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El Ejército de Modi bombardea territorio paquistaní tras un atentado en Cachemira y causa víctimas civiles. La respuesta no busca justicia, sino alimentar una maquinaria militarista peligrosa.
27 de abril, medianoche. Las montañas de Muzaffarabad retumban con explosiones. India lanza misiles sobre territorio de Pakistán, según ha confirmado el propio Ejército indio, en lo que denominan cínicamente “Operación Sindoor”. Aseguran que sus ataques han sido “precisos”, “contenidos” y “no escalatorios”. Pero hay un niño muerto, dos personas heridas y varias zonas residenciales sin electricidad. La guerra nunca es quirúrgica, solo la propaganda lo es.
India dice haber atacado nueve “infraestructuras terroristas” en zonas bajo administración paquistaní. Pero los misiles han caído en Kotli, Bahawalpur y Muzaffarabad, lugares habitados por población civil. El comunicado oficial remata el cinismo con un mensaje en redes: “Se ha hecho justicia” y “Jai Hind”. Justicia de misil, justicia patriótica, justicia de venganza. Una justicia sin jueces, sin pruebas, sin derecho a réplica. Una justicia armada que reemplaza el derecho internacional por la ley del más fuerte.
Según el Ejército de Pakistán, los misiles fueron disparados desde el espacio aéreo indio. Su Fuerza Aérea respondió activando defensas antiaéreas. Las autoridades de Islamabad prometen represalias en “el momento y lugar adecuados”. La retórica bélica escala, y con ella, el riesgo de una guerra abierta entre dos potencias nucleares.
CACHEMIRA COMO BOTÍN Y EXCUSA
Todo esto tiene como detonante el ataque del pasado 22 de abril en Pahalgam, en el que 26 personas murieron cuando hombres armados abrieron fuego contra turistas. Un crimen atroz, sin duda. Pero la respuesta india no ha sido una investigación internacional, ni cooperación judicial, ni protección de la población local. Ha sido lanzar misiles.
Cachemira lleva en guerra desde 1947. Más de 70 años de ocupación, revueltas, represión, islamofobia institucionalizada y violencia estructural. Desde 1989, la región ha vivido una insurgencia que ha costado la vida a decenas de miles de personas. Y mientras tanto, los gobiernos indios —tanto del Congreso como del BJP— han usado la represión como estrategia electoral.
El primer ministro Narendra Modi, líder del ultranacionalista BJP, no solo endurece su retórica sino que la convierte en doctrina de Estado. Bajo su mandato, India ha retirado el estatus especial de Jammu y Cachemira, ha militarizado aún más la región y ha perseguido a activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos. ¿Cómo puede hablar de terrorismo quien siembra el miedo con uniformes?
La prensa internacional reproduce el discurso oficial sin contrastar las víctimas civiles. Solo Dawn, ARY News y PTV News informan del niño asesinado por los misiles. Un niño que no organizó el atentado del 22 de abril. Un niño que no tenía ejército, ni objetivos, ni fronteras. Solo un hogar reducido a escombros. La llamada justicia de Modi se construye sobre tumbas pequeñas.
India, en lugar de actuar con contención, ha optado por escalar un conflicto histórico con retórica de guerra y símbolos nacionalistas. Y Pakistán, lejos de actuar como dique, responde con amenazas de represalias. Entre ambos, una población civil atrapada. Una generación más condenada al miedo.
La región más militarizada del mundo, con dos potencias nucleares enfrentadas, y el mundo mirando hacia otro lado. Ni la ONU, ni la comunidad internacional, ni los gobiernos europeos han reaccionado con contundencia ante esta nueva agresión. ¿Dónde están los llamamientos al alto el fuego? ¿Dónde está la diplomacia preventiva? ¿Dónde están las sanciones por bombardear civiles?
India no ha atacado el terrorismo. Ha atacado un país. Ha matado a un niño. Y lo ha celebrado con hashtags patrióticos. Esa es la verdadera dimensión de esta operación.
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