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La última opción del emérito es solicitar ese permiso a la Corte Civil de Apelaciones.
El juez del Tribunal Superior de Justica británico ha denegado al rey emérito Juan Carlos I el permiso para recurrir su inviolabilidad.
Este recurso se solicitó después de que el magistrado dictó el pasado 24 de marzo una sentencia en la que retiraba la inviolabilidad del ex monarca en la denuncia que le presentó Corinna Sayn-Wittgenstein por acoso, seguimiento ilegal y difamación.
No obstante, el exmonarca podrá pedir el permiso para recurrir ese dictamen directamente ante la Corte de Apelación.
En su demanda, Corinna acusa a Juan Carlos I de haberla sometido a acoso desde 2012 hasta el presente, personalmente o a través de “agentes” a su servicio.
Según Larsen, después del final de la relación entre ambos empezó a ser objeto de seguimientos y amenazas, con el uso de agentes del Estado para intimidar tanto a ella como a su familia. Este acoso, según la acusación, habría arrancado en 2012, dos años antes de la abdicación del rey.
La defensa del monarca en este caso, después de la demanda interpuesta por Larsen en julio de 2021, había intentado que esquivara el banquillo de los acusados usando la misma herramienta que le había salvado en España de una investigación todavía más amplia: la inmunidad que la Constitución reconoce al jefe del Estado.
Fue en diciembre de 2021 cuando la defensa del rey emérito apeló a su inmunidad para evitar el juicio, algo a lo que se opuso la representación de su antigua amante.
Estos son todos los delitos que la fiscalía atribuye al rey Juan Carlos pese al carpetazo en España
La fiscalía ya dio a conocer los dos decretos con los que se pone fin a las investigaciones realizadas a Juan Carlos I por el cobro de una supuesta comisión por la construcción del AVE a La Meca, por el uso de tarjetas opacas y por un fondo en el paraíso fiscal de Jersey.
Sin embargo, la investigación ha detectado algunos delitos y la fiscalía considera que sus indagaciones han permitido «recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas».
Fraude de Juan Carlos
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Esto se ha dilucidado a raíz de la indagación de la forma en la que se produjo la adjudicación, en octubre de 2011, de las obras de la segunda fase de la construcción del AVE a La Meca (Arabia Saudí) al consorcio Al-Shoula.
En este caso la fiscalía investigó una posible relación con el ingreso de 64.884.405 euros el 8 de agosto de 2008 por el entonces Rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación LUCUM de la que Juan Carlos I era titular.
Finalmente, en el 2012, el emérito transfirió todos los activos de LUCUM a la cuenta de Corinna como “donación irrevocable”. Todos estos movimientos se hicieron, siempre según la fiscalía sin declarar a Hacienda “las rentas y rendimientos obtenidos” desde el 2008 al 2012. Ni en el 2012 ni en años posteriores el emérito presentó declaración informativa de los bienes y derechos en el extranjero.
Tras archivar la causa existen dos hipótesis abiertas, o una donación u otro concepto de naturaleza desconocida.
Cohecho y blanqueo de capitales
«Se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado que Juan Carlos I desempeñaba en 2008 y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho».
Las operaciones que se hayan llevado a cabo tras el ingreso de 64.884.405 euros podrían encajar en un delito de blanqueo de capitales.
Finalmente la fiscalía apunta que estos hechos también habrían quedado en nada porque terminaron en 2012, cuando Juan Carlos era inviolable.
Regularizaciones
La fiscalía no ha podido establecer que haya una contraprestación por el importe total de 516.606,32 euros en transferencias efectuadas entre 2016 y 2019 por Allen de Jesús Sanginés Krause a Murga Mendoza «y de las que ha sido beneficiario directo o indirecto» Juan Carlos I.
Ahora bien, estos traspasos están sujetos al impuesto de sucesiones y donaciones y el 9 de diciembre de 2020 el rey emérito presentó ante la Agencia Tributaria 556.412,50 euros y los correspondientes recargos e intereses de demora.
Esto es algo que el rey emérito regularizó en febrero de 2021 con autoliquidaciones complementarias por el IRPF correspondientes a los ejercicios 2014 a 2018 de un total de 4.416.757,46 euros.
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