El Ejército de Modi bombardea territorio paquistaní tras un atentado en Cachemira y causa víctimas civiles. La respuesta no busca justicia, sino alimentar una maquinaria militarista peligrosa.
27 de abril, medianoche. Las montañas de Muzaffarabad retumban con explosiones. India lanza misiles sobre territorio de Pakistán, según ha confirmado el propio Ejército indio, en lo que denominan cínicamente “Operación Sindoor”. Aseguran que sus ataques han sido “precisos”, “contenidos” y “no escalatorios”. Pero hay un niño muerto, dos personas heridas y varias zonas residenciales sin electricidad. La guerra nunca es quirúrgica, solo la propaganda lo es.
India dice haber atacado nueve “infraestructuras terroristas” en zonas bajo administración paquistaní. Pero los misiles han caído en Kotli, Bahawalpur y Muzaffarabad, lugares habitados por población civil. El comunicado oficial remata el cinismo con un mensaje en redes: “Se ha hecho justicia” y “Jai Hind”. Justicia de misil, justicia patriótica, justicia de venganza. Una justicia sin jueces, sin pruebas, sin derecho a réplica. Una justicia armada que reemplaza el derecho internacional por la ley del más fuerte.
Según el Ejército de Pakistán, los misiles fueron disparados desde el espacio aéreo indio. Su Fuerza Aérea respondió activando defensas antiaéreas. Las autoridades de Islamabad prometen represalias en “el momento y lugar adecuados”. La retórica bélica escala, y con ella, el riesgo de una guerra abierta entre dos potencias nucleares.
CACHEMIRA COMO BOTÍN Y EXCUSA
Todo esto tiene como detonante el ataque del pasado 22 de abril en Pahalgam, en el que 26 personas murieron cuando hombres armados abrieron fuego contra turistas. Un crimen atroz, sin duda. Pero la respuesta india no ha sido una investigación internacional, ni cooperación judicial, ni protección de la población local. Ha sido lanzar misiles.
Cachemira lleva en guerra desde 1947. Más de 70 años de ocupación, revueltas, represión, islamofobia institucionalizada y violencia estructural. Desde 1989, la región ha vivido una insurgencia que ha costado la vida a decenas de miles de personas. Y mientras tanto, los gobiernos indios —tanto del Congreso como del BJP— han usado la represión como estrategia electoral.
El primer ministro Narendra Modi, líder del ultranacionalista BJP, no solo endurece su retórica sino que la convierte en doctrina de Estado. Bajo su mandato, India ha retirado el estatus especial de Jammu y Cachemira, ha militarizado aún más la región y ha perseguido a activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos. ¿Cómo puede hablar de terrorismo quien siembra el miedo con uniformes?
La prensa internacional reproduce el discurso oficial sin contrastar las víctimas civiles. Solo Dawn, ARY News y PTV News informan del niño asesinado por los misiles. Un niño que no organizó el atentado del 22 de abril. Un niño que no tenía ejército, ni objetivos, ni fronteras. Solo un hogar reducido a escombros. La llamada justicia de Modi se construye sobre tumbas pequeñas.
India, en lugar de actuar con contención, ha optado por escalar un conflicto histórico con retórica de guerra y símbolos nacionalistas. Y Pakistán, lejos de actuar como dique, responde con amenazas de represalias. Entre ambos, una población civil atrapada. Una generación más condenada al miedo.
La región más militarizada del mundo, con dos potencias nucleares enfrentadas, y el mundo mirando hacia otro lado. Ni la ONU, ni la comunidad internacional, ni los gobiernos europeos han reaccionado con contundencia ante esta nueva agresión. ¿Dónde están los llamamientos al alto el fuego? ¿Dónde está la diplomacia preventiva? ¿Dónde están las sanciones por bombardear civiles?
India no ha atacado el terrorismo. Ha atacado un país. Ha matado a un niño. Y lo ha celebrado con hashtags patrióticos. Esa es la verdadera dimensión de esta operación.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
Durante años nos hablaron de la economía de la atención. Ahora, las grandes empresas tecnológicas han dado un paso más allá para monetizar algo mucho más íntimo: nuestro apego emocional. Desde dispositivos…
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Durante las últimas semanas hemos ido desgranando las figuras que convirtieron a la «PayPal Mafia» en una de las redes de poder e influencia más determinantes del planeta a través de los…