El dinero de la corrupción del PP descansó en Suiza junto al del rey emérito. Y todavía hay quien habla de ejemplaridad institucional.
EL BANQUILLO DE LOS FANTASMAS
El lunes arranca el último juicio de la trama Gürtel, esa que el PP intenta enterrar en la hemeroteca mientras continúa gobernando comunidades y ayuntamientos con la misma naturalidad con la que se archivan delitos por prescripción. Veintiún acusados se sentarán ante la Audiencia Nacional por blanqueo y evasión fiscal. Pero no todos los culpables estarán allí.
Falta uno. Falta Arturo Fasana, el banquero suizo que gestionó la cuenta “Soleado” en el Credit Suisse. La misma donde Francisco Correa guardó el dinero de las mordidas obtenidas de contratos públicos amañados. La misma donde Juan Carlos I ocultó millones procedentes de sus “donaciones” del Golfo Pérsico.
El blindaje de Fasana era precisamente eso: el rey. “Me dijo que me quedase muy tranquilo, que sus clientes eran tan importantes que jamás habría un problema judicial”, confesó Correa en 2015. Y tenía razón.
Mientras Correa y Crespo pasaron casi diez años en prisión, el “hombre del maletín” del rey nunca fue imputado. El juez José de la Mata lo sacó del proceso en 2020 alegando falta de indicios. En Suiza, donde el blanqueo de capitales era “muy común”, tampoco pasó nada. El dinero se lavó, y con él, la reputación de quienes debieron rendir cuentas.
EL BLINDAJE DEL REY Y LA RED DE LA IMPUNIDAD
Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol, amigo de Aznar y cerebro financiero de Correa, es otro de los nombres que sobreviven al escándalo. En su confesión, Correa reveló que Blanco Balín depositó en Suiza 60 millones de euros en comisiones obtenidas durante su etapa en Repsol.
Todo estaba diseñado para desaparecer: siete subcuentas en distintas divisas (euros, dólares, libras, pesetas, francos suizos, belgas y marcos alemanes) y una estructura opaca que impedía rastrear beneficiarios. La UDEF denunció en 2013 que la mitad de los apuntes bancarios estaban tachados. La transparencia se detuvo en el despacho de un fiscal.
El episodio más grotesco llegó con el propio Juan Carlos I. Fasana confesó que el monarca llegó a su casa de Ginebra con 1,9 millones de dólares en una maleta procedente de Baréin. Dijo que era una “donación” del sultán. El banco Mirabaud lo aceptó sin pestañear. Cuando el fiscal suizo Yves Bertossa preguntó por qué, el responsable del banco respondió: “Confiamos en Fasana”.
El rey emérito gozó de inmunidad hasta 2014, pero su dinero viajó libre mucho más tiempo. En 2020 la Fiscalía española archivó discretamente la investigación por fraude fiscal tras avisarle para que regularizara sus cuentas. Y el mismo Estado que lo amparó sigue pagando su seguridad y residencia en Abu Dabi.
En paralelo, el Partido Popular fue condenado como responsable civil subsidiario, pero no político. Ni un solo dirigente del partido ha asumido su responsabilidad por financiar con dinero negro campañas electorales y reformas de su sede. El “ejercicio gigante de corrupción” que describe la Audiencia Nacional no fue un accidente: fue el modelo de gobierno de un país.
EL RÉGIMEN SIGUE VIVO
Gürtel no es una mancha aislada. Es la Z del mapa de la corrupción española, el punto donde se cruzan empresarios del Ibex, ministros, reyes y banqueros. Es el espejo de un régimen que nunca se depuró, que cambió los uniformes por consejos de administración y los maletines por fundaciones.
Mientras tanto, la monarquía continúa blindada y la derecha habla de “reconciliación nacional” como si no supiéramos de qué reconciliación hablan: la que permite que los poderosos sigan libres.
La justicia española juzga ahora la última pieza de Gürtel, pero lo que se sienta en el banquillo es solo la sombra de lo que fue un Estado paralelo: un engranaje de favores, contratos, regalos y silencios. Los verdaderos responsables siguen en los consejos, en las cátedras, en los despachos de las grandes firmas.
El caso Gürtel no terminó. Se institucionalizó.
Porque en España, la corrupción no se entierra, se hereda.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…