Mamdani plantea 200.000 viviendas asequibles nuevas y expone cómo golpear el corazón del negocio inmobiliario 

La vivienda no se arregla rezando al mercado: se arregla poniendo dinero público, suelo, normas y poder político contra quienes han convertido vivir bajo techo en una subasta permanente.

LA CIUDAD QUE CONSTRUYEN LAS Y LOS TRABAJADORES NO PUEDE EXPULSARLOS

El 26 de mayo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó su plan “Block by Block: The Housing Plan for a New Era”, una propuesta que busca construir 200.000 nuevas viviendas asequibles y preservar otras 200.000 durante la próxima década. En total, 400.000 viviendas frente a una crisis que ya no admite maquillaje, tecnocracia blanda ni ruedas de prensa con promesas de cartón piedra. La oficina del alcalde lo presentó como una respuesta a la crisis habitacional “con la urgencia y la escala” que exige el momento. Bien. Porque la urgencia no la marca Wall Street. La marca quien no puede pagar el alquiler.

El plan se sostiene sobre una inversión de capital de 22.000 millones de dólares en cinco años, una cifra que representa aproximadamente una sexta parte del plan de capital municipal para ese periodo. No es una partida simbólica. No es una ayuda para decorar la miseria. Es una intervención pública de gran escala en una ciudad donde el mercado inmobiliario lleva décadas actuando como una maquinaria de expulsión. La ciudad más grande de Estados Unidos, dijo Mamdani, tiene “los recursos, el talento y la voluntad” para hacerlo. La frase importa porque rompe con la coartada habitual: no se puede, no hay dinero, no es realista. Sí se puede. Lo que falta casi siempre es voluntad contra los propietarios, fondos y promotores que viven del chantaje del ladrillo.

La propuesta no se limita a levantar viviendas nuevas. También incluye cambios en el código de zonificación para impulsar centenares de cooperativas de vivienda, una agenda de uso del suelo para aumentar la producción en los cinco distritos y nuevas herramientas de financiación para construir y preservar vivienda asequible con más rapidez. Traducido: sacar el urbanismo del altar privado y devolverlo, aunque sea parcialmente, al terreno de lo común. Porque cuando una ciudad permite que cada metro cuadrado sea tratado como activo financiero, las y los vecinos dejan de ser población y pasan a ser obstáculos. Sobran pobres. Sobran inquilinas e inquilinos. Sobran familias enteras.

Mamdani también aseguró que la construcción y mantenimiento de estas unidades aumentaría en un 45% el número de hogares disponibles para neoyorquinas y neoyorquinos sin vivienda. Ese dato no es menor. La falta de vivienda no es una tragedia natural. Es una decisión política acumulada. Es el resultado de permitir que haya edificios vacíos, alquileres imposibles, viviendas deterioradas y personas durmiendo en la calle en la misma ciudad donde se concentra una riqueza obscena. Nueva York no tiene un problema de escasez abstracta. Tiene un problema de poder. Y este plan, con todos sus límites, apunta justo ahí.

PONER AL GOBIERNO AL VOLANTE Y A LOS CASEROS BAJO INSPECCIÓN

Uno de los elementos más incómodos para el bloque inmobiliario es que el plan no se arrodilla ante los caseros con historial problemático. La alcaldía prevé inspecciones coordinadas de arriba abajo, las llamadas “roof-to-cellar”, en edificios con quejas persistentes y con inquilinas e inquilinos organizados. También plantea una reforma del sistema de respuesta a denuncias por problemas de código y calefacción, permitiendo que las y los inquilinos puedan programar algunas inspecciones del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda. Esto no es burocracia. Es disputa de poder cotidiana. Es entrar donde el propietario prefiere que no entre nadie.

El plan incluye cerca de 5 millones de dólares para ayudar a propietarios a reparar problemas de mantenimiento acumulados y cubrir alquileres impagados, pero la parte decisiva está en el control. Ayuda, sí. Impunidad, no. Durante demasiado tiempo, las administraciones han confundido política de vivienda con subvencionar al rentista para que siga mandando. Aquí aparece otra lógica: si el edificio se cae, si no hay calefacción, si las condiciones son indignas, la ciudad no puede mirar al techo y esperar a que el mercado tenga un gesto humano. El mercado no tiene gestos humanos. Tiene balances.

La inversión en NYCHA, la autoridad de vivienda pública de Nueva York, también ocupa un lugar central. Mamdani dirige alrededor de 5.600 millones de dólares a renovar unidades existentes y reducir listas de espera. NYCHA cuenta con más de 170.000 viviendas, muchas de ellas antiguas y necesitadas de reparaciones graves. Esto es clave: preservar vivienda pública no luce tanto como cortar una cinta ante un edificio nuevo, pero sostiene vidas. Sostiene barrios. Sostiene a las personas a las que el mercado ya habría expulsado sin pestañear.

La alcaldía sostiene que el programa generará una media de 30.000 empleos al año durante la construcción y 12.700 empleos permanentes una vez completado. También plantea estándares laborales, incluido un salario mínimo de 40 dólares por hora con beneficios para trabajadoras y trabajadores en proyectos financiados por la ciudad. Aquí hay otra batalla. La vivienda asequible no puede levantarse sobre explotación laboral. No sirve construir hogares para unas personas precarizando a otras. Esa trampa ya la conocemos. Es la vieja ingeniería moral del capitalismo: enfrentar a pobres contra pobres mientras alguien cobra por arriba.

Los sectores inmobiliarios y empresariales ya han empezado a quejarse. Era previsible. Cuando el poder público se atreve a intervenir, quienes llevan años beneficiándose de la crisis hablan de exceso, de carga, de ideología. Curiosa palabra. Ideología es aceptar que una familia entregue medio sueldo o más para dormir bajo techo. Ideología es permitir que el derecho a la vivienda dependa del apetito de fondos, bancos y grandes propietarios. Ideología es llamar “inversión” a lo que para miles de personas es miedo a final de mes.

Mamdani dijo que se trata de poner al gobierno municipal “en el asiento del conductor” y demostrar que la administración puede resolver los problemas difíciles, no solo debatirlos. Esa es la grieta política. No basta con diagnosticar. No basta con compadecerse de las y los expulsados. Una ciudad que se dice democrática tiene que elegir entre proteger a quienes viven en ella o proteger la rentabilidad de quienes la compran por partes. Y esta vez, al menos sobre el papel, Nueva York ha puesto una cifra sobre la mesa: 400.000 viviendas, 22.000 millones de dólares, cinco años de inversión inicial y una década para disputar el suelo a quienes lo habían convertido en botín. La vivienda no es un lujo urbano: es la frontera donde una democracia demuestra si gobierna para la gente o para sus propietarios.