18 Ago 2022
DESTACADA, POLÍTICA ESTATAL

Juez da carpetazo al caso contra Colau por las subvenciones al descartar irregularidades 

El magistrado da carpetazo el caso contra la alcaldesa de Barcelona iniciado a partir de la denuncia de una asociación fantasma: “En ninguno de los expedientes se detecta irregularidad alguna”.

El juez ha archivado la causa contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por las subvenciones a entidades sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Observatorio Desc al descartar delito alguno en las ayudas.

El instructor toma la decisión de acuerdo con la Fiscalía. En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez Ignacio Sánchez concluye que “no ha existido conducta ilícita alguna atribuible” a la alcaldesa.

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Colau, agrega el instructor, “no dictó resolución de ningún tipo” que pueda encajar en un delito de prevaricación en relación a las subvenciones, por lo que en consecuencia “decae toda la construcción inculpatoria” contra la líder de los comuns.

Tampoco consta que Colau “diera instrucciones o indicación alguna” para otorgar las ayudas, tal y como viene defendiendo desde el inicio del caso la defensa de la alcaldesa. “En ninguno de los expedientes se detecta irregularidad alguna”, apostilla el magistrado.

“Todo el acervo documental constata la ausencia de irregularidades y la corrección en la tramitación administrativa de los expedientes de subvención”, remarcaron.

En su escrito el fiscal se remitió a su decreto de archivo del pasado mes de julio para concluir que no hay indicios de delito contra la alcaldesa, puesto que delegó su competencia en materia de concesión de subvenciones y no tuvo “ninguna” intervención en los expedientes investigados. Para Anticorrupción, de los expedientes sobre las subvenciones otorgadas entre los años 2016 y 2019 se desprende que el Observatorio Desc, la PAH o Ingenieros sin Fronteras “no se beneficiaron específicamente de un trato de favor especial”.

“Sus subvenciones se tramitaron igual que las destinadas a cientos de entidades, a través de un procedimiento –discutible o no– que parecía ser el utilizado con habitual frecuencia por parte del consistorio”, concluyó el fiscal, lo que, a su juicio, “excluye la arbitrariedad” en las concesiones.