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Recientemente el juez archivaba las investigaciones sobre las presuntas mordidas de empresarios al Partido Popular a cambio de contratos públicos en la época de Aznar.
Tras una década de pesquisas e investigaciones sobre las donaciones de empresarios a la caja b del Partido Popular, a cambio de presuntas adjudicaciones públicas, el juez Santiago Pedraz decidió archivar el caso.
De este modo el magistrado dictaminaba que no se ha encontrado «dato incriminatorio alguno», algo que impide proceder en la investigación. Este último carpetazo mandaba al cajón la sospecha de 23 contratos por casi 600 millones de euros adjudicados desde el Gobierno de José María Aznar.
Durante el período de la investigación se ha interrogado a 22 testigos, que “no han proporcionado información sobre elementos concretos de conexión” entre las donaciones de los papeles de Bárcenas y las adjudicaciones.
También han sido incorporados informes fiscales de Hacienda a partir del cual la Fiscalía descartaba la corrupción de los acusados: “Este informe no permite determinar la comisión, ni siquiera indiciaria, de presuntos delitos de cohecho, ni de ninguna otra clase […] Dicho de otro modo, no arrojan luz alguna sobre cualquier elemento que pudiera hacer coincidir las presuntas donaciones de [mi cliente] al PP con las adjudicaciones a Constructora Hispánica. No consta prueba alguna, como por ejemplo: si se solicitó u ofreció dádiva, quién la solicitó o a quién se abonó, cuál fue la cuantía, en qué procedimiento de adjudicación, etc.”, dictaminan a raíz de un informe del pasado 4 de noviembre referente a la Constructora Hispánica.
“Es más, en todas y cada una de las obras adjudicadas a Constructora Hispánica se puede apreciar, según el informe de la IGAE, que tanto los miembros de las respectivas mesas de contratación (funcionarios públicos del ministerio) como aquellos técnicos que ostentaron la función de dirección facultativa o asistencia técnica, son siempre distintos, no ostentando el mismo cargo la misma persona en ninguna de las obras analizadas por el informe de la IGAE”, añaden.
Estos hechos contrastan con las informaciones e investigaciones vertidas desde la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, ya que estos dictaminaron la existencia de «una correlación objetiva, subjetiva y temporal» entre dichas adjudicaciones y los papeles de Bárcenas.
Así como también desde la policía, se especificaba en un análisis de 2021, sobrecostes millonarios en el Gobierno de Aznar y “vulneraciones” de los “principios generales de la contratación”.
De este modo queda abierta la pregunta: ¿Por que nunca fructificó ese delito en su Gobierno? Lo que si puede dictaminarse es que el Partido Popular ingresó en su caja b unos ocho millones de euros, buena parte de ellos procedentes de empresarios.
Estos, recibieron, en numerosos casos, contratos públicos millonarios desde administraciones gobernadas por los populares, sin embargo, la Audiencia Nacional, afirma, no ha podido encontrar las pruebas incriminatorias.
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