La pareja de Ayuso declara por el señalamiento de periodistas de MAR 

El caso González Amador ya no va solo de impuestos: va de cómo una maquinaria política intentó convertir a periodistas en objetivos.

EL BULO COMO ESCUDO DEL PODER

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, vuelve este 30 de junio al juzgado. No para una escena menor, ni para un trámite decorativo. El empresario está citado como testigo para explicar si fue él quien mandó a Miguel Ángel Rodríguez la fotografía de dos periodistas de El País que acudieron a las inmediaciones del domicilio que comparte con la presidenta madrileña. Periodistas. No delincuentes. No acosadores. Periodistas investigando un caso de fraude fiscal y la compra de un piso vinculado al empresario.

La pregunta judicial es sencilla y políticamente devastadora: si González Amador pasó esas imágenes a Rodríguez y si después el jefe de gabinete de Ayuso las difundió entre medios junto con el bulo de que los reporteros habían acosado a vecinos de la presidenta, incluso a menores. Así funciona la cloaca elegante del poder: primero se señala, luego se intoxica, después se habla de libertad.

Los hechos vienen de marzo de 2024, cuando elDiario.es reveló que la Fiscalía acusaba a González Amador de defraudar más de 350.000 euros mediante un entramado de facturas falsas. Poco después, también se publicó que Ayuso y su pareja vivían en un piso comprado por el empresario tras ese fraude denunciado por la Fiscalía. A partir de ahí, la estrategia del entorno presidencial fue la de siempre: no explicar, atacar. No aclarar, disparar. No rendir cuentas, fabricar enemigos.

Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso, asumió la defensa política y mediática de González Amador. Desde su puesto institucional, no desde una tertulia de bar. Y lo hizo con el estilo de quien confunde la comunicación pública con una sala de máquinas para triturar adversarios. A una periodista de elDiario.es le escribió una amenaza que ya forma parte del manual negro de la política madrileña: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Ayuso lo rebajó después a conversaciones con “gente de confianza”. Qué confianza tan rara. Qué concepto tan mafioso de la confianza.

La cosa no quedó ahí. Rodríguez también difundió el bulo de que periodistas de elDiario.es habían intentado asaltar violentamente el domicilio de la presidenta. Y, pocos días después, distribuyó entre medios la foto de dos reporteros de El País bajo una acusación falsa. Varios medios publicaron esa versión. Algunos, según la información original, han borrado ese contenido durante estos dos años. Tarde, mal y sin reparar el daño. Porque el señalamiento ya había cumplido su función: poner una diana sobre las y los periodistas que estaban haciendo su trabajo.

UNA MAQUINARIA CONTRA LA PRENSA

El problema no es solo Miguel Ángel Rodríguez. El problema es el ecosistema. Una red política, mediática y ultra que convierte cualquier investigación incómoda en una supuesta conspiración contra Ayuso. Si se investiga a su pareja, es ataque a la presidenta. Si se pregunta por Hacienda, es persecución. Si una o un periodista llama a una puerta, es acoso. Si se publica un documento, es guerra sucia. La verdad molesta menos cuando se la entierra bajo toneladas de barro.

Rodríguez declaró como imputado en mayo en los juzgados de Plaza de Castilla. A las puertas del juzgado dijo que las fotos procedían de “un vecino enfadado” de Ayuso y González Amador. Dentro, ante la jueza, la versión cambió. Reconoció que no era un vecino, sino el propio González Amador quien le habría remitido la imagen de los periodistas. Luego lo arregló con una frase casi cómica si no fuese tan grave: “Me he expresado mal”. No. Expresarse mal es confundir una fecha. Decir primero una cosa y después otra sobre el origen de unas fotografías usadas para señalar a profesionales de la información es bastante más serio.

También dijo que no conservaba los mensajes con los que difundió el bulo y la imagen de los periodistas. Todo muy conveniente. La memoria falla, los mensajes desaparecen, las versiones mutan. Pero el señalamiento ocurrió. Las fotografías circularon. Las identidades fueron expuestas. Y agitadores de extrema derecha las usaron para amplificar la persecución. La fábrica del fango no necesita pruebas: le basta con una imagen, un WhatsApp y una jauría.

El juzgado investiga a Rodríguez por la posible difusión de datos de los periodistas. La Audiencia Provincial de Madrid obligó a abrir diligencias penales después de que inicialmente se rechazara investigar la denuncia del PSOE y de los propios reporteros del grupo Prisa. Es decir, tuvo que llegar una instancia superior para recordar algo bastante elemental: señalar periodistas desde el poder no puede tratarse como una travesura de gabinete.

Hay otro punto especialmente delicado. Los dos reporteros de El País habían sido previamente identificados por los escoltas de la presidenta madrileña. La jueza también quiere saber si Rodríguez pudo obtener esos datos a través de los agentes y no solo de González Amador. La magistrada llegó a citar a los dos policías, aunque suspendió su comparecencia para decidir si debían declarar como testigos o como imputados. Ahí aparece una pregunta todavía más oscura: si recursos de seguridad pública, pagados por todas y todos, pudieron acabar de algún modo en una operación de señalamiento político-mediático.

Rodríguez intentó despejar esa sombra con otra frase calculada: “Lo más importante es que la Policía no me pasó nada. La Policía no entra en casa de los vecinos para hacer fotos”. Pero el juzgado no investiga literatura. Investiga hechos. Y los hechos, de momento, dibujan un cuadro sucio: un empresario acusado por la Fiscalía de defraudar más de 350.000 euros, una presidenta que convierte cualquier pregunta en una agresión, un jefe de gabinete que amenaza a medios, bulos contra periodistas, fotos distribuidas y una extrema derecha siempre dispuesta a hacer de brazo callejero del poder.

Lo más indecente es la inversión moral. Quienes viven rodeados de privilegios se presentan como víctimas. Quienes manejan instituciones se disfrazan de perseguidos. Quienes tienen altavoces, escoltas, gabinetes y terminales mediáticas acusan de acoso a quienes preguntan. No era protección de la intimidad: era protección del poder.

Y mientras tanto, el caso sigue creciendo. No por una conspiración, sino porque cada explicación abre otra grieta. Cada versión corregida deja más preguntas. Cada ataque a la prensa confirma una forma de gobernar basada en el miedo, la bronca y la impunidad. Lo llaman libertad. Pero cuando el poder señala a periodistas para tapar un fraude fiscal, lo que aparece no es libertad: es una amenaza con membrete institucional.