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Las autoridades israelíes son plenamente responsables de esta acción arbitraria contraria a todas costumbre, leyes y convenios internacionales
El lunes 15 de febrero de 2021, las autoridades israelíes denegaron la entrada en la Franja de Gaza de 2.000 dosis de vacuna contra el coronavirus. Las dosis las había enviado el Ministerio de Salud palestino en Ramala pero las autoridades israelíes rechazaron su entrada porque los dirigentes políticos de Israel aún no habían aprobado la solicitud de la Autoridad Palestina para transferir la vacuna a Gaza.
La ministra palestina de Sanidad, la Dra. May Al Kailah, subrayó en comunicado de prensa que las autoridades israelíes impidieron la entrada de 2000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V en la Franja de Gaza. Añadió que las autoridades israelíes son plenamente responsables de esta acción arbitraria contraria a todas costumbre, leyes y convenios internacionales. Al Kailah dijo también que estas dosis estaban destinadas al personal sanitario que atiende a los pacientes de Covid-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), así como al personal sanitario de los servicios de urgencias. Al Kailah afirmó que el gobierno palestino y el Ministerio de Sanidad están en contacto con organizaciones internacionales para suministrar a la Franja de Gaza la vacuna Covid-19 lo antes posible.
La decisión de las autoridades israelíes se produce en un momento en el que el sector sanitario de Gaza se está desmoronando y el coronavirus se está extendiendo; hasta la fecha, 53.593 personas han contraído el virus y 537 han muerto (50.505 se han recuperado y 2.551 casos siguen activos).
El Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) advierte de las graves consecuencias de la negativa israelí a permitir la entrada de la vacuna Covid-19 en la Franja de Gaza, y recuerda que las instalaciones sanitarias de Gaza están agotadas debido a los 14 años de política de bloqueo israelí, con una escasez persistente de medicamentos básicos y dispositivos médicos, así como de personal médico especializado, lo que hace que el sistema sanitario no pueda cubrir las necesidades sanitarias básicas de la Franja de Gaza en tiempos de normalidad ni de proporcionar los servicios médicos necesarios para la población de la Franja.
La situación de las instalaciones sanitarias de Gaza se ha agravado tras el brote de coronavirus, ya que padece escasez de material para realizar pruebas de coronavirus y unidades de cuidados intensivos, respiradores y equipos de diagnóstico, medicamentos, consumibles médicos y equipos de protección para prepararse para combatir el coronavirus.
Ante su temor de que todos los esfuerzos destinados a frenar el brote de Covid-19 en la Franja de Gaza puedan fracasar debido a la prohibición de entrada israelí de la vacuna Covid-19, el PCHR:
- Reafirma que la responsabilidad principal de proporcionar suministros médicos a la población de la Franja de Gaza, incluida la vacuna Covid-19, recae en Israel, de conformidad con los artículos 55 y 56 de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949
- Hace un llamamiento a la comunidad internacional y a la OMS para que presionen a Israel y le obliguen a cumplir con sus obligaciones y a permitir la entrada de todos los suministros médicos en la Franja de Gaza, especialmente la vacuna Covid-19.
Traducción de Miguel Arróniz
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
Cuando un Gobierno habla de ocupar Gaza por fases, ya no estamos ante una guerra: estamos ante un plan.
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Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas
Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le ha contestado con lo único que desmonta la propaganda: pruebas. Y no las había. Ni de que la sanidad fuera a hundirse, ni de que la educación fuera a reventar, ni de que Madrid fuese a convertirse en una especie de apocalipsis administrativo por regularizar a personas migrantes.
El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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Porque cuando una periodista sale así, cuando compañeras y compañeros lamentan públicamente las formas, cuando la plantilla tiene que defender su profesionalidad, la palabra independencia empieza a sonar menos a principio y más a decorado.
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