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La Audiencia Nacional atribuye a Santos Cerdán un papel central en la estrategia y apunta a la financiación de varias actuaciones desde el entorno del partido.
UNA INVESTIGACIÓN QUE YA NO SE LIMITA A LEIRE DÍEZ
La investigación judicial sobre las maniobras impulsadas por Leire Díez ha dado un salto político importante. El auto firmado por el juez Santiago Pedraz sitúa por primera vez a dirigentes y estructuras vinculadas al PSOE dentro de una operativa que, según la Audiencia Nacional, buscaba influir en causas judiciales que afectaban al Gobierno y al partido.
Hasta ahora, el foco público se había concentrado principalmente en la figura de la exmilitante socialista y en sus contactos con empresarios, abogados y periodistas. El nuevo auto amplía el alcance. Y lo hace señalando directamente a Santos Cerdán como una figura clave dentro de esa dinámica. Según el juez, el exsecretario de Organización habría tenido un papel “estratégico” y de “jerarquía superior” dentro de la estructura investigada.
La resolución sitúa el origen de estas actuaciones en abril de 2024, durante los cinco días de reflexión anunciados por Pedro Sánchez tras la imputación de Begoña Gómez. Según el magistrado, en ese periodo se produjo una reunión en la sede federal del PSOE entre Santos Cerdán, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y el entonces director de comunicación Ion Antolín.
El auto sostiene que, a partir de ese momento, se puso en marcha una estrategia destinada a recopilar información sobre fiscales, mandos policiales y procedimientos judiciales considerados sensibles para el entorno socialista. El juez habla expresamente de actuaciones dirigidas a “desestabilizar” causas que afectaban al Gobierno o al PSOE.
Uno de los elementos más relevantes de la resolución es el volumen de actividad documentada. La Audiencia Nacional recoge hasta 39 reuniones, de las cuales al menos 22 se habrían celebrado en la sede de Ferraz. Para el magistrado, ese dato refuerza la hipótesis de que el partido habría asumido parte de la logística relacionada con estas actuaciones.
También aparecen referencias económicas concretas. Según el auto, la consultora Zaño, vinculada al exdirigente andaluz Gaspar Zarrías, abonó a Leire Díez un total de 16.000 euros durante cuatro meses. Posteriormente, otros pagos habrían sido canalizados a través de sociedades relacionadas con el abogado Ismael Oliver mediante una operativa que el juez considera diseñada para dificultar la trazabilidad de los fondos.
CONTACTOS CON FISCALES, GUARDIAS CIVILES Y EMPRESARIOS
La resolución judicial reconstruye varios episodios que ya habían aparecido en investigaciones anteriores, aunque ahora integrados dentro de una misma narrativa judicial más amplia. Entre ellos figura el intento de obtener información sobre el fiscal anticorrupción José Grinda y otros miembros de la Fiscalía o de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
El juez recoge que se produjeron ofrecimientos de favores profesionales, apoyo económico o posibles mejoras laborales a personas vinculadas a distintas investigaciones. En algunos casos, según las anotaciones intervenidas, se habrían planteado incluso ofertas económicas de hasta 300.000 euros.
Uno de los episodios citados afecta al comandante Rubén Villalba. Según el auto, Leire Díez le ofreció apoyo para su defensa judicial y la posibilidad de recuperar responsabilidades dentro del cuerpo a cambio de información sobre determinados fiscales y mandos de la UCO.
También aparece mencionado el fiscal Ignacio Stampa, que habría recibido propuestas relacionadas con su posible retorno a Anticorrupción y con la mediación en un litigio personal. El juez interpreta estos movimientos como parte de una estrategia más amplia para influir en investigaciones abiertas.
Otro de los aspectos destacados del auto es la referencia a pagos relacionados con medios de comunicación y despachos de abogados. La Audiencia Nacional señala que el PSOE habría abonado cerca de 20.000 euros a Crónica Libre y hasta 125.000 euros al abogado Jacobo Teijelo mediante documentación que considera “aparente” o “falaz”.
La investigación también incorpora un episodio relacionado con la empresaria Carmen Pano, quien aseguró haber entregado dinero en la sede de Ferraz. Según el magistrado, se habría intentado negociar una modificación de su testimonio antes de su declaración judicial. La defensa de las personas implicadas niega estas acusaciones y rechaza el contenido del auto.
El caso abre ahora una nueva fase política y judicial. No solo por las imputaciones conocidas, sino porque la Audiencia Nacional sitúa por primera vez la supuesta operativa dentro de un marco organizativo más amplio, conectado directamente con estructuras y recursos vinculados al PSOE.
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