Nacho Cano, la pirámide del privilegio que acabó con 6,2 millones en deudas 

El musical apadrinado durante años por Ayuso terminó en concurso de acreedores, debiendo dinero a IFEMA, a la Seguridad Social, a inversores y a trabajadoras y trabajadores despedidos.

El gran espectáculo de Nacho Cano prometía contar la conquista de México como una luminosa historia de amor, evangelización y mestizaje. Al final, la obra que mejor retrata su trayectoria no es la que se representaba sobre el escenario, sino la que se desarrollaba detrás: favores políticos, escaparates públicos, despidos improcedentes, un curso sin reconocimiento oficial y una empresa incapaz de pagar sus deudas. Malinche cerró en Madrid en marzo de 2025 y su promotora terminó reconociendo un pasivo de más de 6,2 millones de euros frente a unos activos valorados en 2,5 millones.

El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid admitió el concurso voluntario de Producciones Malinche mediante un auto publicado el 28 de abril de 2026. La sociedad reconocía que no disponía de liquidez para atender sus obligaciones inmediatas. Había dejado de depositar sus cuentas anuales después de 2021, cuando ya declaraba pérdidas de 231.243 euros, pese a disponer entonces de activos por unos 4,5 millones. No fue una caída inesperada. Fue una debacle cocinada durante años bajo los focos.

EL NEGOCIO PRIVADO QUE CRECIÓ A LA SOMBRA DEL PODER

La relación política entre Isabel Díaz Ayuso y Nacho Cano nunca fue discreta. El 2 de mayo de 2021, apenas dos días antes de las elecciones autonómicas, la presidenta madrileña le entregó la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. Cano se arrodilló, fingió devolverle la medalla y convirtió el acto institucional en un mitin de respaldo personal. Tres días después de aquella ceremonia, una de sus sociedades solicitó una ayuda autonómica de 39.371 euros vinculada a la pandemia, que terminó siendo concedida. La cercanía temporal no demuestra por sí sola una irregularidad, pero resume bastante bien la mezcla de propaganda, cultura y poder que acompañaría al proyecto.

El Ayuntamiento de Madrid ofreció después a Cano una parcela municipal de 19.500 metros cuadrados en Hortaleza para instalar Malinche. El proyecto incluía una pirámide de 29 metros de altura, equivalente a unas nueve plantas, y un teatro para alrededor de 1.300 personas. La autorización temporal se tramitó sin concurso público, mediante una cesión directa por cuatro años, con un canon cercano a los 450.000 euros anuales. Mientras las vecinas y vecinos reclamaban equipamientos educativos para el barrio, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida encontraba suelo público para el sueño empresarial de un artista políticamente agradecido. Cano terminó renunciando a la parcela tras la polémica.

Malinche aterrizó entonces en IFEMA, una institución participada en un 62% por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Allí ocupó más de 4.000 metros cuadrados desde su estreno en septiembre de 2022. El respaldo no terminó en la cesión del espacio. El 27 de marzo de 2023, la estación de Metro de Gran Vía acogió una actuación promocional de 14 intérpretes del musical. Un negocio privado disponía así de estaciones, ceremonias y autoridades públicas como parte de su maquinaria publicitaria. El Gobierno regional sostiene que el musical no recibió una subvención directa. El apoyo institucional, sin embargo, no siempre llega en forma de transferencia bancaria. También llega en suelo, promoción, fotografías oficiales y acceso privilegiado.

La alianza sobrevivió incluso a la quiebra. El 4 de mayo de 2026, solo seis días después de publicarse el auto concursal, Ayuso participó en el Frontón México en un acto oficial dedicado a “Malinche y Cortés”, dentro de un viaje institucional de la Comunidad de Madrid. El proyecto empresarial se hundía en España, pero su relato ideológico seguía contando con escenario público en México: la conquista presentada como encuentro civilizador y el colonialismo convertido en producto cultural exportable.

DE LOS DESPIDOS A LA QUIEBRA: LA FACTURA DEL ESPECTÁCULO

Las tropelías más fáciles de acreditar no están en las declaraciones políticas, sino en las sentencias laborales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó que Producciones Malinche debía pagar 24.000 euros a una bailarina despedida de manera improcedente en abril de 2023. La empresa pretendía indemnizarla con unos 6.200 euros, pero los tribunales aplicaron el convenio correspondiente y elevaron la compensación a ocho mensualidades.

El 8 de enero de 2025, el mismo tribunal confirmó otra condena por despido improcedente. En este caso, la productora tuvo que abonar 11.882,95 euros a un artista y músico. La empresa defendía una indemnización cercana a los 2.000 euros aplicando un convenio más barato; la Justicia determinó que correspondía el convenio colectivo de actores y actrices y fijó una compensación de cinco meses. Para las trabajadoras y trabajadores, convenios a la baja. Para el empresario amigo, alfombra institucional. Ese es el verdadero libre mercado de las élites.

El capítulo de los jóvenes mexicanos exige precisión. Nacho Cano fue detenido el 9 de julio de 2024 durante una investigación por posibles delitos contra los derechos de las personas migrantes y de las trabajadoras y trabajadores. El músico respondió acusando a la Policía de actuar por su apoyo a Ayuso, llamó “criminales” a los agentes y llegó a sugerir que podía aparecer muerto en una cuneta. La causa penal fue archivada provisionalmente el 25 de abril de 2025 porque la Audiencia Provincial consideró que no existían indicios racionales suficientes de entrada clandestina ni explotación laboral. Una segunda inspección también concluyó que no había relación laboral encubierta. No hubo, por tanto, una condena penal contra Cano por este asunto.

Eso no significa que todo estuviera en regla. El 18 de marzo de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estableció que el curso ofrecido por Jana Producciones y vinculado a Malinche no estaba homologado oficialmente. Por ello, la matrícula no otorgaba a los alumnos y alumnas el derecho a obtener una autorización de residencia temporal por estudios. El procedimiento pudo no alcanzar el umbral penal, pero el programa educativo utilizado para justificar la estancia de aquellas personas carecía del reconocimiento que se les había presentado como vía de regularización.

Las bravatas contra la Policía también tuvieron consecuencias empresariales. Renfe rompió en julio de 2024 su acuerdo promocional con Malinche, que permitía descuentos del 30% en los billetes para asistir al espectáculo. La compañía pública alegó el daño reputacional provocado por las declaraciones de Cano. En noviembre de 2025, la productora demandó a Renfe y sostuvo que la cancelación había sido una represalia política. El pleito añadió otra disputa a una empresa que ya acumulaba pérdidas, reclamaciones y problemas de liquidez.

Los números finales desmontan toda la épica empresarial. Malinche perdió cerca de 2 millones de euros en 2023, otros 1,45 millones en 2024 y aproximadamente 3,9 millones en 2025. El público cayó desde 261.488 espectadores en 2023 hasta 114.561 en 2024, menos de la mitad. La sociedad dejó casi un millón de euros pendiente con IFEMA, incluidos 249.260 euros que la institución tuvo que asumir para desmontar las instalaciones abandonadas. También reconoció una deuda de unos 238.000 euros con la Seguridad Social. Entre las entidades acreedoras aparecen empresas vinculadas a Sandra Ortega, el empresario argentino Carlos Añaños, Hijos de Rivera, Prosegur y numerosos proveedores.

El capitalismo de amiguetes siempre empieza igual: el empresario pone el relato, el poder público pone el escenario y, cuando cae el telón, las trabajadoras, los acreedores y los organismos públicos se quedan esperando el dinero.