La Fiscalía solicita al Supremo que impute a Alvise por difamación contra un diputado del PSOE 

El agitador de extrema derecha enfrenta múltiples acusaciones de difamación, amenazas y financiación ilegal.

Luis ‘Alvise’ Pérez, conocido por sus constantes bulos y campañas de desinformación, ha llevado su estrategia de manipulación al Parlamento Europeo. Ahora, la Fiscalía pide al Supremo que lo investigue por difamar sin pruebas al diputado socialista Javier Alfonso Cendón, vinculándolo con el ‘caso Mediador’. Un caso que, aunque envuelve a varios políticos, no menciona ni relaciona a Cendón. Sin embargo, en el canal de Telegram de Alvise, con más de 700.000 seguidores, la verdad importa poco.

En sus mensajes, Pérez no solo difamó, sino que creó un clima de hostigamiento: sus seguidores amenazaron al dirigente socialista, llegando a insultarle con expresiones homófobas y violentas. Estas estrategias de descrédito, especialmente contra figuras políticas de la izquierda, no son nuevas en el arsenal de Alvise. Utiliza la desinformación como un arma política para erosionar la credibilidad de sus adversarios, particularmente en periodos electorales.

La denuncia presentada por Cendón no es un caso aislado. El modus operandi de Alvise—crear bulos virales y esquivar responsabilidades legales aprovechando su aforamiento como eurodiputado—revela la conexión entre la impunidad y la extrema derecha en las instituciones democráticas. No solo se limita a atacar a personas concretas; su narrativa se inserta en una estrategia más amplia de deslegitimación del sistema político, promoviendo ideas conspiranoicas que encuentran eco en el descontento ciudadano.

A esto se suma una habilidad destacable para evitar rendir cuentas. Según la Fiscalía, localizar a Pérez para notificarle denuncias ha sido casi imposible, recurriendo incluso a intervenciones de la Guardia Civil en situaciones tan pintorescas como su estancia en una casa rural junto al ‘Pequeño Nicolás’.

EL DINERO QUE ALIMENTA LA EXTREMA DERECHA

Otro frente de Alvise es su financiación. La Audiencia Nacional ya ha identificado indicios sólidos de financiación ilegal en su plataforma electoral, ‘Se Acabó La Fiesta’. Poco antes de las elecciones europeas, Pérez recibió 100.000 euros en efectivo de un empresario del sector de las criptomonedas, prometiéndole legislar a su favor si obtenía un puesto de poder. Este tipo de acuerdos, en los que el dinero y la promesa de influencias se cruzan, son la base de un sistema corrupto que Pérez afirma combatir.

La paradoja no podría ser más evidente: quien se autoproclama como el azote del “sistema putrefacto” es, según los indicios judiciales, un engranaje más de ese mismo sistema que denuncia. Esto se enmarca en un modelo importado de otros movimientos ultras europeos, que utilizan las instituciones democráticas para obtener recursos y poder, mientras atacan su legitimidad.

El caso de Alvise pone de manifiesto la facilidad con la que figuras de extrema derecha pueden acceder a recursos para impulsar sus campañas. Su presencia en redes sociales y en el Parlamento Europeo le ha permitido crear una narrativa en la que se presenta como un mártir acosado por el “sistema”. Mientras tanto, utiliza sus plataformas para recabar aportaciones económicas de seguidores convencidos de que están financiando una revolución contra las élites.

Pero la financiación ilegal no es su único escándalo. La condena en firme por difamar a la periodista Ana Pastor, las imputaciones por amenazas a una jueza y la difusión de falsos resultados de una prueba PCR del entonces ministro Salvador Illa muestran un patrón reiterado de manipulación, ataque personal y desprecio por la verdad.

Alvise Pérez no actúa en solitario. Sus bulos y campañas forman parte de una maquinaria bien engrasada que mezcla intereses económicos y políticos para consolidar un proyecto de extrema derecha en Europa. En este contexto, su figura es un recordatorio de que la mentira tiene un precio, pero ese precio lo pagan las instituciones democráticas y, en última instancia, la ciudadanía.