La reforma que desnuda el chiringuito mediático de Ayuso 

Cuando la publicidad institucional se convierte en un cajero automático para medios amigos, la democracia deja de ser un espacio público y pasa a ser un negocio privado.

LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COMO HERRAMIENTA DE CONTROL POLÍTICO

La Comunidad de Madrid ha convertido la publicidad institucional en un sistema opaco que financia un ecosistema mediático fiel al Gobierno regional. Eso denuncian Más Madrid y las y los socialistas, pero también lo constatan las cifras. El 19 de noviembre de 2025, el grupo de Pablo Padilla registró una Proposición de Ley destinada a romper un modelo que consideran amañado. La iniciativa exige informes públicos de evaluación, criterios transparentes de reparto y la identificación precisa de quién recibe el dinero.

El planteamiento es sencillo y demoledor: los fondos públicos deben cumplir un interés público. Hoy no ocurre. Según denunció Manuela Bergerot en la Asamblea, “la derecha madrileña juega a la política con las cartas marcadas, gracias a un ecosistema mediático pagado con dinero de todas y todos”. La frase, dura pero precisa, sintetiza una década de normalización de prácticas que erosionan un principio democrático básico: el acceso igualitario a la información.

La publicidad institucional debería haber sido un mecanismo para informar a la ciudadanía sobre servicios y derechos. En Madrid, se ha convertido en un sistema de premios a la fidelidad editorial. Medios afines reciben un flujo constante de campañas públicas; medios críticos, el silencio administrativo. No es una intuición, se refleja en cada contrato, en cada adjudicación y en cada incremento presupuestario destinado a sostener un aparato de propaganda que se disfraza de servicio público.

Más Madrid fija el foco precisamente ahí: en acabar con la asimetría estructural entre quienes abrazan el discurso oficial y quienes denuncian la deriva política de un Gobierno que concentra poder mediático, presupuestario y narrativo. La reforma nace para abrir ventanas. Y las ventanas, en Madrid, llevan años tapiadas.

TELEMADRID: ENTRE EL SERVICIO PÚBLICO Y LA PROPAGANDA PARTIDISTA

La televisión pública madrileña simboliza el problema. En los contenidos, en el enfoque informativo, en los espacios de opinión, la línea que separa lo público de lo partidista se ha difuminado. Telemadrid y Onda Madrid han priorizado la publicidad institucional por encima de la información rigurosa, regadas con millones procedentes del Gobierno regional. Se nota en los informativos y en los programas donde se repite el marco narrativo de Sol.

Mientras Isabel Díaz Ayuso ataca sin descanso a RTVE, su propio Ejecutivo ha configurado una cadena donde el pluralismo brilla por su ausencia. El ejemplo más crudo se conoció hace unos días, cuando se supo que Telemadrid gastará más de 200.000 euros en una consultora para realizar estudios de audiencia y análisis de contenido. Según la cadena, carece de recursos propios para evaluar sus programas, a pesar de que lleva años justificando su autonomía profesional. De autonomía, poco. De dependencia presupuestaria y política, demasiado.

El contraste se vuelve sangrante cuando se revisan las cifras: 7.794.668 euros en ingresos publicitarios y solo 2.400.735 euros provenientes del mercado privado. Lo demás es publicidad institucional. Es decir, dinero público que suple la pérdida de credibilidad. El mercado se retira, la ciudadanía cambia de canal y, sin embargo, la cadena sobrevive gracias al mismo Gobierno que necesita una televisión sin grietas.

Esta caída de la publicidad privada no es casualidad. Cada encuesta, cada programación guiada desde los despachos de Sol y cada viaje internacional a rebufo de la presidenta erosiona la función pública de la radiotelevisión madrileña. La institución deja de ser un espacio plural para convertirse en un aparato de legitimación. Y ahí está el negocio político: cuanto menos pluralismo, más dependencia; cuanto más dependencia, más control.

La reforma presentada esta semana apunta a ese corazón corrompido del modelo. “Garantizar que la publicidad institucional cumple su función pública” no es solo devolver transparencia; es desafiar un sistema construido para beneficiar a medios amigos, consolidar un discurso hegemónico y penalizar cualquier mirada incómoda.

Porque no se trata solo de contratos. Se trata de una cultura política que ha asumido que la comunicación institucional puede ser gestionada como un botín. Una forma de transformar el dinero público en blindaje electoral. Una manera silenciosa de gobernar el relato, de decidir qué se cuenta y qué se calla.

Madrid lleva años instalada en ese ecosistema mediático diseñado por el PP, donde la información pública se ha convertido en un bien privatizado. Y la pregunta ya no es cómo se ha llegado hasta aquí, sino cuánta resistencia habrá cuando se intente desmontarlo.

La propuesta de Más Madrid abre una grieta en ese muro.

La verdadera batalla no es sobre publicidad, sino sobre quién decide qué verdad llega a la ciudadanía.