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Desde Plan Sareb se insta a una negociación colectiva para los 300 casos agrupados en la campaña, el archivo incondicional de todos los procedimientos de desahucio abiertos y la retirada de las cláusulas abusivas de los contratos.
El Gobierno ha aceptado un listado elaborado por Sareb, el banco malo, que plantea un enfoque de viviendas para alquiler asequible. Sin embargo, este acuerdo genera dudas acerca de su aplicación y desarrollo, tal y como denuncia Plan Sareb. A pesar de que el Gobierno y Sareb afirman que esto podría ampliar el parque público de vivienda, la realidad es que los detalles del plan sugieren lo contrario. A continuación, analizaremos los distintos aspectos de esta propuesta y su impacto en el panorama de la vivienda en España basándonos en la información proporcionada por el Plan Sareb.
La construcción de viviendas a través de iniciativas público-privadas
De las 50.000 viviendas anunciadas por el Gobierno y Sareb, aproximadamente 15.000 se construirían mediante la cesión de suelo de Sareb para la construcción bajo iniciativa público-privada en régimen de alquiler asequible. Esto no se traduce en vivienda pública propiamente dicha, sino en la explotación privada de estas viviendas por 75 años. La distribución territorial del suelo disponible plantea dudas sobre la viabilidad de estos proyectos y se encuentra más en línea con las estrategias del sector inmobiliario que con la creación de viviendas asequibles para los ciudadanos.
De las 14.000 viviendas ya habitadas, Sareb afirma tener 2.000 alquileres sociales aprobados. Sin embargo, estos no son “nuevas viviendas movilizadas” ni formarán parte del parque público de vivienda. Además, los contratos de alquiler están llenos de cláusulas abusivas, como la enajenación del inmueble, que permiten aumentar el alquiler desde el primer año de contrato. Esta situación podría generar un modelo de subvención pública a entidades financieras a cambio de alquileres temporales y abusivos.
La venta o cesión temporal de viviendas a entidades autónomas y locales
La propuesta incluye la venta o cesión temporal de 20.768 viviendas a comunidades autónomas, entidades locales y entidades sin ánimo de lucro. Solo este aspecto del plan podría generar un aumento potencial en el parque público de vivienda. No obstante, esto solo representa un 41% del total del listado, frente al 59% dedicado a iniciativas público-privadas y alquileres privados. Además, estas operaciones podrían suponer un nuevo repago de un parque inmobiliario ya avalado en su día con una deuda de 40.000 millones de euros, de los cuales 35.000 millones aún están pendientes de ser aportados por el Estado.
Los verdaderos intereses detrás del listado de viviendas
Aunque el Gobierno y Sareb presentan este listado como una forma de ampliar el parque público de vivienda, la realidad es que sus acciones sugieren lo contrario. Gran parte de las viviendas anunciadas están destinadas a iniciativas público-privadas o alquileres privados con cláusulas abusivas, lo cual no beneficia a los ciudadanos ni contribuye a la creación de viviendas asequibles y accesibles.
Además, la propuesta de venta o cesión temporal de viviendas a entidades autónomas y locales no parece ser una solución efectiva para el problema de la vivienda en España. La implementación de este plan podría generar más endeudamiento público, sin lograr un impacto significativo en la disponibilidad de viviendas asequibles para la población.
Por ello, desde Plan Sareb se insta a una negociación colectiva para los 300 casos agrupados en la campaña, el archivo incondicional de todos los procedimientos de desahucio abiertos y la retirada de las cláusulas abusivas de los contratos. Además, se solicita una auditoría popular sobre todos los activos de la empresa, el papel de la banca de inversión en la comercialización de los activos restantes y la presencia de gestoras privadas vinculadas al sector financiero en la gestión de la bolsa de alquileres sociales ilegales de Sareb.
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