Bayer contra las víctimas: el juicio que puede cerrar la puerta a miles de enfermos por glifosato 

El Supremo de EE.UU. estudia limitar las demandas por el herbicida Roundup mientras crecen las evidencias científicas y las protestas sociales

Frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos, este lunes, no había solo pancartas. Había miedo. Y rabia. A las 9:30 de la mañana, coincidiendo con el inicio de los argumentos judiciales, se celebraba la protesta “The People v. Poison”, anunciada incluso por el congresista Thomas Massie en su convocatoria pública. Dentro, los jueces debatían un caso que puede redefinir el acceso a la justicia para miles de personas enfermas. Fuera, la gente pedía algo más básico: que se reconozca el daño.

El caso, Monsanto Company v. Durnell, nace de una demanda presentada en 2019 por John Durnell en Missouri. Su acusación era clara. La exposición al herbicida Roundup le provocó un linfoma no Hodgkin, un cáncer de la sangre. Un jurado le dio la razón. La empresa no había advertido adecuadamente de los riesgos. Resultado: 1,25 millones de dólares en indemnización. Una cifra concreta. Un daño real.

Pero Bayer, propietaria actual de Monsanto, no discute solo el caso. Va más allá. Pretende que demandas como esta no puedan existir. Su argumento es técnico, pero sus consecuencias son políticas. Sostiene que la legislación federal sobre pesticidas impide que los estados exijan advertencias adicionales si la Agencia de Protección Ambiental (EPA) no las considera necesarias. Traducido: si el regulador federal no obliga a alertar, nadie puede exigir responsabilidades.

La clave está ahí. En quién define el riesgo. Porque mientras la EPA insiste en que el glifosato es seguro, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud lo clasificó hace más de una década como “probablemente cancerígeno”. Dos relatos. Dos realidades enfrentadas.

El Supremo, según recogían Associated Press y Reuters, mostró división. Algunos jueces parecían inclinados a proteger a la empresa. Otros cuestionaban si eso impediría a los estados responder a nuevas evidencias científicas. No es un matiz menor. Es la diferencia entre poder demandar o quedarse sin vías legales.

Patti Goldman, abogada de Earthjustice, lo explicó con precisión. La EPA toma decisiones en un momento concreto, con los datos disponibles entonces. Pero la ciencia avanza. La exposición real crece. Y los daños aparecen después. Si las etiquetas no se actualizan, el sistema falla. Y cuando falla, alguien paga. O no.

Ese “o no” es el centro del conflicto. Porque lo que está en juego no es solo un caso. Es la posibilidad de que miles de personas enfermas puedan acudir a los tribunales. O que se les cierre la puerta.

INDUSTRIA, POLÍTICA Y UNA JUSTICIA EN DISPUTA

La presión no se limita a los tribunales. Bayer lleva tiempo desplegando una estrategia más amplia. Según la investigación publicada por The American Prospect, la compañía está presionando al Congreso para blindarse frente a futuras demandas relacionadas con el Roundup. No es una hipótesis. Ya ha conseguido introducir una disposición de inmunidad en el proyecto de ley agrícola de 2026 que avanzó en la Cámara de Representantes.

Al mismo tiempo, la administración de Donald Trump ha tomado partido. A pesar de su promesa de “hacer América saludable de nuevo”, ha firmado una orden ejecutiva para impulsar la producción de glifosato. Y el Departamento de Justicia ha respaldado la posición de Bayer en el caso. No es un gesto aislado. Es una línea política.

La crítica es frontal. Tarah Heinzen, directora legal de Food and Water Watch, lo resumió sin rodeos: Bayer busca preservar su “derecho a dañar a cualquier coste”. Y cuenta con aliados. Si el Supremo avala esta interpretación, decenas de miles de personas enfermas podrían quedarse sin recurso legal. Sin indemnización. Sin reconocimiento.

Mientras tanto, en la calle, el rechazo crece. Organizaciones como Friends of the Earth han llevado la protesta hasta la sede de Bayer en Washington. No solo consignas. También cifras. Más de 200.000 firmas exigiendo el fin de la producción de pesticidas tóxicos. Glifosato incluido. Neonicotinoides también.

El problema no es solo sanitario. Es estructural. La agricultura industrial depende de estos químicos. Y esa dependencia tiene consecuencias. Contamina suelos. Afecta a ecosistemas. Impacta en la salud de trabajadores agrícolas, familias, comunidades enteras. Se sabe. Se documenta. Se discute. Pero sigue.

Incluso dentro del sistema institucional hay grietas. El Environmental Working Group ha demandado a la EPA por retrasar decisiones sobre el glifosato. La acusación es directa: la agencia está fallando en su responsabilidad de proteger la salud pública. Su silencio, dicen, deja a las familias en la oscuridad.

En paralelo, voces políticas de distintos partidos coinciden en algo poco habitual. Cory Booker lo planteó sin ambigüedad. No es izquierda contra derecha. Es lo correcto contra lo incorrecto. Grandes corporaciones y sus lobbies han capturado el sistema político. Y priorizan beneficios sobre la salud.

La frase es contundente. Pero no nueva. Lo que cambia ahora es el escenario. Porque el caso Monsanto v. Durnell puede consolidar esa lógica. O frenarla. Puede convertir en norma lo que hasta ahora era una batalla caso a caso.

El fondo es incómodo. La regulación no es neutral. Tampoco lo es la ciencia cuando se politiza. Y la justicia, cuando se limita, deja de ser justicia. Se convierte en un filtro.

La pregunta sigue ahí. No es técnica. Es política. ¿Quién tiene derecho a reclamar cuando enferma? Y, sobre todo, ¿quién decide cuándo ese derecho desaparece?

Porque si la respuesta la escriben las empresas, lo que desaparece no es solo el derecho. Es la posibilidad misma de defender la vida frente al negocio.