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La policía cita a declarar a seis estudiantes tras una protesta contra Espinosa de los Monteros en la Complutense
La represión estudiantil en las universidades públicas ha dado un paso más hacia el autoritarismo. El pasado viernes 21 de marzo, tres estudiantes de las agrupaciones Contracorriente y Pan y Rosas —dos de ellos representantes estudiantiles de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)— fueron citados por la Policía Nacional para declarar el próximo lunes 24 de marzo en la Comisaría Central de Moratalaz. Junto a ellos, otros tres militantes del Sindicato de Estudiantes han sido llamados a declarar entre el lunes y el martes. El motivo de las citaciones, aunque velado, es evidente: haber participado en una protesta contra Iván Espinosa de los Monteros, exdirigente de VOX, en la Facultad de Ciencias Políticas el pasado 13 de febrero.
LA EXTREMA DERECHA ENTRA EN LA UNIVERSIDAD PROTEGIDA POR LA POLICÍA
El 13 de febrero, cientos de estudiantes y profesores se concentraron en la Facultad de Ciencias Políticas para rechazar la presencia de Espinosa de los Monteros. La protesta terminó con la retirada del exdiputado, escoltado por la policía antidisturbios. «Nunca había visto entrar a la policía, con porras y escudos, dentro de la facultad», relata Natalia Lago, militante de Contracorriente. «Ahí estaban, protegiendo a un especulador, un reaccionario, un machista y un racista».
Este tipo de escenas remite a tiempos oscuros. Que la policía irrumpa en una universidad pública para proteger a una figura de la extrema derecha bajo un gobierno del PSOE y Sumar evidencia que los límites de lo «progresista» son cada vez más difusos. «Cada vez se esfuerzan menos en disimular su hipocresía», añade Lago. La imagen de las fuerzas del orden protegiendo a un defensor del privilegio y de la desigualdad dentro de una institución pública es difícil de disociar de las escenas franquistas de represión estudiantil.
Espinosa de los Monteros no tardó en responder a las críticas, dejando claro que está detrás de las acciones judiciales. «No pudo dar su charla en la facultad, ni siquiera pudo pasearse con tranquilidad», explica Carlos Olmeda, uno de los estudiantes citados a declarar. «No íbamos a permitir que utilizara nuestros espacios para difundir discursos de odio y bulos contra las mujeres, el colectivo LGTBI y las personas migrantes». La protesta fue una acción espontánea y contundente: la juventud y la clase trabajadora tienen claro que el enemigo no son los colectivos más oprimidos, sino quienes especulan con la vivienda, quienes explotan en el trabajo y quienes erosionan los derechos conquistados.»
LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA ESTUDIANTIL
Este no es un caso aislado. Solo una semana antes, varios estudiantes fueron detenidos en Granada tras manifestarse contra la presencia de Macarena Olona en la universidad. La represión a la protesta en las universidades es una tendencia que avanza de la mano de las leyes educativas y de la represión institucional.
Bienve Rodríguez, representante claustral de la Facultad de Trabajo Social de la UCM, señala que las últimas leyes universitarias —la LOSU de Castells y las reformas impulsadas por Ayuso— siguen una línea clara: privatización, precarización y represión. «Se trata de un proceso orquestado para desmantelar la universidad pública y frenar cualquier intento de organización y movilización estudiantil», explica Rodríguez. «Esta mordaza universitaria está diseñada para neutralizar la resistencia, para que las universidades sean espacios de mercantilización y no de debate».
El proceso judicial al que ahora se enfrentan estos seis estudiantes es una extensión de esta política represiva. «Están utilizando la policía y los tribunales para disciplinar el movimiento estudiantil», denuncia Natalia Lago. Lo ocurrido en Zaragoza con el caso de ‘Los seis de Zaragoza’ o las infiltraciones policiales en el movimiento por la vivienda muestran que esta estrategia no es coyuntural, sino estructural. Un intento de extirpar la protesta y la resistencia desde la raíz.
El gobierno de coalición de PSOE y Sumar no solo permite esta deriva represiva, sino que la facilita. La policía entra en las universidades, reprime manifestaciones y protege a figuras de la extrema derecha con total impunidad. La respuesta institucional a la protesta estudiantil es idéntica a la que aplicaría cualquier gobierno reaccionario.
Por este motivo, las agrupaciones Contracorriente y Pan y Rosas han hecho un llamamiento a la movilización. «No podemos permitir que criminalicen la protesta», advierte Olmeda. La cita está convocada para el lunes y el martes a las 9:30 horas frente a la Comisaría de Moratalaz, bajo el lema «¡No pasarán!». La frase resuena con la fuerza histórica de las luchas antifascistas y marca el terreno de un conflicto que va más allá de las paredes de una facultad. La represión universitaria es el reflejo de una ofensiva política más amplia: la lucha es por el derecho a resistir.
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