El número de horas extras trabajadas y no pagadas en España sigue subiendo.
Según los datos oficiales publicados a través de la encuesta de población activa (EPA) se ha demostrado que en el segundo trimestre las horas extras impagadas se situaron a niveles del confinamiento de 2020, resultando un incremento cuantitativo.
De este modo resulta que el 49% de las horas extra no se pagan en España, el mayor porcentaje de los últimos cinco años, según los registros del INE.
Tal es así la magnitud de la situación que este hecho afecta a medio millón de empleados en todo el país, perjudica en mayor medida a las mujeres que a los hombres.
Para combatirlo el Ministerio de Trabajo anunció un algoritmo específicamente diseñado del que los inspectores consultados todavía no tienen conocimiento. Como resultado 13 millones de horas se trabajan mensualmente en España y las empresas no las pagan.
«Dicho algoritmo -bautizado como MAX (Más algoritmos para menos horas extras)- fue anunciado a principios de junio y los últimos datos de la EPA no permiten medir si está o no funcionando. Para ello habrá que esperar a la EPA del tercer trimestre, que medirá los tres primeros meses en vigor del algoritmo. De momento, desde el SITSS dicen no haber recibido hasta la fecha instrucción alguna sobre cómo funciona MAX», manifiestan desde EPE.
«El fraude de los alargamientos de jornada no remunerados es una constante en el mercado laboral que se rige por el principio del acordeón. Se contrae durante las épocas de menor actividad económica y repunta cuando el PIB va al alza», explican desde EPE.
«Ese repunte de las horas extras y de las horas extras no pagadas lo que muestra es que está aumentando la informalidad. Hay empresarios que, ante la incertidumbre de qué pasará en los próximos meses, prefieren obligar a sus trabajadores a alargar la jornada que contratar de nuevos. En el segundo semestre, cuando está previsto que baje la actividad, volverán a bajar las horas extras», afirma el secretario de trabajo de CCOO de Catalunya, Ricard Bellera para el medio. «Evidencia la incapacidad de muchos empresarios de entender que otros modelos laborales son posibles y tiran de la oportunidad», añade.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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