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Mientras la Región de Murcia presume de presupuestos y planes, madres, padres y docentes venden papeletas para que niñas y niños no den clase dentro de hornos a más de 30 grados.
Una Thermomix. Un jamón ibérico. Varias botellas de vino. Ese es el catálogo de premios con el que las familias del CEIP Ana Caicedo, en Lorca, han tenido que improvisar una solución que debería avergonzar a cualquier administración pública: rifar productos para poder instalar aire acondicionado en un colegio. En pleno mayo. En pleno 2026. En una región donde el calor extremo ya no es una excepción, sino una rutina.
Han repartido 10.000 papeletas a dos euros para intentar reunir los 50.000 euros necesarios para climatizar parte del centro. Parte. Porque ni siquiera llega para todo. El colegio tiene 459 alumnos y alumnas y el dinero apenas cubrirá unas 12 aulas, dejando otras ocho pendientes para el próximo curso. La escena es brutal. Familias organizando sorteos para garantizar condiciones mínimas de dignidad mientras la Administración acumula anuncios, titulares y promesas recicladas.
Y luego hablan de igualdad de oportunidades. Claro.
EL NEGOCIO DE LA DEJACIÓN
Lo que está ocurriendo en la Región de Murcia no es un accidente puntual ni un problema técnico. Es una forma de abandono político perfectamente reconocible. La comunidad educativa lleva años denunciando temperaturas insoportables en las aulas. “Más de 30 grados a las diez de la mañana”, explica el AMPA del CEIP Ana Caicedo. Hay docentes que hablan de mareos, sudor constante y clases imposibles. “Hay aulas que son auténticos hornos”, resume Vladimir Solá, de Docentes Unidos.
La imagen es difícil de maquillar: niñas y niños intentando concentrarse mientras el termómetro supera límites incompatibles con cualquier entorno laboral mínimamente serio. Porque aquí está la clave. Nadie aceptaría trabajar ocho horas en una oficina pública sin climatización. Nadie diseñaría un despacho institucional a 32 grados. Pero cuando se trata de la educación pública, todo parece negociable.
La comparación que hace el portavoz socialista Ginés Ruiz Macía es demoledora: “Es como ir al centro de salud y que los pacientes tengan que comprar la máquina de rayos X porque la Administración no la ha puesto”. Exactamente eso. Privatización silenciosa disfrazada de esfuerzo colectivo. Familias sustituyendo al Estado. Otra vez.
Y la situación roza ya lo grotesco. Según denuncias recogidas por la comunidad educativa, algunas editoriales ofrecen aparatos de aire acondicionado a cambio de que los centros elijan sus libros de texto. Es decir, el modelo pedagógico condicionado por quién paga el aparato que enfría la clase. El mercado entrando por la ventana porque la Administración decidió salir por la puerta hace tiempo.
Mientras tanto, el Gobierno regional del PP sigue refugiándose en anuncios grandilocuentes. Hablan de inversiones millonarias. De modernización energética. De planes plurianuales. Pero los números reales cuentan otra historia mucho menos amable.
En 2025 se presupuestaron 3.235.304 euros para climatización y eficiencia energética en centros educativos. ¿Cuánto se ejecutó realmente? 217.899,93 euros. Menos del 7%. Otra partida del FEDER de 1.482.367,99 euros directamente quedó sin gastar. Ni siquiera hablamos de falta de recursos. Hablamos de dinero presupuestado que no llegó a utilizarse mientras alumnado y profesorado daban clase dentro de edificios convertidos en radiadores gigantes.
Eso sí que es eficiencia energética. Ahorrarse la inversión dejando que la gente se cueza dentro.
AULAS A 30 GRADOS Y POLÍTICOS A 21
El caso del IES Valle de Leiva, en Alhama de Murcia, resume perfectamente el disparate. Un centro inaugurado en 2023. Nuevo. Recién construido. Y sin aire acondicionado operativo. Tres años después, el director todavía habla de “tres años de infierno”.
El centro tuvo que suspender o adelantar jornadas hasta en once ocasiones por estrés térmico. El protocolo oficial fijaba el umbral en 27 grados, aunque el instituto decidió actuar a partir de los 30 porque aquello ya era directamente inviable. La respuesta institucional fue sugerir la compra de “pingüinos”, esos aparatos portátiles que apenas sirven para mover aire caliente de un lado a otro.
Chapuzas para la pública. Despachos refrigerados para quienes toman las decisiones.
La situación ha obligado a AMPAS, sindicatos como Sterm, CCOO y UGT, junto a organizaciones estudiantiles, a crear un “grupo de calor” para presionar a la Consejería. Están haciendo mapas térmicos, midiendo temperaturas y preparando denuncias ante Inspección de Trabajo. Porque sí, hemos llegado al punto en que hay que demostrar oficialmente que dar clase a más de 30 grados no es precisamente saludable.
Y aun así, la Región de Murcia sigue siendo la única comunidad del sur sin legislación específica sobre condiciones térmicas en centros educativos. Extremadura aprobó su ley en 2019. Andalucía en 2020. Castilla-La Mancha en 2024. Murcia, no. Murcia sigue atrapada entre anuncios futuros y presupuestos fantasmas.
El diputado de IU-Verdes José Luis Álvarez-Castellanos lo resume sin demasiadas vueltas: “Puede ir anunciando lo que quiera, porque el año que viene volverá a anunciar, sin haber gastado nada”.
Ese es el verdadero problema. No es solo el calor. Es la normalización de que las familias tengan que financiar servicios básicos mientras las administraciones convierten cada derecho en una campaña de marketing institucional. Primero fueron las extraescolares. Luego el material escolar. Ahora el aire acondicionado.
La educación pública convertida en crowdfunding mientras quienes gobiernan siguen hablando de libertad desde edificios perfectamente climatizados.
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