Ribera Salud y el precio del silencio: cuatro despidos para proteger un negocio que juega con la salud pública 

Cuatro directivos alertaron de una “vulneración de derechos” y la respuesta fue el despido fulminante. Un sistema público secuestrado por la rentabilidad.

UN MODELO QUE PREMIA EL BENEFICIO Y CASTIGA LA DIGNIDAD

El caso del Hospital de Torrejón no es un error puntual. Es la consecuencia lógica de un sistema que convierte la salud pública en una autopista de beneficios. Cuatro directivos y directivas, con nombres y apellidos, fueron expulsados en cuestión de horas después de atreverse a denunciar lo que cualquiera en su puesto estaría obligado a comunicar: órdenes para inflar listas de espera, relegar pacientes según su rentabilidad y manipular la atención sanitaria para cuadrar un ebitda de cuatro o cinco millones. No hay adjetivo que suavice esto. No hace falta ninguno.

Según adelantó El País, la trama fue precisa en sus tiempos. El 22 de octubre, la gerente del hospital, Pilar Navarro, utilizó el canal ético interno para denunciar prácticas que calificó de “mala praxis asistencial” y de “vulneración de los derechos de los pacientes”. Dos días después, la empresa la despidió. El 26 de octubre, tres miembros clave de la dirección asistencial —el director médico, la directora de enfermería y el director de calidad— enviaron otra denuncia interna. El 27 de octubre, estaban fuera.

Cuatro denuncias, cuatro despidos, cuatro advertencias de lo que pasa cuando la ética choca contra un modelo de gestión que trata a las y los pacientes como líneas de Excel.

Los audios revelados el 25 de octubre dejan poco espacio para la interpretación. El CEO, Pablo Gallart, pedía “desandar el camino” en la bajada de listas de espera y “hacer iteraciones” para alcanzar los beneficios fijados. Pedía “imaginación”. Y dio instrucciones concretas: priorizar pacientes rentables de fuera del área (porque la Comunidad paga más por ellos) y retrasar deliberadamente cirugías de pacientes “cápita”. Traducido sin eufemismos: usar el servicio público como fábrica de dinero.

Las y los denunciantes alertaron incluso de la suspensión de la diálisis peritoneal “no cápita” por su coste. De la derivación de pacientes a otros centros vulnerando la Ley de Libre Elección. De la programación quirúrgica modificada para que las cifras económicas encajaran. Todo lo dicho, documentado, denunciado.

El departamento de Compliance respondió un mes más tarde. Archivo de la comunicación. Tres palabras para enterrar cuatro carreras profesionales y un aviso sobre cómo funciona realmente este engranaje.

Y en paralelo, el grupo Ribera Salud difundía un comunicado de madrugada. El CEO “se apartaba” de la gestión mientras se hacía una auditoría “en profundidad”. Una maniobra que huele a maniobra, no a depuración.

Como resumió uno de los despedidos, Carlos Catalán, después de 26 años de servicio: “Los actuales gestores quieren cumplir sus objetivos financieros a cualquier precio, incluida la salud de los pacientes”.

Las y los que levantaron la mano no perdieron solo el empleo. Perdieron la posibilidad de seguir defendiendo un hospital público de la lógica mercantil que lo gobierna.

LA COMUNIDAD DE MADRID Y UN MODELO QUE NO ES FALLIDO SINO EXPROPIADOR

Este desastre no ocurre en el vacío. En los últimos cinco años, la Comunidad de Madrid ha inyectado 88 millones adicionales al modelo Ribera. En julio, otros 32,7 millones para rescatar sus deudas, que en 2022 ascendían a 124 millones. Y aun así, el CEO pedía revisar costes farmacéuticos porque “la actividad que lleva pareja temas de farmacia es posible que no nos interese”.

No nos interese. Hablamos de medicamentos. Hablamos de tratamientos. Hablamos de necesidades clínicas reducidas a un inconveniente contable.

La Consejería de Sanidad ha convocado una reunión urgente y ha enviado un equipo multidisciplinar a “constatar in situ” la adecuada prestación del servicio. Más vale tarde que nunca, dicen. Pero nunca es suficiente cuando el daño ya está hecho. Cuando el modelo está diseñado para ser eso mismo.

Este hospital no es una anomalía. Es el laboratorio de un modelo ideado por el propio grupo Ribera a finales de los noventa. Un sistema donde la empresa construye, gestiona y decide durante 30 años. Donde la administración paga un canon fijo, llueva o truene, cure o no cure. Donde el incentivo no es atender mejor sino gastar menos y facturar más.

Si un hospital público externalizado recibe más dinero por operar a un paciente de fuera del área que por atender a quien tiene asignado de origen, la ecuación está escrita. No la dicta la medicina. La dicta el capital.

Y mientras tanto, la ciudadanía recibe una promesa vacía: “En ningún caso se va a tolerar ninguna práctica que perjudique el acceso”. Una frase eterna, repetida por todas las administraciones, útil para tranquilizar pero jamás para transformar.

Porque transformar significaría revisar el modelo. Significaría reconocer que esto no es un fallo, sino una consecuencia lógica. Significaría asumir que la salud no puede ser una concesión administrativa hipotecada durante décadas a empresas que funcionan con las mismas prioridades que cualquier fondo de inversión.

El caso Torrejón es un espejo. Y refleja exactamente lo que ocurre cuando se deja a la lógica empresarial decidir quién merece ser atendido antes, después o nunca.

La salud no es un negocio. La salud es un territorio que el capital lleva años conquistando. Y Torrejón acaba de demostrar cuánto cuesta intentar resistirse.