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Un comisario que debía jubilarse a los 65 años fue blindado por decreto en 2024
La dimisión del director adjunto operativo de la Policía Nacional es la constatación de que el poder, cuando se ejerce sin control real, termina creyéndose impune. El comisario principal José Ángel González ha abandonado el cargo el 17 de febrero tras conocerse que un juzgado de Madrid le investiga por una denuncia de agresión sexual con penetración presentada por una subordinada. Está citado a declarar el 17 de marzo de 2026, el mismo día que la denunciante.
El auto judicial, firmado por el magistrado David Maman Benchimol, habla de “hechos que presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales”. No es una filtración. Es una investigación formal en curso.
Según la querella, la agente mantuvo en el pasado una relación con el comisario siendo su subordinada. Ella decidió romperla. A partir de ahí, describe una conducta de acoso obsesivo que culmina el 23 de abril de 2025 cuando, tras ordenarle que le llevara a su domicilio, presuntamente la agredió sexualmente después de que ella se negara a mantener relaciones.
No es solo una denuncia. Es una radiografía del abuso jerárquico en una institución armada.
PODER POLICIAL Y RELACIONES DE DOMINACIÓN
En cualquier cuerpo jerarquizado, la diferencia de rango no es un detalle administrativo. Es una estructura de poder. Cuando un mando superior mantiene o intenta mantener una relación con una subordinada, la asimetría es estructural. El consentimiento en esas condiciones nunca es un terreno neutral.
El comisario ingresó en el cuerpo en 1984, procedente de la Policía Armada de carácter militar. Fue jefe superior en Melilla desde 2013 y posteriormente en Aragón. En 2018, tras el cambio de Gobierno, fue nombrado director adjunto operativo, el número dos real de la Policía Nacional. Desde entonces ha sido una figura central del aparato policial.
Su perfil no era el de un técnico discreto. Creció profesionalmente en los antidisturbios. Representa una generación formada en la lógica del orden público como prioridad política. Durante ocho años, ha sido el principal aliado del director general, Francisco Pardo, en la gestión del cuerpo.
El problema no es solo individual. Es institucional. ¿Qué mecanismos existen para que una agente denuncie a su superior jerárquico directo sin quedar expuesta a represalias, aislamiento o descrédito? ¿Cuántas denuncias no llegan a formalizarse porque la víctima sabe que la cadena de mando es también la cadena de poder?
Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del Ministerio de Igualdad (2019), el 40,4% de las mujeres que han sufrido acoso sexual en el ámbito laboral señalan que el agresor era un superior jerárquico. No hablamos de excepciones. Hablamos de patrones.
El uniforme no suspende las dinámicas patriarcales. Las refuerza cuando no hay contrapesos efectivos.
UN DECRETO PARA ALARGAR UN MANDATO
Hay un dato que resulta imposible ignorar. En diciembre de 2024, José Ángel González cumplía 65 años, la edad de jubilación. Sin embargo, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, dentro de un paquete urgente sobre la DANA, que permitió modificar el régimen del director adjunto operativo para evitar su jubilación automática.
La reforma legal hizo posible que permaneciera en el cargo hasta ser cesado o dimitir. Es decir, se adaptó la norma a la persona.
Cuando las leyes se modifican para sostener trayectorias individuales, el mensaje político es claro: la estabilidad del mando está por encima del principio general.
Ese blindaje prolongó su permanencia en el puesto más allá del límite ordinario. Hoy, ese mismo mando ampliado por decreto está bajo investigación por agresión sexual.
No se trata de afirmar culpabilidades antes de tiempo. Corresponde a las y los jueces determinar los hechos. Se trata de señalar que el sistema político decidió prolongar el mandato de un alto cargo policial con una reforma urgente en noviembre de 2024, y que en abril de 2025 se produjo la agresión denunciada.
Las fechas importan. Las decisiones también.
En una democracia, el control civil sobre las fuerzas de seguridad no puede reducirse a nombramientos y fotos oficiales. Debe implicar mecanismos de rendición de cuentas efectivos, protección real a denunciantes y protocolos independientes frente al abuso de poder.
La Policía Nacional no es una estructura privada. Es un servicio público sostenido con recursos públicos. Cuando el número dos del cuerpo dimite por una investigación de violación, el debate no es solo penal. Es político.
La violencia sexual no es un desliz personal. Es la expresión más cruda de una cultura de poder que se cree intocable.
Y cuando ese poder ha sido reforzado por reformas a medida, el silencio institucional ya no es prudencia. Es complicidad estructural.
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