EE.UU. arrasa con la salud mundial: se eliminan fondos para programas de polio, VIH, malaria y nutrición 

Una decisión que expone la crudeza de la política exterior y pone en riesgo la vida de millones de personas.

El pasado 27 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos sorprendió al mundo con una serie de correos electrónicos que confirmaron la cancelación de 5.800 contratos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esta medida fulminante afecta a proyectos de gran envergadura orientados a combatir el VIH, erradicar la polio, controlar la malaria y proporcionar alimentos y servicios de nutrición en decenas de países. Lejos de ser una decisión unilateral sin consecuencias, este recorte de fondos amenaza con cobrar la vida de miles de niñas y niños y agravar crisis humanitarias en lugares ya golpeados por la pobreza, la guerra y la inestabilidad política.

La drástica decisión no hace distinciones. Entre los proyectos clausurados se encuentran programas esenciales para el seguimiento de pacientes con tuberculosis y la distribución de redes antimosquitos, así como iniciativas de apoyo a comunidades desplazadas y de atención a sobrevivientes de violencia sexual. Las trabajadoras y trabajadores humanitarios, el personal médico y, sobre todo, las poblaciones más vulnerables ven cómo se esfuman los recursos que hasta ahora habían asegurado su supervivencia. El gobierno de Estados Unidos ha justificado su drástica suspensión bajo la cláusula de “terminación por conveniencia y en interés del gobierno”, dejando en claro su indiferencia ante la magnitud del daño provocado.

LOS DATOS QUE NO DEJAN INDIFERENTE

La lista de programas anulados desvela el impacto brutal de esta decisión. UNICEF, por ejemplo, pierde un financiamiento de 131 millones de dólares para su campaña de vacunación contra la polio, que garantizaba el acceso al inmunizante a millones de niñas y niños en zonas remotas de África y Asia. La organización Chemonics, encargada de distribuir pruebas y tratamientos para la malaria, ve desaparecer un contrato valorado en 90 millones de dólares, con el que protegía a 53 millones de personas mediante la entrega de mosquiteros y medicinas. En Yemen, FHI 360 deja de contar con el respaldo que permitía a sus profesionales identificar casos de desnutrición infantil en pleno escenario de conflicto bélico, donde una de cada cinco niñas y niños presenta un peso críticamente bajo.

Mientras tanto, en la República Democrática del Congo, la escasez de recursos compromete el único punto de agua disponible para 250.000 personas desplazadas en el corazón de un conflicto armado, agravando la tensión entre comunidades ya desgastadas por la violencia y la enfermedad. Las enfermeras y enfermeros de Uganda, que hasta ahora rastreaban potenciales brotes de ébola, se enfrentan a la desprotección total tras la anulación del proyecto que financiaba la vigilancia epidemiológica y garantizaba, incluso, un entierro digno a las víctimas.

El caso de Kenia es otro ejemplo de la magnitud de este golpe: se han suprimido 34 millones de dólares dedicados a la gestión y distribución de suministros médicos, incluidas 2,5 millones de dosis mensuales de tratamiento antirretroviral y 750.000 pruebas de VIH, esenciales para detener la propagación del virus. Como consecuencia inmediata, 500.000 tratamientos contra la malaria y 315.000 mosquiteros tampoco llegarán a quienes los necesitan.

Las mujeres y hombres que huyen de la violencia en Sudán pierden la única fuente de atención sanitaria disponible en regiones remotas, al tiempo que 87 refugios para víctimas de violencia machista en Sudáfrica cierran sus puertas, dejando sin protección a 33.000 supervivientes de agresiones sexuales y maltrato. En Nigeria, 5,6 millones de niñas y niños y 1,7 millones de mujeres se quedarán sin el tratamiento para la malnutrición severa, lo que expone a 60.000 criaturas menores de cinco años al riesgo inminente de fallecer por causas asociadas a la desnutrición.

EL IMPACTO DE UNA POLÍTICA DESALMADA

Las y los profesionales de la salud, las y los activistas y el personal local denuncian un escenario desgarrador. La interrupción de la financiación destruye esfuerzos de larga data en la contención de epidemias como el VIH y la malaria, mientras hace tambalear la campaña global para erradicar la polio. Para agravar el panorama, se ha dado carpetazo al proyecto Smart4TB, una iniciativa decisiva para la investigación de tratamientos y diagnósticos de la tuberculosis, y se ha eliminado el apoyo a la principal vía de suministro de medicamentos contra la misma enfermedad en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las consecuencias inmediatas no terminan allí. En Nepal, más de 3,9 millones de niñas y niños y 5,7 millones de mujeres se quedarán sin asistencia sanitaria antes y después del parto. En Bangladesh, 144.000 personas que dependían de la suplementación alimentaria y vitaminas se verán privadas de cualquier apoyo básico. Un programa gestionado por Plan International se canceló en Etiopía, dejando a 115.000 desplazadas y desplazados a la deriva sin medicamentos, víveres ni agua potable. También se suprimieron 80 millones de dólares dirigidos a UNAIDS, la agencia que coordina la lucha global contra el VIH; en la práctica, se desmantela la capacidad de muchos países de vigilar y mejorar los servicios de atención y prevención.

Organizaciones como Helen Keller Intl también han sido arrasadas por este recorte: sus campañas en seis naciones de África occidental, que en 2024 habían administrado medicinas contra enfermedades tropicales desatendidas a más de 35 millones de personas, ven cómo su labor vital queda suspendida. Otro impacto notable recae en los Demographic and Health Surveys, reconocidos a nivel mundial por proporcionar indicadores críticos de salud materno-infantil, estados nutricionales y prevalencia de VIH en 90 países. Sin esa fuente de datos, el vacío de información impedirá planificar políticas sanitarias y estimar con precisión la mortalidad provocada por la ausencia de recursos.

Mientras, la malaria se cierne como una amenaza más amplia. El programa Evolve de la President’s Malaria Initiative, que realizaba control de mosquitos a través de fumigaciones en 21 países, deja indefensas a 12,5 millones de personas expuestas a una enfermedad que anualmente arrebataba ya miles de vidas. Ante la suspensión, las y los profesionales de enfermería y medicina en regiones como Senegal, Mozambique o Chad no cuentan con los insumos para enfrentar el brote, reforzando la injusticia y el caos de este escenario.

Frente a estos hechos, la retórica que defiende la rentabilidad económica de recortar fondos se torna insostenible. El sector de las armas mantiene inversiones astronómicas, mientras la inversión en salud y desarrollo humano es destruida sin contemplaciones. En nombre del interés gubernamental, se devastan los cimientos de la cooperación internacional y se coloca en entredicho la responsabilidad compartida en asuntos de salud pública mundial.

Esta acción de corte capitalista e imperial refuerza la desigualdad y cuestiona la ética de una política exterior basada en el abandono de las y los más vulnerables. La salud no debería ser un privilegio limitado por la voluntad de un puñado de tomadores de decisiones, sino un derecho innegociable que trascienda fronteras, colores políticos y cálculos electorales.

Al pisotear los compromisos adquiridos, se demuestra una visión estrecha que condena al mundo a crisis reiteradas y a brechas de desigualdad cada vez más profundas.