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Hace ahora algo más de un año nos enterábamos de que el Ayuntamiento de Jaén comenzaba la preparación de un expediente técnico y administrativo para optar a que se ubicara en la provincia, y más concretamente en la capital, el denominado Plan COLCE (Plan de Concentración de los Órganos Logísticos Centrales del Ejército). Según se supo desde un principio, era un viejo proyecto que guardaba el Ministerio de Defensa desde hacía muchos años, pero que la anterior crisis –la Gran Recesión de 2008– había impedido desarrollar.
La candidatura de Jaén, trabajada durante más de un año, gozaba de solvencia técnica, al haber contado con el asesoramiento del propio Ejército de Tierra; tenía prevista la financiación requerida y los terrenos óptimos para la implantación de este centro logístico; además, había concitado un apoyo prácticamente unánime de la sociedad jiennense (Ayuntamiento de la capital –votaron favorablemente todos los grupos políticos–, Diputación Provincial, Junta de Andalucía –con el apoyo explícito del Parlamento autonómico, mediante votación plenaria–, Universidad de Jaén, Consejo Económico y Social –provincial y local–, Confederación de Empresarios, sindicatos e infinidad de asociaciones, colegios profesionales, entidades culturales y de la ciudadanía en su conjunto.
¿Por qué suscitaba tan unánime apoyo el proyecto? ¿Cómo era que en una ciudad y en una provincia, como la de Jaén, en la que el enfrentamiento y la disputa política –como en el resto de España– venía siendo la tónica general, el Plan COLCE levanta este impulso colectivo?
Las respuestas las encontramos, por una parte, en las cifras del propio proyecto: 1 600 puestos de trabajo directos y hasta 3 000 incluyendo el empleo indirecto, 351 millones de euros de inversión inicial, 500 millones de euros de movimiento anual de la base logística, relaciones con más de 1 400 empresas proveedoras y una inversión de 5 millones de euros en I+D+i, según prevé el propio expediente del Ayuntamiento de Jaén; por otra parte, era esta una inversión que venía a un territorio muy “castigado” históricamente, con una de las tasas de paro más elevadas de España, ocupando secularmente uno de los últimos lugares del ránking de renta per cápita de las provincias españolas y con un proceso de despoblación progresiva en amplias áreas de su territorio.
Tras un año de trabajo y de ilusiones, parecía que en la disputa por hacerse con el centro logístico, tras haber descartado a otras varias ciudades que optaban al mismo, solo permanecían Jaén y Toledo, así como que –según declaraciones del propio alcalde de la ciudad– desde la Secretaría de Estado de Defensa se felicitó al ayuntamiento por el riguroso trabajo presentado y que, con toda probabilidad, sería Jaén quien albergaría tal infraestructura.
Sin embargo, durante la primera semana de febrero nos enteramos a través de las redes sociales de que el Plan COLCE había sido concedido a Córdoba, competencia con la que casi ni se contaba.
Lo más grave del asunto es que la noticia llega mediante un tweet de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el que comunica que el Plan COLCE va a su tierra –Córdoba–. La falta de transparencia y el “amiguismo”, y no los criterios técnicos y económicos, habían decidido la adjudicación de la infraestructura. Todo esto explica la gran contestación social que Jaén está protagonizando durante las últimas semanas.
El problema de fondo es que en Jaén, como se suele decir, “vuelve a llover sobre mojado”. En efecto, la provincia y su capital han sido “ninguneadas” una vez más, como lo fueron en el diseño de la Alta Velocidad Española (AVE) y en tantos otros proyectos. Todo ello en una provincia con un gran atraso secular. Veamos, a este respecto, algunos datos concretos:
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Entre 2007 y 2019 Jaén pasó de tener 664 742 habitantes a 633 564, es decir, una pérdida de más de 31 000 residentes, mientras que Andalucía incrementaba su población en 400 000 personas y España en 2 millones, durante el mismo periodo.
Además, Jaén pierde población porque el crecimiento vegetativo viene siendo negativo desde 2015 y porque el saldo migratorio es igualmente desfavorable, es decir, se van más de los que llegan. En suma, Jaén no es capaz de retener a su población autóctona ni de atraer a población foránea.
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Jaén, prácticamente de forma permanente, viene ocupando los últimos lugares del ránking provincial de renta pér cápita.
Así, con cifras de 2018 –las últimas publicadas–, la renta disponible media era en Jaén de 17 005 €/habitante, mientras que la media andaluza se situaba en 19 306 y la española en 22 634 €/habitante (se trata de rentas declaradas en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, calculándose mediante el cociente “rentas brutas/nº de declaraciones”).
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Jaén es, asimismo, una de las provincias con mayor nivel de paro de España. En concreto, en 2020 la tasa de desempleo fue del 24% de la población activa, mientras que en Andalucía la media se situó en el 22,3% y en España en el 15,5%. En suma, la tasa de paro de Jaén es casi 9 puntos porcentuales superior a la media del país. Además, el mercado de trabajo adolece de una fuerte temporalidad (el 97,75 por 100 de los contratos celebrados en 2020 tuvieron este carácter) y una acentuada estacionalidad (mayor ocupación en los meses de recogida de la aceituna y elaboración del aceite de oliva, es decir, de diciembre a febrero, principalmente).
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En una provincia con fuertes déficits de infraestructuras, la inversión en obra pública es muy inferior a la que se lleva a cabo por las diferentes administraciones públicas en el resto del país. En 2020, según SEOPAN, la inversión en obra pública –estatal, autonómica y local– fue de 146 €/habitante, cifra que se elevó a 239 en Andalucía y hasta los 297 €/habitante en España.
Ahora bien, Jaén es una provincia muy extensa, por lo que si esta ratio la construimos con relación a la superficie, las cifras son todavía más esclarecedoras: en Jaén se invirtieron 6 840 €/Km² , en Andalucía 23 140 y en España 27 900, es decir, la inversión en obra civil y en edificaciones públicas fue en esta provincia apenas el 30 por 100 de la media andaluza y el 25 por 100 de la nacional. Desde luego en Jaén no ha habido una discriminación positiva, sino todo lo contrario, a pesar del evidente atraso relativo.
Seguramente el Plan COLCE será definitivamente adjudicado a Córdoba y, a pesar de las movilizaciones ciudadanas y posicionamientos políticos, la decisión no tenga marcha atrás.
Ahora bien, este sí sería un momento más que adecuado para que esta provincia reivindicara un trato más equitativo y redistributivo por parte de las administraciones públicas y en el ámbito de las infraestructuras, por ejemplo, se pudiera contar con una línea ferroviaria de altas prestaciones Jaén-Córdoba, que uniera Jaén con el AVE; se mejoraran los actuales servicios ferroviarios que se prestan hacia Madrid y hacia Córdoba-Sevilla, tanto en tiempo como en horarios; se concluyera la Autovía A-3, Bailén-Albacete, que permita conectar con Levante; así como que se avanzara en la construcción de la A-316, la denominada Autovía del Olivar (Úbeda-Estepa); se impulsara la mejora de las infraestructuras de banda ancha y de la cobertura de telefonía móvil, todavía muy deficientes en determinadas áreas de la provincia; se construyera definitivamente un centro logístico en el norte de la provincia, que permitiera rentabilizar su estratégica posición geográfica. Podríamos continuar con una larga lista de proyectos pendientes, no solo en el campo de las infraestructuras, sino también en el medio ambiente, en las tecnologías, el olivar, el turismo, la cultura, la sanidad o la educación.
Quizás habrá que aprovechar la pérdida de esta inversión tan anhelada, como era el Plan COLCE, y reivindicar hasta conseguir un trato favorable de las diferentes administraciones que permita sentar las bases para un mayor desarrollo futuro de la provincia, haciéndola atractiva para la inversión privada que es la que, finalmente, crea empleo, un bien escaso en esta tierra.
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Antonio Martín Mesa does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
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