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Cuando el dolor se convierte en herramienta, la política española vuelve a mostrar su rostro más cínico
El 20 de enero, con 42 personas muertas y decenas de heridas tras el descarrilamiento del Iryo en Adamuz, el país asistió a una escena ya conocida. Minutos de recogimiento, cámaras en fila, palabras medidas. Y, casi sin transición, el retorno al cálculo. El duelo como pausa técnica. La tragedia como munición. El respeto como decorado que se retira en cuanto deja de ser rentable.
La liturgia es antigua. En julio de 2006, José Luis Rodríguez Zapatero interrumpió una visita oficial a la India tras el accidente del metro de València que dejó 43 víctimas mortales. Aquella decisión consolidó una norma no escrita. Ante una catástrofe, se para. Se suspende la agenda. Se baja el tono. Se acompaña. No porque la presencia salve vidas, sino porque la ausencia sería obscena. Desde entonces, la política española finge haber aprendido la lección, aunque la práctica demuestre lo contrario.
Durante unas horas, la contención pareció posible. Juanma Moreno habló de “arrimar el hombro”. Pedro Sánchez destacó la coordinación institucional. Óscar Puente elogió sin matices la actuación de la Junta. Ana Rosa Quintana intentó forzar el reproche en directo y no lo consiguió. El silencio duró lo que tarda en llegar el siguiente titular.
LA TREGUA QUE NUNCA EXISTIÓ
La derecha política nunca aceptó del todo ese paréntesis. Alberto Núñez Feijóo introdujo pronto la sospecha. “No se nos ha dado información”, dijo, como si la oposición fuera un órgano de gestión y no un actor interesado. La frase no era inocente. Sembrar la idea de ocultación es un recurso clásico. No hace falta demostrar nada. Basta con sugerirlo.
La extrema derecha fue más directa. Todo es un desastre. Todo es culpa del Gobierno. No hacen falta pruebas. El objetivo no es esclarecer, sino generar alarma. Por eso reapareció un bulo viejo. España regala trenes a Marruecos mientras abandona sus infraestructuras. El dato es falso. Son créditos condicionados para que otros países compren trenes a empresas españolas. Subvención encubierta a la industria nacional. Feijóo ya lo usó en el Congreso hace casi un año. Funcionó entonces y se recicló ahora.
Mientras tanto, la investigación apenas empezaba. Aun así, ABC se adelantó con una portada que afirmaba haber localizado el origen exacto del siniestro. Horas después, rectificó. La prisa por señalar culpables compite con el rigor. El resultado es conocido. Confusión, ruido, desconfianza. La investigación real requiere tiempo. 24 o 48 horas no bastan. Pero la política mediática no espera.
CUANDO EL DOLOR SE CONVIERTE EN ARMA
Politizar no es preguntar. Politizar no es exigir responsabilidades. Politizar no es reclamar fondos públicos, mejoras técnicas o seguridad. Politizar es instrumentalizar el sufrimiento. Usar a las víctimas como escudo o como proyectil. Una práctica que el PP conoce bien por su relación histórica con el dolor de las víctimas del terrorismo, convertidas durante años en recurso retórico.
La tregua saltó por los aires por una escena menor y reveladora. El enfado del PP porque Puente no acompañó a Feijóo en su visita. Nadie avisó al ministro. El agravio se fabricó después. El mensaje interno enviado a periodistas hablaba de “políticos que generan inseguridad o fallecimientos”. Carlos Mazón apareció en el horizonte sin ser nombrado. La insinuación sustituye al argumento.
La culminación llegó con Cayetana Álvarez de Toledo. Ministerio “cortijo”, “mordidas”, “corrupción”, “prostitutas en ADIF”. El catálogo habitual, lanzado en plena gestión de una catástrofe. El mensaje es claro. No hay tregua posible. No hay límite ético que no se cruce. Moreno habló de arrimar el hombro. Cayetana sacó la navaja.
En paralelo, la llamada del maquinista del Iryo al centro de control aportaba un dato concreto. “He sufrido un enganchón a la altura de Adamuz”. Un elemento técnico que deberá ser analizado con calma. Sin titulares precipitados. Sin campañas de miedo.
El cierre es incómodo para quienes viven del alarmismo. Desde el año 2000, 156 personas han muerto en accidentes ferroviarios en España. En el mismo periodo, 73.500 personas han fallecido en carretera. La seguridad ferroviaria no es el problema estructural. La utilización política del dolor sí lo es.
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