Isabel Díaz Ayuso sigue figurando en el registro mercantil como copropietaria de una mercantil.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue como copropietaria de una empresa al 50% con su hermano, Tomás Díaz Ayuso.
La empresa Sismédica SL lleva desde 2014 sin presentar cuentas anuales, tal y como obliga la Ley de Sociedades, según ha informado El Plural. Esta información ha sido adelantada por el diario Infolibre y ha corroborada por El Plural.
Concretamente, el objeto social que figura en el registro mercantil especifica que Sismédica se dedica de forma prioritaria al sector inmobiliarios, aunque se incluye que también realiza labores como “la compraventa, importación, exportación” y distribución de “productos de electromedicina” y “en general de materiales y productos de carácter científico”.
En 2019 InfoLibre expuso que esta firma tenía una deuda con el Ayuntamiento de Madrid por no pagar el IBI de un inmueble a nombre de la compañía. Según el medio, en 2019 ya existían hasta cinco notificaciones de impago fechadas entre 2013 y 2017.
“Solo tengo que decir que escarbar en cómo arruinaron a mi familia hace ocho años para atacarme hoy políticamente me parece que es un ejercicio absurdo. Es todo lo que tengo que decir”, especificó en aquel momento la presidenta.
Ahora, sus portavoces, preguntados por el motivo de que la mercantil aún no haya sido disuelta, se limitan a echar balones fuera: “Lo habrán decidido así”.
«Cada año, las sociedades deben presentar sus cuentas ante el Registro Mercantil de la provincia en la que se ubiquen. Los tres meses posteriores al final del ejercicio, los administradores deben elaborar la contabilidad y aprobarlas en los tres meses siguientes para depositarla»s antes del 31 de julio, explican desde El Plural.
«Saltarse esta ley tiene puede conllevar al cierre de la hoja registral y a una multa posterior por importe de 1.200 euros a 60.000. En el caso de la firma de Ayuso, el Registro cerró la hoja registral por ausencia del depósito de cuentas», concluyen.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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