El asesinato de 745 civiles alauitas confirma que la violencia sectaria sigue siendo el motor de la guerra
Más de 1.000 muertos en menos de una semana. 745 de ellos civiles, ejecutados a sangre fría por las fuerzas de seguridad del nuevo régimen sirio. Este es el saldo de los enfrentamientos en la región costera de Latakia, que estallaron el pasado jueves y han sumido al país en la mayor ola de violencia desde la caída de Bachar al Asad el pasado 8 de diciembre. La realidad que emerge detrás de estas cifras es brutal: una masacre sectaria en la que el nuevo régimen ha dirigido su violencia directamente contra la minoría alauita, la misma que durante décadas sostuvo el poder de la familia Al Asad.
Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), los asesinatos se produjeron principalmente en localidades como Baniyas, en la provincia de Tartús, y en las zonas rurales de Latakia, incluyendo Al Qardaha y Jableh. La violencia no ha sido solo el resultado de los combates; las imágenes que circulan en redes sociales, verificadas por el propio Observatorio, muestran ejecuciones sumarias de civiles desarmados por parte de las nuevas fuerzas de seguridad. Mujeres, niños y ancianos han sido asesinados sin juicio previo.
Lo que está ocurriendo en Siria va más allá de una simple lucha por el poder. El nuevo régimen de Ahmed al Shara, apoyado por las fuerzas de la ahora disuelta alianza islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS) —con raíces en el Frente Al Nusra, la filial de Al Qaeda en Siria—, ha desencadenado una purga sectaria contra la población alauita. Esta minoría, que representa aproximadamente el 10% de la población siria, fue el sostén del régimen de Al Asad y ocupaba puestos clave en el Ejército y las instituciones de seguridad. Ahora, el nuevo poder ha decidido que su mera existencia es una amenaza.
Mientras el Ministerio de Defensa sirio anuncia la creación de una «comisión de emergencia» para investigar las ejecuciones, el mensaje es claro: el régimen no está tratando de restablecer la paz, sino de consolidar su poder mediante el terror. La supuesta investigación es una maniobra de cara a la comunidad internacional, que hasta el momento ha reaccionado con silencio o tibieza ante las masacres. La Liga Árabe ha condenado los ataques contra las fuerzas de seguridad del régimen, pero ha evitado hacer referencia directa al asesinato de civiles alauitas. La ONU, por su parte, se ha limitado a expresar «preocupación».
La impunidad es el marco en el que opera el nuevo régimen. Las imágenes de soldados disparando a quemarropa contra civiles y de cuerpos abandonados en las calles de Latakia y Tartús reflejan la brutalidad de una operación que no pretende garantizar la seguridad, sino eliminar a un sector de la población identificado con el antiguo régimen. El gobierno de Al Shara justifica estas acciones como «medidas para garantizar la estabilidad y la seguridad», pero los hechos evidencian una estrategia de limpieza sectaria.
UNA GUERRA QUE NUNCA TERMINÓ
Los enfrentamientos comenzaron después de que insurgentes leales a Al Asad lanzaran un ataque en Jableh, pero la respuesta de las fuerzas del régimen ha sido desproporcionada y dirigida directamente contra la población civil. La respuesta ha consistido en ejecuciones sumarias, redadas masivas y la ocupación de barrios enteros. Más de 200 combatientes de ambos bandos han muerto en los combates, pero la mayoría de las víctimas son civiles que nada tenían que ver con la lucha armada.
Este escenario confirma que la caída de Al Asad no ha traído la paz a Siria. El nuevo régimen está formado por antiguos miembros de Hayat Tahrir al Sham (HTS), una organización islamista que ha pasado de luchar contra el régimen de Damasco a convertirse en el nuevo aparato de poder. Las estructuras del antiguo Estado han sido desmanteladas, pero el vacío de poder ha sido ocupado por grupos armados que ahora actúan con total impunidad.
El discurso oficial de Al Shara insiste en que «el objetivo no es derramar sangre, sino preservar la seguridad y estabilidad del país», pero las cifras desmienten esa narrativa. 745 civiles asesinados en ejecuciones sectarias no es un daño colateral, es una estrategia deliberada de control mediante el terror. La brutalidad de las nuevas fuerzas de seguridad no busca únicamente aplastar la resistencia de los leales a Al Asad, sino enviar un mensaje a cualquier sector de la población que ose cuestionar la autoridad del nuevo régimen.
El contexto sectario de estas masacres es innegable. La población alauita ha sido identificada como enemiga política y objetivo militar, pese a que muchos de sus miembros ni siquiera participaron en la estructura de poder de Al Asad. La violencia dirigida específicamente contra esta minoría confirma que el nuevo régimen no solo busca consolidar el poder, sino también reconfigurar el equilibrio sectario en Siria.
El futuro inmediato de Siria es oscuro. La violencia sectaria ha abierto una fractura social que difícilmente podrá cerrarse. La división entre suníes y alauitas, alentada por décadas de manipulación política y ahora profundizada por las masacres, hará que cualquier intento de reconciliación sea casi imposible. Las imágenes de cuerpos abandonados en las calles de Latakia y Tartús ya forman parte de la memoria colectiva de Siria, y la herida que han dejado tardará generaciones en cicatrizar.
La comunidad internacional, mientras tanto, permanece en silencio o lanza declaraciones vacías de condena. El precio de esta indiferencia es claro: Siria sigue desangrándose mientras las potencias globales miran hacia otro lado.
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