y devastadoras. El pago de enero se realizará porque ya estaba programado, pero en febrero millones de pensionistas podrían ver cómo sus ingresos retroceden. No se trata de una cifra, sino de la diferencia entre llenar la nevera o no, entre pagar la calefacción o pasar frío, entre mantener una vida digna o sumirse en la desesperación.
Por otro lado, 670.000 hogares que dependen del ingreso mínimo vital quedarán igualmente atrapados en este vacío legislativo. El 9% de incremento que se les prometió no llegará a sus bolsillos, perpetuando una pobreza estructural que algunos parecen considerar inevitable mientras no interfiera con sus cálculos electorales.
JUEGOS DE PODER Y DESAMPARO SOCIAL
Es irónico escuchar a partidos como el PP asegurar que “apoyan la subida de las pensiones” mientras votan en contra de la norma que las garantiza. Este doble lenguaje no es más que una cortina de humo: respaldar una idea abstracta mientras se boicotea su concreción. Lo llaman “coherencia ideológica”; la realidad lo llama hipocresía.
Junts, por su parte, ha hecho lo propio, elevando el chantaje político a la categoría de arte. El precio de su apoyo, dicen, es alto, y parece que consideran que las pensiones y las ayudas sociales son un sacrificio asumible para negociar en otros terrenos. Han puesto sobre la mesa su capacidad de desequilibrar mayorías y lo han hecho a costa de desequilibrar vidas.
Las víctimas de este bloqueo son siempre las mismas: las personas mayores que ven en cada céntimo de su pensión una tabla de salvación; las familias empobrecidas que sobreviven con el ingreso mínimo vital; las trabajadoras y trabajadores que dependen del transporte público subvencionado para llegar a fin de mes. La política deja de ser un instrumento de transformación social cuando se convierte en una herramienta de presión, y aquí hemos llegado al culmen de esa perversión.
EL PRECIO DE LA INSENSIBILIDAD
Es fácil justificar el bloqueo como una cuestión de principios, pero detrás de las grandes palabras está la cruda realidad: cuando la política se congela, el sufrimiento social se multiplica. Al tumbar este decreto-ley, no solo han frenado la subida de las pensiones. También han eliminado ayudas al transporte, medidas contra desahucios y apoyos para quienes sufrieron el impacto de la DANA. Una decisión cargada de implicaciones que parecen importar poco a quienes la tomaron.
Algunos llamarán a esto estrategia, pero lo que estamos viendo es, más bien, una guerra de trincheras donde la munición son las vidas de los más vulnerables. La historia no será amable con quienes convirtieron los derechos sociales en peones sacrificables.
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