Le Pen activa la maquinaria de la ultraderecha contra la Justicia 

Agrupación Nacional lanza una campaña para victimizar a su líder,

Marine Le Pen ha abandonado su estrategia de «normalización» tras ser condenada por malversación de fondos públicos europeos, lo que le ha supuesto cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación inmediata. Esta sentencia le cierra el paso a las presidenciales de 2027, salvo que prospere un recurso que su abogado ya ha anunciado. Le Pen ha respondido acusando a las élites políticas y al sistema judicial de una persecución personal, calificando la decisión judicial como un intento deliberado de bloquear su candidatura.​

La reacción de Agrupación Nacional ha sido inmediata, con representantes del partido denunciando una supuesta conspirión judicial para eliminar a su líder de la carrera presidencial. Le Pen ha declarado que «el sistema ha sacado la bomba nuclear», presentándose como mártir de una élite política corrompida, justo cuando ha sido condenada precisamente por corrupción. Esta estrategia podría incluso fortalecer a la extrema derecha al encajar en la narrativa de victimización de Le Pen.​

Le Pen no niega los hechos. Justifica haber usado fondos europeos para pagar chóferes, asistentes personales y personal doméstico como una «diferencia administrativa» con Bruselas. El tribunal, en una sentencia de 152 páginas, ha señalado el «alto riesgo de reincidencia» como motivo para la inhabilitación inmediata, subrayando que ni ella ni los condenados han mostrado conciencia alguna de la ilegalidad de sus actos.​

La ultraderecha ha convocado movilizaciones para este fin de semana en todo el país, en un intento de presionar a la Justicia desde la calle. Su objetivo no es defender la legalidad, sino debilitarla para reforzar su narrativa de asedio. Es el guion de siempre: cuando no pueden dominar las reglas, denuncian que las reglas están trucadas.​

LA INHABILITACIÓN DIVIDE A LA CLASE POLÍTICA

La sentencia ha desatado un terremoto político, no solo por su contenido, sino por la reacción tibia de parte del arco parlamentario. Algunos sectores, incluso desde el Gobierno, han expresado más preocupación por la ejecución inmediata de la pena que por el delito que la motiva. El primer ministro François Bayrou ha sugerido que habría que «reflexionar» sobre la legalidad de la inhabilitación provisional. Bayrou se mostró «preocupado» por el veredicto, según informó ‘Le Parisien’.​

La derecha tradicional se mueve entre el silencio cómplice y el cálculo electoral. Le Pen, al presentarse como víctima, está ocupando el centro del tablero político sin ceder un milímetro en su discurso antidemocrático. Mientras tanto, su delfín, Jordan Bardella, gana terreno como eventual candidato en 2027, tal y como predicen ya varios sondeos. Bardella, de 29 años, es el nuevo rostro antiinmigración de la extrema derecha francesa, aunque algunos observadores señalan su juventud y falta de experiencia.​

La ley que permite esta inhabilitación provisional fue aprobada en 2016, tras el escándalo de Jérôme Cahuzac, ministro de Hacienda de Hollande que escondía cuentas en Suiza. Entonces, incluso Marine Le Pen la aplaudió. En 2013, pidió «inhabilitación de por vida para políticos corruptos». Hoy, cuando la ley se aplica a ella, denuncia un juicio político.​

El doble rasero es evidente. A su favor, cuenta con la confusión instalada por sectores de la izquierda como Jean-Luc Mélenchon, que ha criticado la sentencia al sostener que solo «el pueblo puede destituir a un cargo electo». Mélenchon ha argumentado que la sentencia contra Le Pen es una amenaza para la democracia.​

El Partido Socialista, los Ecologistas y el Partido Comunista han sido claros: esto no es un juicio político, sino una condena por corrupción. Y no cualquier corrupción: hablamos de malversar dinero público europeo durante años, para pagar favores personales y gastos del clan Le Pen. Negarlo no solo es un insulto a la inteligencia, sino un intento deliberado de socavar la legitimidad democrática.​

Lo que está en juego no es solo una candidatura, sino la capacidad del sistema para defenderse de quienes quieren destruirlo desde dentro. Y cuando quienes deberían estar defendiendo la ley se muestran más preocupados por las consecuencias electorales de aplicarla, el fascismo sonríe.