07 Jul 2022
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El Gobierno de Ayuso, condenado a pagar 30 millones por la reducción de camas ordenada por Aguirre en el Puerta de Hierro 

La justicia ha condenado este jueves al Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso por la reducción de 135 camas que llevó a cabo su predecesora entre 2003 y 2012, Esperanza Aguirre.

El País ha informado de que la justicia a condenado este jueves al Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso por la reducción de 135 camas que llevó a cabo su predecesora entre 2003 y 2012, Esperanza Aguirre, en el Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda.

El criterio que siguió el Ejecutivo de la expresidenta madrileña para reducir estas camas del hospital fue el de convertir habitaciones para dos pacientes en habitaciones individuales.

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Sin embargo, la Comunidad siguió pagando más de un millón de euros al año durante casi una década a la empresa adjudicada. Esto dejó de ser así a partir del año 2013, con los Ejecutivo de Ignacio González y Cristina Cifuentes.

Así lo explica, según recoge El País, el portavoz del ejecutivo regional: «Según la sentencia, la Comunidad debe pagar 29.705.262,20 euros por la decisión del Gobierno regional, en su momento, de hacer habitaciones individuales en lugar de dobles como contemplaba el primer proyecto».

De la cantidad fijada, 11.385.672,09 euros ya fueron abonados el pasado mes de diciembre por los pagos atrasados entre 2013 y 2021. 18.319.590,11 euros irán siendo pagados conforme se vaya agotando la concesión del servicio, hasta el año 2035.

El País también adelanta las razones por las que el gobierno regional se ha visto obligado a pagar un servicio que no llegó a darse: «La adjudicataria del hospital recurrió ante la justicia contra la resolución del viceconsejero de Sanidad de Cifuentes, que ponía en marcha el doble planteamiento de recuperar el dinero pagado y dejar de pagar por las 135 camas fantasma, alterando el coste económico de la concesión en favor de la Comunidad».  

InfoLibre recuerda que la Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado mes de diciembre al Juzgado de Instrucción Número 53 de Madrid que no cerrase la investigación por este mismo caso a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre por presuntos delitos de prevaricación y malversación.