El gran chantaje 

Ghislaine Maxwell usa el silencio como moneda de cambio mientras el poder político estadounidense se protege a sí mismo

Estados Unidos asiste a una escena obscena, no por lo que se revela, sino por lo que se negocia. Ghislaine Maxwell, condenada en 2021 por tráfico sexual de menores, se sienta ante el Congreso y no dice nada. No porque no sepa. No porque no recuerde. Porque sabe demasiado y ha decidido poner precio a su silencio.

El 9 de febrero, Maxwell compareció ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución de EE. UU., el derecho a no declarar para no autoincriminarse. Hasta aquí, la legalidad. Lo que viene después es el escándalo político: su abogado ofreció un trueque explícito. Hablará si el presidente Donald Trump le concede inmunidad o indulto, y a cambio está dispuesta a exculpar tanto a Trump como a Bill Clinton.

No es una insinuación. No es un rumor. Es un chantaje verbalizado ante el Congreso de los Estados Unidos.

Ghislaine Maxwell no es una testigo cualquiera. Es la pieza central del entramado de abuso, captación y explotación sexual de menores construido durante décadas junto a Jeffrey Epstein. Fue su cómplice, su intermediaria, su escudo social y político. Y hoy actúa como lo que siempre fue: una gestora del silencio al servicio del poder.

EL SILENCIO COMO ARMA POLÍTICA

El presidente del comité, el republicano James Comer, calificó la negativa a declarar como “muy decepcionante”. Una formulación suave para lo que en realidad es una humillación institucional. Maxwell no solo se niega a responder preguntas sobre quiénes violaron y traficaron con niñas y mujeres. Exige una recompensa presidencial para contar su versión de los hechos.

Su abogado, David Oscar Markus, fue aún más lejos. Alegó que la condena de Maxwell se basó en un juicio “fundamentalmente injusto”, citando mentiras del jurado, promesas de inmunidad incumplidas y documentos supuestamente concluyentes. Y remató la jugada con una frase que debería figurar en cualquier manual de decadencia democrática: solo Maxwell puede explicar por qué Trump y Clinton son inocentes, y el público “tiene derecho” a escuchar esa explicación.

No hay interés por las víctimas. No hay voluntad de reparación. Hay una operación política de blanqueamiento preventivo.

Desde el ala demócrata, Robert Garcia fue más claro: “No respondió a ninguna pregunta sobre los hombres que violaron y traficaron con mujeres y niñas. ¿A quién está protegiendo?”. La pregunta es pertinente, pero incompleta. No se trata solo de a quién protege, sino de quién la protege a ella.

El trato privilegiado no es una teoría. En el verano de 2025, Maxwell fue trasladada de una prisión federal en Florida a un campamento penitenciario de baja seguridad en Texas, después de reunirse durante dos días con Todd Blanche, entonces fiscal general adjunto de Trump. Un movimiento administrativo que huele a pago anticipado.

LOS ARCHIVOS EPSTEIN Y EL MIEDO A LOS NOMBRES

Mientras Maxwell calla, el Congreso intenta leer. Literalmente. El mismo 9 de febrero de 2026, varias y varios congresistas acudieron a una oficina del Departamento de Justicia en Washington para examinar versiones no censuradas de los archivos Epstein. Sin dispositivos electrónicos. Sin asesores. Solo notas a mano.

Jamie Raskin pasó varias horas en la sala de lectura y salió con una advertencia demoledora: incluso dedicando todo el tiempo del día, harían falta meses para revisar la documentación completa. Esa es la dimensión del encubrimiento.

La situación se agrava por la actuación del propio Departamento de Justicia, que publicó datos personales de víctimas, incluidas fotografías íntimas, mientras censuraba información que podría conducir a investigaciones penales contra personas asociadas a Epstein. Incompetencia y protección selectiva, una combinación demasiado conocida.

El congresista republicano Thomas Massie, copatrocinador de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein junto a Ro Khanna, aseguró haber encontrado seis nombres de hombres “probablemente incriminados” en los documentos no censurados. Dijo que podrían ser nombrados en un discurso parlamentario, protegido constitucionalmente frente a demandas.

Khanna fue más allá: no solo Epstein y Maxwell participaron en los abusos. Una afirmación obvia, pero políticamente explosiva.

Las consecuencias ya cruzan fronteras. En el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer resiste tras conocerse los vínculos entre Epstein y su exembajador en Estados Unidos. Las crisis políticas se multiplican fuera, mientras dentro el sistema aguanta.

Raskin lo resumió con una frase que define el estado del país: el deterioro general de la vida política estadounidense ha normalizado lo intolerable. El abuso sistemático de menores se convierte en ruido de fondo cuando amenaza a los poderosos.

Ghislaine Maxwell no guarda silencio por miedo. Calla porque el silencio sigue siendo rentable.