Indígenas denunciarán en La Haya a Jair Bolsonaro por genocidio 

Una comisión internacional de 12 juristas, apoyada por la sociedad civil, recogió el delito de ecocidio, considerado un crimen contra el conjunto de la humanidad perpetrado por Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro, que no para de recibir críticas por su gestión de la crisis sanitaria y de la deforestación de la Amazonía, ahora se enfrenta a acusaciones sin precedentes. La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil presentará una denuncia contra el presidente ante la Corte Penal Internacional en La Haya por delitos de genocidio y ecocidio.

El pasado 23 de junio, una comisión internacional de 12 juristas, apoyada por la sociedad civil, recogió el delito de ecocidio, considerado un crimen contra el conjunto de la humanidad, pero especialmente contra el planeta, y pretende incorporarlo a la Corte Penal Internacional.

La denuncia de la APIB se sumará a otra formulada en 2019 por el Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos (CADHu) y la Comisión Arns, formada por exministros de varios Gobiernos e intelectuales brasileños para velar por los derechos humanos, que presentaron ante el Tribunal de La Haya los indicios de crímenes de lesa humanidad e incitación al genocidio de los pueblos indígenas cometidos por Bolsonaro.

El crecimiento de la desforestación llamó la atención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que informó que estaba realizando un primer estudio de la denuncia.

“El estado actual ya es histórico y no tiene precedentes. Si se abriera la investigación, sería una revolución, porque no estamos hablando de la responsabilidad del Estado, sino de la responsabilidad de determinados individuos, que pueden ser condenados por cometer estos delitos”, afirma Eloísa Machado, abogada del CADHu.

Sin embargo, en la Corte Penal existe la posibilidad de que las denuncias se actualicen a lo largo del proceso y por ello los colectivos han ido adjuntando los hechos de “negligencia en la gestión de la pandemia” y con los recientes ataques a comunidades yanomamis y mundurukus por parte de mineros ilegales que presuntamente tendrían el apoyo del Gobierno Federal.