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Vox, en su obstinación por no revelar la identidad de la entidad bancaria, se coloca al margen de la ley y, por tanto, fuera de las normas que rigen una democracia sana.

Cada euro que se gestiona sin transparencia es un euro robado a las y los contribuyentes. La política debería estar al servicio de la ciudadanía, no de unos pocos privilegiados.

El caso de OkDiario y Joan Guirado es solo un ejemplo más de cómo se utiliza la mentira para erosionar la confianza pública en el Gobierno.

La pregunta ahora es: ¿Hasta dónde están dispuestas a llegar las instituciones para proteger a la ciudadanía de esta maquinaria del odio?