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Fondos de recuperación por la covid-19: cambiar la Administración para cambiar España
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Fondos de recuperación por la covid-19: cambiar la Administración para cambiar España 

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Shutterstock / DesignRage

El Real Decreto-ley 36/2020 aprobado en los últimos días del año que cambió nuestras vidas es la primera de las normas que deben servir para hacer de España un país distinto al que conocíamos antes del inicio de la pandemia. Su fin es modernizar la Administración y garantizar una ejecución adecuada del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se trata, en definitiva, de dar un uso adecuado a los esperados fondos del Instrumento Europeo de Recuperación (en los que se basa este plan) para paliar la crisis y maximizar el beneficio económico y social que pueden generar.

Hablamos, en definitiva, de la norma que sirve como continente de la vacuna económica. Su propósito es movilizar los recursos, orientarlos a los fines adecuados e implicar a todos los actores, públicos y privados, para cumplir los objetivos establecidos.

Como las de Pfizer o Moderna, esta vacuna debe administrarse sin dilación siguiendo el plan establecido y en paralelo a las vacunas sanitarias. Las dosis, como en el caso de las anteriores, también irán llegando gradualmente, aunque esperemos que no a cuentagotas.

Hacia un país más fuerte

El propósito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no es volver al pasado, sino sentar las bases de un país distinto.

Aunque la Administración sea el cauce para impulsar el plan, el ambicioso objetivo que persigue solo puede conseguirse con la colaboración de todos. De hecho, persigue que determinados sectores –aquellos con una mayor capacidad de transformación– aumenten significativamente su peso ponderado dentro de la economía. En definitiva: se trata de conseguir, por fin, un país más fuerte de cara al futuro.

Por eso se estructura en torno a diez “políticas tractoras”: La agenda urbana y rural; la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura; las infraestructuras y ecosistemas resilientes; la transición energética justa e inclusiva; la Administración del siglo XXI (incluyendo la modernización del sistema de justicia); la modernización y digitalización de las empresas; el pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del sistema nacional de salud, la educación, el conocimiento; la formación continua y el desarrollo de capacidades, el impulso a una nueva economía de los cuidados y política de empleo; el desarrollo de la cultura y el deporte; y la modernización del sistema fiscal, con más progresividad y redistribución de recursos.

Para materializar el cambio, la norma impulsa la colaboración público-privada con el objeto de impulsar y consolidar la recuperación del empleo perdido, la competitividad y el crecimiento económico, en buena medida a través de una nueva figura, la de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica o PERTES, definidos como proyectos con “potencial de arrastre”, que deben sumar a administraciones, empresas y centros de investigación.

De esta manera se pretende aunar en un solo instrumento lo público, lo privado y la capacidad de investigación, por lo que las Universidades están también llamadas a tener un papel decisivo.

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Shutterstock / DesignRage

Cambiarnos para cambiar el mundo

Leon Tolstoi dejó escrito: “Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”. Llegado el momento en el que el cambio deja de ser una opción, las reflexiones que esta frase puede suscitar cobran más sentido que nunca.

Por eso, una de las finalidades perseguidas por el plan es modernizar la Administración. Garantizar, en definitiva, que el cauce a partir del cual se distribuyen las ayudas europeas, sanando la economía y modernizando el país, permita un reparto ágil y eficaz y una conexión adecuada con sus necesarios protagonistas.

De hecho, una parte importante del Real-Decreto Ley está dedicada a modificar otras normas que ya están en vigor y que afectan de lleno al funcionamiento diario de la Administración en aspectos tan relevantes como el de la duración de los procedimientos, el régimen de los empleados públicos, la contratación pública o la tramitación de las subvenciones.

Las medidas a las que hace referencia la normativa se circunscriben a las actuaciones que la administración debe desarrollar para dar cumplimiento al plan, pero también pueden ser el fundamento de una Administración mejor para el futuro.

Muchas de estas previsiones deberían, con los necesarios cambios que la práctica dejará en evidencia, pasar a formar parte de la realidad cotidiana del Estado, de las Comunidades Autónomas o de los Ayuntamientos.

Agilizar los trámites administrativos

De hecho, el Real Decreto-Ley habla de la necesidad de acortar el plazo de duración de los procedimientos administrativos (que tanto perjudica a los ciudadanos en el día a día), de fomentar la compra centralizada y la profesionalización de las licitaciones públicas (para conseguir comprar productos de la mayor calidad y al menor precio posible), de incrementar las facilidades para acceder a las subvenciones (evitando desincentivar a quien las necesita) o de identificar y premiar el talento de aquellos empleados públicos que destaquen en la consecución de los objetivos marcados. Se trata de asignaturas, en buena medida, aún pendientes dentro de la Administración española.

Esto no significa que el Real Decreto-Ley no sea mejorable. Lo es, y mucho. No solo porque formula propuestas acotadas en el tiempo que, en algunos aspectos son poco ambiciosas –como el del fomento de la fiscalización y el control a través de la creación de un portal web único que sigue previéndose en la Exposición de motivos pero se retiró del articulado–.

Una Administración ágil demanda que toda burocracia sea justificada, mientras el Real Decreto-Ley crea una Comisión con el mismo nombre del Plan plagada de altos cargos con la principal función de “mantener informado de modo directo y continuo al Presidente del Gobierno”. En un contexto como este, la vocación declarada en la Exposición de motivos de la norma por transformar la Administración modernizando su gestión puede quedar en entredicho.

El golpe de realidad que hemos vivido durante la pandemia nos ha enseñado que no podemos permitirnos una Administración lenta, ineficaz e ineficiente. Salir de la crisis sanitaria y económica con un país más fuerte para hacer frente a nuevas adversidades vuelve a constatar esa realidad.


_El autor es coordinador y coautor de la obra “Modernización de la Administración pública para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia Comentarios de urgencia al Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre.”.


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Juan José Rastrollo Suárez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

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