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El apoyo explícito a un grupo de activistas injustamente proscrito bajo la Ley de Terrorismo 2000 del Reino Unido lo coloca en serio riesgo penal.
UNA LEY PARA CALLAR LA DISIDENCIA
El 5 de julio de 2025, el gobierno británico incluyó a Palestine Action en su lista de organizaciones terroristas tras un acto de protesta contra la industria armamentística. Un grupo de activistas entró en una base aérea militar y pintó de rojo dos aviones de la RAF, denunciando la venta de armamento utilizado en el asedio a Gaza. Esa acción, sin víctimas, bastó para que el Parlamento y la Cámara de los Lores aprobasen una prohibición que criminaliza cualquier muestra de apoyo hacia el colectivo.
Bajo la Ley de Terrorismo 2000, expresar respaldo a un grupo proscrito puede castigarse con hasta 14 años de cárcel. Desde entonces, decenas de personas han sido detenidas en Londres, Manchester, Cardiff y otras ciudades simplemente por sostener carteles, portar banderas palestinas o pronunciar frases de apoyo. Entre ellas, ancianas y ancianos que han pasado horas en dependencias policiales por ejercer su derecho a protestar.
Roger Waters, bajista y cantante histórico de Pink Floyd, se ha colocado en el centro de esta tormenta política. Publicó un vídeo en sus redes sociales defendiendo a Palestine Action y acusando al Parlamento británico de ser “corrupto por agentes de una potencia extranjera genocida”. Con un cartel en la mano declaró: “Yo, Roger Waters, apoyo a Palestine Action. Levántate, es ahora”. Por estas palabras, las autoridades estudian si procesarlo por incitación al apoyo a una organización prohibida.
CUANDO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES UN DELITO
La decisión de Londres de tratar la protesta política como terrorismo ha encendido todas las alarmas. Organizaciones de derechos humanos, juristas y activistas advierten que se está usando la legislación antiterrorista como herramienta para aplastar la disidencia. Lo que hasta ayer era una forma legítima de expresar rechazo al genocidio en Palestina, hoy puede costar años de cárcel.
El caso Waters no es aislado. Más de 200 personas han sido arrestadas desde que la prohibición entró en vigor. Hay casos de acoso policial a manifestantes veteranos, arrestos por camisetas, pancartas o simples palabras. La represión ha generado un efecto de miedo colectivo, donde apoyar la causa palestina se convierte en una actividad de riesgo penal.
La justicia británica ha aceptado a trámite un recurso para revisar la decisión gubernamental, alegando que mezclar protesta no violenta con terrorismo es una amenaza para la democracia misma. Mientras tanto, colectivos planean saturar el sistema judicial con actos masivos de desobediencia civil, proclamando en público su apoyo a Palestine Action pese a las detenciones.
Roger Waters, una de las voces más críticas contra la ocupación israelí, se enfrenta así a la posibilidad de ser encarcelado por sus palabras. Si el Estado británico decide llevarlo a juicio, podría convertirse en un símbolo de hasta dónde están dispuestos a llegar los gobiernos para blindar sus alianzas militares y silenciar la solidaridad con Palestina.
En este Reino Unido, un músico puede terminar tras las rejas por decir que apoya a quienes protestan contra el genocidio.
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Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
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