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La eurodiputada denuncia amenazas de muerte que incluyen la difusión de su domicilio. No es un caso aislado: es la violencia política que intenta expulsar a las mujeres del espacio público.
La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional amenazas de muerte procedentes de una organización neonazi y ha solicitado protección al Ministerio del Interior. Según ha confirmado el propio ministerio, la petición ya está siendo evaluada mediante una valoración de riesgo.
Las amenazas se produjeron en los últimos días, según fuentes de Podemos, y contienen un elemento especialmente grave: la referencia directa al domicilio de la eurodiputada, donde viven sus hijos menores de edad y su pareja, Pablo Iglesias.
Los hechos se hicieron públicos el 8M, durante las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer. Desde la manifestación celebrada en Madrid, Montero explicó que la denuncia no responde únicamente a una amenaza individual, sino a un fenómeno más amplio: la violencia política dirigida contra mujeres feministas que participan en el debate público.
“Nosotras no vamos a abandonar el espacio público que es tan nuestro como de cualquier otra persona”, declaró la eurodiputada.
Su denuncia apunta a una realidad incómoda para cualquier democracia: la política puede convertirse en un territorio hostil cuando quienes participan en ella son mujeres que cuestionan el poder establecido.
LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES
Las amenazas denunciadas por Montero no aparecen en el vacío. Forman parte de un fenómeno que organismos internacionales llevan años documentando: la violencia política de género.
Un informe de ONU Mujeres publicado en 2021, titulado Violence against women in politics, señala que el 82 % de las mujeres que ejercen cargos públicos en el mundo ha sufrido violencia psicológica, incluyendo campañas de odio, insultos, humillaciones o amenazas.
Más preocupante aún: una de cada cinco ha recibido amenazas de violencia física o sexual.
En España, este tipo de violencia adopta con frecuencia una forma híbrida. El acoso digital se combina con la intimidación fuera de internet, y en ocasiones llega a incluir la difusión de datos personales.
En el caso de Montero, la gravedad aumenta porque las amenazas señalan el lugar donde vive su familia, algo que introduce un componente de presión y miedo que trasciende la confrontación política.
Durante su intervención el 8 de marzo de 2026, la eurodiputada subrayó que el problema no afecta únicamente a cargos institucionales. Recordó también a periodistas y activistas feministas como Cristina Fallarás o Sarah Santaolalla, que han denunciado en diferentes ocasiones campañas de odio, acoso y amenazas.
“Todos los días hay mujeres en el ámbito público recibiendo insultos, humillaciones, ridiculización y amenazas muy serias”, señaló.
EXPULSAR A LAS MUJERES DEL ESPACIO PÚBLICO
La violencia política contra las mujeres no es solo un problema de seguridad individual. Es una estrategia de intimidación colectiva.
El objetivo no es únicamente dañar a una persona concreta. Es enviar un mensaje a todas las demás: participar en política puede tener consecuencias personales, familiares y profesionales.
La investigadora Mona Lena Krook, autora del libro Violence Against Women in Politics (Oxford University Press, 2020), explica que estas agresiones forman parte de un intento sistemático de restringir la presencia femenina en los espacios de poder.
No se trata únicamente de insultos o campañas de desprestigio. Se trata de delimitar quién puede hablar y quién debería callar.
Cuando las amenazas incluyen la difusión de direcciones personales o referencias a la familia, el mensaje se vuelve todavía más explícito.
No es una discusión política. Es una advertencia.
Por eso Montero insistió en que la denuncia tiene también una dimensión política. Según explicó, la propia Policía ha considerado que las amenazas requieren atención.
Durante su intervención en la manifestación del 8M, situó estas agresiones dentro de un conflicto ideológico más amplio.
“Al fascismo lo paramos las feministas”, afirmó.
Y añadió: “Ellos dicen todo el rato que el peligro es el feminismo. Nosotras respondemos que el peligro son ellos”.
La frase resume el choque que atraviesa muchas democracias contemporáneas: el enfrentamiento entre quienes reclaman igualdad y quienes consideran esas demandas una amenaza para el orden social.
En ese terreno, el odio no aparece de repente. Primero se normaliza el insulto, luego llega la intimidación y finalmente aparecen las amenazas.
Cuando una organización neonazi puede señalar la puerta de tu casa por hacer política feminista, el problema ya no es Irene Montero: es la salud de la democracia.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
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Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
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El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.