1,25 millones de toneladas de agua contaminada se almacenan en más de mil depósitos aledaños a la central de Fukushima
El gobierno de Japón ha tomado ha anunciado que verterá al Pacífico el agua contaminada que continúa almacenándose en la central nuclear de Fukushima tras tratar de retirarle la mayor parte de los elementos radiactivos tras el accidente a raíz del terremoto y el posterior tsunami del 11 de marzo de 2011. Señalan que esta decisión ha tenido que tomarse porque ya es urgente aliviar la concentración de de agua radiactiva en las instalaciones nucleares de Daiichi.
Esta decisión se había retrasado debido a la oposición del gobierno de Fukushima y de las asociaciones de pescadores locales, que consideran que el vertido podría perjudicar sus actividades económicas, que ya padecen con fuerza las consecuencias del accidente nuclear de 2011.
El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, tomó hoy esta decisión en una reunión con su gabinete de gobierno, después de someterla a consultas con la operadora de la planta, Tokyo Electric Power, el regulador nuclear nipón, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y las autoridades locales de Fukushima, entre otras. A esas alturas, 1,25 millones de toneladas de agua contaminada se almacenan en más de mil depósitos aledaños a la central, y la cifra crece a diario, amenazando con desbordar la capacidad de almacenamientos en apenas cuatro meses más.
Una «operativa habitual»
Las autoridades aseguran que el vertido no generará riesgos para la salud humana, pues los niveles de tritio liberados al mar estarán debajo de los estándares sanitarios nacionales una vez se mezclen con el agua marina. Señalan que es una «operativa habitual en otros países».
El agua será vertida «después de asegurarnos de que se halla a un nivel contaminante muy inferior a los estándares de seguridad«, declaró este martes el primer ministro Yoshihide Suga, que añadió que el gobierno tomará «medidas» para impedir que esto dañe la reputación de la región afectada.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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