Carlos Fabra, la historia de un coto político privado: «Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años…» 

Durante su presidencia en la Diputación de Castellón, Fabra aprovechó para enchufar a familiares y amigos

La Diputación de Castellón fue, durante más de dos décadas, una institución bajo el control y el mando del Partido Popular. Carlos Fabra ocupó su presidencia durante 16 años, tiempo que aprovechó para colocar a familiares y amigos tal y como él mismo reconoció en 2009: «Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años…».

La grabación del Presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en la Provincia fue realizada por miembros de su propio partido antes de las elecciones municipales y autonómicas, en medio de una fuerte crisis interna del PP en Castellón por asuntos urbanísticos y en ella afirmaba textualmente que «el que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente y eso es un voto cautivo».

«Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años, no lo sé. Pero entre Penyeta, Hospital, Instituto de Promoción Cerámica, Escuela Taurina, la Diputación, el puerto, ni sé. Tonterías», añadía.

Quien ha explicado muy bien esta situación es @arpaeditores a través de un hilo de Twitter: «¿Os sabéis la historia de Carlos Fabra, presidente del PP de Castellón durante 22 años y de la Diputación Provincial durante 16? La institución fue el coto privado de su familia durante más de un siglo. Va hilo», comienzan diciendo.

El hilo continúa: «El tío de su bisabuelo, Victorino Fabra Gil, conocido como ‘el agüelo Pantorriles’, accedió al cargo en 1874 y murió en 1907 siendo presidente, cargo que ocuparon luego otros seis miembros de la estirpe, entre ellos tres de sus sobrinos».

«Uno de ellos era el bisabuelo del actual Carlos Fabra, quien, antes de controlar la Diputación, vio cómo la institución pasaba por las manos de su abuelo y de su padre».

«Siempre tocado por unas gafas de sol que ocultan un ojo de cristal (se quedó tuerto tras un accidente con unas tijeras mientras jugaba con su hermano), Fabra actuaba como un tipo divertido con sus decenas de aduladores, y como un déspota con quienes osaban llevarle la contraria».

«La Diputación de Castellón se convirtió en una empresa de colocación. En una grabación realizada por compañeros de partido, Fabra reconocía: ‘El que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente. Y toda esa gente es un voto cautivo. Supone mucho poder’.

«Aparte de los enchufes, Fabra también practicó el urbanismo desbocado. Quiso construir 16 campos de golf, hoteles, urbanizaciones, un parque temático llamado Mundo Ilusión y una pista de esquí artificial, a pesar de que nadie ha esquiado nunca en Castellón».

«Lo único que terminó fue un famoso aeropuerto sin aviones, con un coste aproximado de 150 millones de euros. Durante uno de los actos de inauguración, llegó a preguntarle a su nieto: ‘¿Te gusta el aeropuerto del abuelo?’.

«El dirigente del PP amasó además su propia fortuna… Pero si quieres conocer toda la historia, tienes que leer NO LO SÉ, NO RECUERDO, NO ME CONSTA, la gran crónica de @alfonsopmedina sobre todo lo que nos han robado».

Fabra procesado por supuestamente ocultar su patrimonio, sobornos y blanqueo de dinero

El pasado mes de abril, el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra el que fuera presidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra, por entender que existen indicios que apuntan a que ocultó su patrimonio a la Justicia y la Administración Tributaria con el objetivo de dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado en 2013 por cuatro delitos fiscales en el conocido como caso Naranjax y evitar así un embargo judicial de casi 920.000 euros. Además, percibió sobornos y blanqueó capitales.

Para cumplir con este objetivo contó con la ayuda directa de familiares: su mujer en ese momento, María Desamparados Fernández Blanes; sus hijos Borja y Claudia Fabra y su yerno Fernando Castro, y de terceras personas.

Según el juez y anticorrupción, la «situación de aparente penuria económica» de Fabra no resulta acorde con el hecho de haber recibido entre los años 2007 y 2017 abonos en efectivo en cuentas de su titularidad por importe de casi 2,7 millones de euros. Tampoco con la «intensa actividad bancaria por él organizada», con unos abonos superiores a los 26 millones de euros «que a través de diversas operativas continuadas en el tiempo han impedido satisfacer la deuda pendiente de ejecución».

Fabra habría usado cuatro sociedades pantalla: Carmacas, Sipcas, Asdecas y Lironlor, administradas o por familiares o por supuestos testaferros. Dos meses después de que se abriera el caso Naranjax, Claudia Fabra adquirió el 90% de las participaciones de su padre en Carmacas y ejerció de administradora. Los investigadores sospechan que la mercantil fue usada posteriormente por el exdirigente popular para transferir dinero con el objetivo de ocultar patrimonio.

En relación a Sipcas, manejada por su hijo Borja, Anticorrupción cree que fue constituida con el propósito de canalizar entre diciembre de 2011 y marzo de 2012 un total de 232.897 euros procedentes de la mercantil Becsa, antigua Lubasa. La cantidad pagada tuvo origen en la contratación de Sipcas para la ejecución de trabajos en países extranjeros como Irak y Marruecos. Los fondos fueron ingresados a través de tres transferencias, que una vez recibidas, fueron seguidas de otras tres a favor de cuentas de Fabra, lo que se justificó ante la Agencia Tributaria como un préstamo. Más tarde, declaró su devolución mediante la transmisión a Sipcas de siete vehículos propiedad de él como dación en pago de deudas.

A Asdecas fueron a parar ingresos de Fabra con el fin de «ocultar su destino», según Anticorrupción. Por ejemplo, 58.920 euros procedentes de la cuenta del PP de Castellón en 2012. A su vez, la mayor parte de las transferencias efectuadas desde las cuentas de Asdecas van a parar a otras tituladas por María Desamparados Fernández Blanes, en ese momento mujer del exdirigente popular, con carácter mensual entre agosto de 2008 y abril de 2013 con, generalmente, el concepto «nómina». El total de la cantidad transferida, ascendió a 134.622,19 euros. El juez considera que los movimientos eran el pago de una falsa nómina a su mujer.

De Lironlor se encargaba su testaferro Alejandro Lorca. La empresa sirvió para ocultar ingresos en efectivo y de procedencia ilícita. Entre marzo y mayo de 2010, sirvió para canalizar 110.00 euros de los 220.400 con origen en la empresa Llanera. Estas transferencias se declararon a la Agencia Tributaria pero sus actuales administradores concursales no pudieron facilitar ninguna información.

El juez atribuye al político, su mujer, sus dos hijos, su yerno y cuatro empresarios un delito de frustración de la ejecución, el primero en concepto de autor y los demás como cooperadores necesarios. También aprecia indicios de la comisión de un delito continuado de cohecho contra el propio Fabra, así como de delitos del mismo tipo penal, «si bien puntuales y no continuados», en la actuación de cuatro empresarios.

Por último, cree que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales en relación al expresidente de la Diputación, como autor, y respecto a sus cuatro familiares y un empresario como cooperadores necesarios.