Feijóo vuelve a Galiza: tendrá que explicar en una comisión de investigación los contratos de la Xunta con sus familiares 

Cada euro que se gestiona sin transparencia es un euro robado a las y los contribuyentes. La política debería estar al servicio de la ciudadanía, no de unos pocos privilegiados.

EN 3 CLAVES:

1. Sobrecoste millonario: La construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo supuso un sobrecoste de 470 millones de euros, según el informe del Consello de Contas, debido a la mala gestión del contrato público-privado.
2. Contratos familiares: Empresas vinculadas a familiares de Feijóo, como su cuñado y su hermana, recibieron contratos sin concurso público por un valor superior a 5 millones de euros.
3. Comisión de investigación: El BNG ha forzado una comisión de investigación en el Parlamento gallego para esclarecer las irregularidades en los contratos durante el mandato de Feijóo.

Alberto Núñez Feijóo, quien una vez fue el rostro del Partido Popular en Galicia y ahora aspira a liderar el país, se enfrenta a la sombra de un escándalo que cuestiona la transparencia de su gestión como presidente de la Xunta. Los contratos irregulares, los sobrecostes millonarios y las relaciones familiares entrelazadas en el tejido empresarial gallego han puesto en jaque la credibilidad del líder del PP, quien tendrá que comparecer en una comisión de investigación para explicar las actuaciones de su gobierno.

La política está podrida por los mismos vicios de siempre: falta de transparencia y corrupción en los altos cargos. En este caso, la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, bajo un contrato de colaboración público-privada durante el mandato de Feijóo, ha destapado una gestión pública que priorizó los intereses de unos pocos sobre el bienestar común. Según el informe del Consello de Contas, el contrato pudo haber sido más eficiente si se hubiera licitado por separado la obra y los servicios del hospital, lo que habría ahorrado a las y los gallegos la friolera de 470 millones de euros. Un “error” que parece más una estrategia para beneficiar a empresas amigas, algunas de las cuales están vinculadas a la familia de Feijóo.

La opacidad con la que la Xunta gestionó miles de contratos ha provocado una oleada de indignación. Entre estos, destaca la relación con la empresa de su cuñado, que recibió más de 200.000 euros en adjudicaciones sin concurso público. Este es el tipo de redes clientelares que han llevado a una erosión de la confianza en las instituciones. ¿Cómo es posible que un gobierno gestione millones de euros de fondos públicos de manera tan opaca? Cuando las y los ciudadanos sienten que el sistema no es justo, la democracia se debilita.

LA RELACIÓN ENTRE FEIJÓO Y LAS EMPRESAS FAMILIARES

Los vínculos familiares y empresariales de Feijóo no son nuevos. Desde que asumió la presidencia de la Xunta, se han sucedido las sospechas sobre contratos a dedo y adjudicaciones millonarias a empresas afines al Partido Popular o directamente relacionadas con su círculo familiar. El caso más evidente es el de Eulen, una empresa que obtuvo contratos millonarios de la Xunta y que está vinculada a la familia del líder del PP. La falta de transparencia en estos acuerdos sugiere que se han priorizado intereses personales por encima de los públicos.

Estos casos no son aislados. Feijóo ha sido señalado en diversas ocasiones por permitir que empresas familiares y allegadas eludan los procesos de licitación pública. Un ejemplo claro es el de la empresa de su hermana, que, según ha desvelado una investigación, evitó los concursos públicos en más de 1.300 contratos con la Xunta, sumando un total de cinco millones de euros. Este tipo de prácticas no solo socavan la confianza de las y los gallegos en sus líderes políticos, sino que también ponen en tela de juicio el sistema de contratación pública.

Ana Pontón, líder del BNG, ha tomado cartas en el asunto y ha sido clave para forzar la única comisión de investigación que se puede convocar unilateralmente en toda la legislatura. La estrategia del BNG es clara: poner bajo los focos las irregularidades cometidas durante los años de mandato de Feijóo y su estrecha relación con las empresas vinculadas a su familia. Pontón ha exigido que el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no bloquee las comparecencias ni la entrega de documentación, algo que, si ocurre, dejaría aún más en evidencia al Partido Popular.

LOS SOBRECOSTES Y EL COSTE POLÍTICO

El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo no solo es el epicentro de los sobrecostes millonarios que hoy salpican a Feijóo, sino que también se ha convertido en un símbolo de la mala gestión de los recursos públicos. Las cifras son desoladoras: 470 millones de euros que podrían haber sido destinados a mejorar la sanidad pública, contratar más personal médico, o construir nuevos centros de salud, se han desviado a sobrecostes y contratos opacos. La gestión de la sanidad pública no puede estar sujeta a los caprichos de un líder político ni a las conexiones familiares.

Los datos son demoledores: según el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, con esos 470 millones de euros se podrían haber contratado 500 médicos o médicas y pagado sus salarios durante años, o bien haber construido 20 nuevos centros de salud en toda Galicia. La irresponsabilidad con la que Feijóo gestionó este contrato no solo supuso un golpe a las arcas públicas, sino también a la calidad de los servicios sanitarios que reciben las y los gallegos.

El PP, sin embargo, ha intentado esquivar las críticas. Alfonso Rueda ha defendido la decisión de adjudicar la construcción del hospital bajo ese contrato público-privado, recordando que fue una de las opciones evaluadas por el anterior gobierno bipartito del PSdeG y BNG. Sin embargo, los hechos hablan por sí solos: hubo sobrecostes, y el contrato no fue gestionado con la transparencia que los y las ciudadanas merecen. La negativa del PP a admitir los errores solo pone más en evidencia su incapacidad para gestionar de manera responsable los recursos públicos.

La política no puede seguir siendo un terreno en el que las relaciones familiares y empresariales dicten el destino del dinero público. Cada euro que se gestiona sin transparencia es un euro robado a las y los contribuyentes. La política debería estar al servicio de la ciudadanía, no de unos pocos privilegiados.