La dignidad de nuestros mayores, en manos de la especulación y el desinterés, se convierte no solo en un titular, sino en un llamado a la reflexión y la acción.
La Comunidad de Madrid, bajo el mandato de Ayuso, ha puesto sobre la mesa una propuesta que roza lo ridículo en el terreno de la gestión: entregar el control de la alimentación de cinco residencias públicas a una empresa con un historial de negligencias alimentarias. Esta decisión, lejos de ser un acto aislado, se inscribe en una serie de polémicas que han sacudido el sistema de atención a los más vulnerables en la región. Lo denuncia ElDiario.
DESATENCIÓN Y NEGOCIOS POR ENCIMA DE LA SALUD
Plataforma Femar S.L., la compañía en el ojo del huracán, ha sido reiteradamente acusada de distribuir alimentos en condiciones deplorables a centros de atención. Las denuncias, que datan desde enero de 2022, vienen de mano de Comisiones Obreras y abarcan desde la mala calidad de los alimentos hasta casos extremos donde la comida servida contenía larvas de gusano. A pesar de esto, la Comunidad de Madrid pretende volver a confiarles la alimentación de nuestros mayores.
El colmo de esta situación se evidencia en las fotografías que familiares de los residentes, horrorizados, han compartido con los medios: platos de comida con patatas negras, espinacas que más bien parecen vomitivo, carne cruda, y lasañas que distan mucho de ser apetecibles. Julia, cuya madre sufre de Alzheimer y ha perdido más de 20 kilos debido a esta negligencia, no oculta su indignación ante ElDiario: «La gota que colmó el vaso fue encontrar coliflor podrida en el plato de mi madre».
MULTAS INSIGNIFICANTES FRENTE A GRAVES INCUMPLIMIENTOS
Isabel Díaz Ayuso intentó minimizar las acusaciones señalando que Femar había sido multada con más de 43.000 euros por estas irregularidades. Sin embargo, esta cifra dista mucho de la realidad, ya que la única sanción relacionada directamente con la gestión de los alimentos fue de apenas 542,78 euros, por romper la cadena de frío. Las multas más cuantiosas no tenían que ver con la calidad de los alimentos, sino con falsedades administrativas sobre la localización de sus almacenes.
Ccuando Femar quedó inicialmente fuera del concurso por no cumplir con los requisitos de proximidad de sus almacenes, recurrió a un Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que le dio la razón basándose en una interpretación laxa de los pliegos. Así, las triquiñuelas administrativas prevalecen sobre la salud y el bienestar de los residentes.
UNA DECISIÓN QUE DESPRECIA A LOS MÁS VULNERABLES
La potencial adjudicación de este contrato a Femar, a pesar de las numerosas denuncias y la evidente desatención a la calidad, envía un mensaje escalofriante sobre las prioridades del Gobierno de Ayuso. No es solo una cuestión de incompetencia administrativa; es un claro desprecio por los derechos y la dignidad de los más vulnerables. El negocio por encima de la nutrición: la triste realidad de nuestras residencias.
Julia, al igual que muchos otros familiares, ha presenciado cómo la salud de su madre se deterioraba bajo el cuidado de la residencia, evidenciando que el problema no solo reside en la enfermedad, sino en la calidad de la alimentación que se les proporciona. «¿Cómo es posible que una persona aumente de peso con la comida de un hospital y no con la de su residencia?», se pregunta con razón.
LA IMPUNIDAD FRENTE A LA INDIGNACIÓN CIUDADANA
Este escenario no solo revela falencias en la gestión y supervisión de los contratos públicos, sino también una alarmante falta de empatía hacia aquellos que dependen del sistema de atención social. La impunidad con la que operan ciertas empresas, amparadas por decisiones gubernamentales cuestionables, es un reflejo de una sociedad que parece haber perdido el norte en cuanto a sus valores y prioridades.
La dignidad de nuestros mayores, en manos de la especulación y el desinterés, se convierte no solo en un titular, sino en un llamado a la reflexión y la acción. La comunidad debe exigir responsabilidades, transparencia y, sobre todo, respeto por la vida y bienestar de las personas mayores. La alimentación en las residencias no es un mero contrato; es una cuestión de humanidad y justicia social.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
Durante años nos hablaron de la economía de la atención. Ahora, las grandes empresas tecnológicas han dado un paso más allá para monetizar algo mucho más íntimo: nuestro apego emocional. Desde dispositivos…
PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
Durante las últimas semanas hemos ido desgranando las figuras que convirtieron a la «PayPal Mafia» en una de las redes de poder e influencia más determinantes del planeta a través de los…