Honduras ante las urnas: presión externa y vieja guerra contra cualquier atisbo de soberanía 

Una campaña electoral convertida en un pulso geopolítico que pretende decidir desde fuera lo que solo pertenece al pueblo hondureño.

UNA DEMOCRACIA ASEDIADA DESDE FUERA

Faltan muy pocos días para que más de seis millones de hondureñas y hondureños voten el 30 de noviembre de 2025. Elegirán presidencia, 128 diputadas y diputados, representantes al Parlamento Centroamericano y casi 300 alcaldías. Pero el ruido que rodea las urnas no tiene que ver con los programas sino con un escenario que huele a déjà vu: una presión internacional abierta para condicionar el resultado antes incluso de que exista.

Rixi Moncada, candidata del partido LIBRE, aparece ligeramente por delante en las encuestas. Cinco puntos según algunos sondeos. Un empate técnico según otros. No importa. La derecha hondureña y regional ya ha activado su maquinaria: si gana la izquierda, habrá fraude, aunque no haya una sola prueba. Un guion demasiado conocido en América Latina.

Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea han expresado su preocupación por “posibles irregularidades”. Siempre en abstracto. Nunca con datos. Ese tipo de insinuaciones que ponen en duda un proceso entero y que abren la puerta a cuestionar lo que vote el país. Una estrategia que se repite desde hace quince años, cuando el golpe de Estado de 2009 partió en dos a Honduras y blindó el poder de las élites económicas.

LIBRE nació precisamente de aquella resistencia, intentando romper el bipartidismo que había convertido la política hondureña en un tablero a medida de las familias oligárquicas. Moncada promete mantener los avances sociales del gobierno de Xiomara Castro, que ha reducido pobreza, ampliado derechos y devuelto espacios de participación ciudadana. Pero esa agenda, que cuestiona intereses profundos, es la que hace sonar todas las alarmas de las viejas élites.

Mientras tanto, Salvador Nasralla y Nasry Asfura compiten por el voto conservador. El primero, presentador televisivo reciclado a político; el segundo, un empresario del Partido Nacional, el mismo que gobernó el país tras el golpe de 2009. Ambos repiten el mensaje de que el 30N será la “última oportunidad” para salvar Honduras del “socialismo”. El recurso permanente al miedo cuando no se tiene proyecto para las mayorías.

En palabras de Castro, “la batalla es entre el modelo oligárquico y el democrático-social”. Un diagnóstico que explica por qué tantos actores externos han decidido intervenir. Honduras nunca ha sido tratada como un Estado soberano sino como una pieza estratégica. Y esa visión se actualiza en cada ciclo electoral.

LA OPERACIÓN PARA DESLEGITIMAR EL 30N

El 23 de noviembre terminó la campaña. Pero el ruido siguió creciendo. Medios hondureños alineados con la derecha, influencers financiados por viejas fortunas y políticos latinoamericanos del bloque conservador repiten un mensaje común: Moncada ganaría solo mediante fraude. Una acusación preventiva que pretende colocar a la opinión pública frente a una única interpretación posible del resultado.

María Corina Machado, dirigente ultraderechista venezolana, llamó a defender el voto como si Honduras estuviera al borde de una dictadura. Un discurso prefabricado que se activa cada vez que una candidata o un candidato progresista tiene opciones reales de gobernar. Su apelación a la “libertad” es la misma que se ha usado para justificar intervenciones, sanciones o golpes de Estado.

La presión se intensificó cuando María Elvira Salazar, congresista republicana de Estados Unidos, recibió a una delegación de políticos hondureños. En su mensaje, describió a Honduras como un país “de su vecindario”, deslizando la idea de tutela. Afirmó que los socialistas intentan “robar la elección” y que Estados Unidos debe garantizar que “prevalezca la democracia”. Son palabras que recuerdan a los años más oscuros de la política hemisférica.

En esa misma audiencia, Joaquín Castro, congresista demócrata, le recordó algo elemental: “no es competencia de Estados Unidos elegir a los líderes de Honduras”. Una obviedad democrática que, sin embargo, parece necesaria cuando algunos actores estadounidenses siguen tratando Centroamérica como una zona de influencia y no como un conjunto de países con derechos propios.

Aun así, sectores de la oposición hondureña viajaron a Washington para denunciar un supuesto plan de fraude sin aportar evidencias. El objetivo no es probar nada sino instalar la sospecha. Lo mismo ocurrió en Bolivia en 2019 o en Brasil en 2022. Una campaña internacional bien financiada puede convertir una elección legítima en un campo de batalla narrativo.

Moncada respondió con contundencia: “fracasaron en Washington en su intento de mentir”. Pero dentro de Honduras, el daño ya está hecho. LIBRE ha advertido que, si gana, la palabra “fraude” inundará titulares, tertulias y manifestaciones. Una estrategia de desestabilización preventiva que prepara el terreno para protestas masivas si la derecha pierde.

Y hay precedentes recientes. En 2009, un presidente fue derrocado por intentar convocar una consulta no vinculante sobre una Asamblea Constituyente. Quienes avalaron aquel golpe hoy hablan de defender la democracia. Quienes justificaron la represión hoy llaman a “vigilar” el proceso electoral.

La historia reciente de Honduras demuestra que las élites no reconocen más legitimidad que la suya. Cuando ganan, celebran la democracia. Cuando pierden, denuncian fraude. Cuando gobiernan, reclaman orden. Cuando no gobiernan, piden intervención internacional.

El 30N el país votará entre dos modelos. Pero también entre dos formas de entender la soberanía: una donde decide el pueblo hondureño y otra donde deciden quienes siempre han querido que Honduras sea un territorio subordinado a sus intereses. El verdadero fraude sería permitir que la voluntad de un país vuelva a ser escrita desde fuera.