España sigue sin garantizar plenamente los derechos trans e intersex 

El Consejo de Europa reconoce avances, pero alerta de la desigualdad territorial y del auge del discurso de odio

ATENCIÓN MÉDICA Y DERECHOS: LO QUE SIGUE SIN CUMPLIRSE

España se vende en Europa como un país respetuoso con los derechos LGTBIQ+, y en parte lo es. Ocupa el quinto puesto en el Rainbow Map elaborado por ILGA, un ranking que mide el grado de protección legal en el continente. Pero los reconocimientos en papel no siempre se traducen en realidades tangibles. El Consejo de Europa, a través de su Comisión contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), ha publicado su quinto informe sobre España y lanza un mensaje inequívoco: los derechos de las personas trans e intersex no están garantizados en la práctica, y los discursos de odio siguen creciendo.

El texto recuerda los avances legislativos —la Ley Zerolo (2017) y la Ley Trans (4/2023)—, pero advierte que el acceso a la atención médica de afirmación de género continúa siendo desigual, lento y en muchos casos inaccesible según el territorio. En teoría, la ley garantiza la asistencia sanitaria en todo el Estado. En la práctica, los gobiernos autonómicos conservadores han bloqueado o vaciado de contenido los protocolos. En comunidades como Valencia o Castilla y León, los retrocesos son evidentes: normas que recortan derechos LGTBI+ o eliminan programas de sensibilización se aprueban con la misma ligereza con la que se recortan presupuestos sociales.

El Consejo insta a España a “intensificar sus esfuerzos” para que las personas trans puedan acceder “de forma segura, asequible y oportuna” a los tratamientos necesarios. No es un capricho burocrático, sino un asunto de salud y de dignidad. Los retrasos en diagnósticos, la falta de personal formado y la patologización encubierta en muchos hospitales públicos siguen vulnerando derechos humanos básicos.

La ECRI también dedica atención a las personas intersex, un grupo históricamente silenciado. Exige que todas las comunidades autónomas cuenten con protocolos de atención sanitaria que respeten la integridad física y la diversidad corporal, y que los y las profesionales sanitarios reciban formación específica. Lo que pide el Consejo no es una innovación radical: es que España cumpla lo que ya está escrito.

El dato es demoledor. Según la Federación Estatal LGTBI+, cuatro de cada diez personas intersex en España han sufrido agresiones físicas o sexuales en los últimos cinco años. Una cifra intolerable que revela la distancia entre el discurso institucional y la realidad cotidiana.

EL ODIO SE INSTALA EN LA POLÍTICA Y EN LA CALLE

El informe del Consejo de Europa no se limita al colectivo LGTBIQ+. Advierte de la persistencia del discurso de odio, especialmente en la política y en las redes sociales, donde se ha normalizado el insulto racial, la islamofobia y la transfobia como herramientas de agitación ideológica. Los gitanos, migrantes, musulmanes y personas negras son los principales blancos del odio, y los ataques contra las personas judías y trans van en aumento.

Aunque reconoce los esfuerzos de “figuras políticas de alto nivel” por denunciar estos discursos, el organismo europeo recuerda que el odio no se combate solo con declaraciones, sino con políticas efectivas y recursos sostenidos. Reclama una autoridad independiente para la igualdad de trato y la no discriminación, cuya presidencia fue finalmente otorgada a María Teresa Verdugo, exfiscal especializada en delitos de odio, pocos meses después del cierre del informe.

El documento aborda también la situación de las personas migrantes y los menores no acompañados, que al alcanzar la mayoría de edad quedan abandonados por el sistema. Exige programas de inclusión real, acceso a vivienda y empleo, y un registro eficaz de los controles policiales para evitar prácticas discriminatorias por perfil étnico. En el caso de la población gitana, reclama medidas urgentes y a largo plazo para acabar con la segregación escolar y mejorar el rendimiento educativo.

España ha avanzado, pero la igualdad sigue dependiendo del código postal, del color de piel o del género registrado en un documento. Y mientras los gobiernos autonómicos convierten los derechos en arma electoral, las vidas trans, intersex o migrantes continúan siendo campo de batalla.

El Consejo de Europa no ha hecho sino recordarnos una verdad incómoda: no basta con ser un país que legisla la igualdad si se tolera el odio que la destruye.