Ayuso se queda sin jueza en el caso de su pareja: la justicia en suspenso 

La salida de la magistrada Inmaculada Iglesias deja al descubierto un proceso que huele más a blindaje político que a imparcialidad judicial.

UN CAMBIO DE JUEZ EN MEDIO DEL TERREMOTO

El 18 de agosto, la jueza que llevaba 16 meses investigando a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se jubila anticipadamente a los 65 años. Deja dos procedimientos abiertos: un fraude fiscal de 350.910 euros y un posible soborno empresarial de 500.000 euros. Los hechos son de sobra conocidos: facturas falsas, pelotazos con mascarillas y operaciones que parecen comisiones camufladas.

La investigación, que empezó en marzo de 2024 tras un informe de Hacienda, parecía encaminarse hacia el juicio oral. Pero la salida de Iglesias lo deja todo en un limbo judicial hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre al sustituto definitivo. La plaza apunta a Antonio Viejo, un veterano juez con pasado en el Ministerio de Justicia bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. La defensa de Amador ya desliza que podría recusarle para alargar el proceso. Dilatar, embarrar y jugar al desgaste: la estrategia habitual cuando el poder se sienta en el banquillo.

Mientras tanto, un juez suplente cubrirá el hueco de forma temporal. Un relevo de magistrados en plena fase crítica de la instrucción de un caso tan mediático no es casualidad. El reloj de la justicia corre más lento cuando el acusado duerme en la cama de una presidenta autonómica.

DOS DELITOS FISCALES Y UN SOBORNO EN LA MIRA

Los números del caso son claros: 15 facturas falsas por valor de 1,7 millones de euros para defraudar 350.910 euros al fisco en 2020 y 2021, además de un pago de 500.000 euros por una empresa sin actividad, presuntamente para “compensar favores” a un directivo del grupo sanitario Quirón. La Fiscalía pide 3 años, 9 meses y un día de prisión y multas de más de 600.000 euros. PSOE y Más Madrid elevan la petición a cinco años.

En un primer momento, Amador quiso pactar. Un correo enviado al fiscal el 2 de febrero de 2024 lo dejó por escrito: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. Pero la jueza Iglesias frenó el acuerdo, apreciando otros delitos aún más graves. Desde entonces, la estrategia de la defensa es negar los hechos, recurrir cada decisión y señalar una “cacería política” contra la pareja de Ayuso.

El soborno aún se investiga. La Guardia Civil analiza la compra inflada de Círculo de Belleza SL, una sociedad sin empleados ni proyectos reales. Coincidió con los casi 2 millones de euros que Amador ganó intermediando en un contrato de mascarillas durante la pandemia, vinculado al mismo directivo de Quirón. Los indicios apuntan a una devolución de favores disfrazada de compraventa.

En paralelo, Ayuso sigue defendiendo que todo es un ataque político, mientras el PP denuncia lawfare cuando los tribunales se acercan a sus círculos más íntimos. La misma justicia que nunca llega para las y los desahuciados, para las víctimas de residencias o para la corrupción sanitaria, se detiene cuando amenaza la moqueta de la Puerta del Sol.

El relevo de jueces no borra los delitos ni las cifras. 350.910 euros defraudados y un soborno de 500.000 siguen esperando sentencia. Lo que se juega aquí no es solo el futuro judicial de un empresario: es la credibilidad de una justicia que parece temblar cuando se enfrenta al poder político.