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La ofensiva de Bustinduy contra la turistificación ilegal logra un hito, pero Airbnb aún resiste. Esto es solo la primera batalla.
VIVIENDAS ILEGALES: PRIMERA VICTORIA EN UNA GUERRA ABIERTA
Más de 4.000 anuncios ilegales de pisos turísticos han sido eliminados de Booking tras la intervención del Ministerio de Consumo. Un hecho sin precedentes en un país colonizado por el turismo de plataforma. El responsable de este pequeño terremoto: Pablo Bustinduy, actual ministro, que ha logrado lo que durante años se vendió como “imposible”: forzar a una multinacional a cumplir la ley.
La mayoría de las retiradas se concentran en las Islas Canarias, convertidas en laboratorio de la turistificación extrema, pero la poda ha alcanzado también a territorios como Asturias, Navarra o Castilla-La Mancha. Los anuncios eliminados no cumplían con la legislación básica: carecían de número de registro, usaban licencias falsas o escondían si el arrendador era profesional. Fraude sistemático, rentismo encubierto, negocio sin impuestos.
Y, aun así, durante años nadie tocó nada. La política fue cómplice y el mercado campó a sus anchas.
Pero algo empieza a cambiar. Tras el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que obligó a Airbnb a eliminar 65.935 anuncios ilegales, Booking ha tenido que plegarse a un requerimiento que marca un antes y un después. El ministerio ha dejado claro que la ley no es negociable, aunque los lobbies turísticos se crean por encima de ella.
Y sin embargo, esto no es una victoria definitiva. Es solo el primer disparo en una guerra larga y sucia.
AIRBNB SE ATRINCHERA, EL PROBLEMA SIGUE EN PIE
Mientras Booking elimina 4.093 anuncios ilegales tras el requerimiento del Ministerio, Airbnb sigue haciendo todo lo posible por esquivar su obligación legal. Ha pedido medidas cautelares, ha presionado en los tribunales, ha invertido en lobby, y ha perdido. Pero no ha desaparecido. Solo está replegándose.
Porque esta no es solo una batalla legal. Es una lucha por el modelo de ciudad, por el derecho a la vivienda, por la democracia frente a los fondos de inversión. Lo que está en juego es quién manda: las instituciones elegidas o las empresas tecnofeudales.
La turistificación no necesita ya pancartas para imponerse: se filtra en cada alquiler, en cada desahucio, en cada barrio convertido en parque temático. Las plataformas como Airbnb o Booking no son neutrales: son estructuras de acumulación que desplazan a vecinas y vecinos, que transforman hogares en activos financieros, que especulan con el derecho a habitar.
Y aunque el Ministerio de Consumo haya comenzado a poner orden, los efectos de años de desregulación están bien arraigados. Hay barrios sin residentes, solo huéspedes. Hay ciudades que han perdido su alma entre check-ins y llaves electrónicas. Hay niños que ya no podrán crecer en el barrio donde nacieron porque la vivienda ha sido colonizada por el capital.
La resistencia no será fácil. El sector mueve millones y ya ha demostrado que puede presionar a gobiernos enteros. Pero por primera vez, desde un ministerio se ha dado un paso firme hacia la desprivatización del suelo común.
No se trata de demonizar al turista, sino de señalar al sistema que convierte su presencia en arma de expulsión. Que vende la ciudad al mejor postor mientras culpa a quien no llega a fin de mes de «no esforzarse lo suficiente».
Lo que hace falta ahora es blindar este avance: convertir esta ofensiva en política estructural, en ley estatal, en inspección masiva, en sanciones ejemplares. Porque el mercado no se autorregula: se impone. Y si no se le frena, arrasa.
Consumo 1. Lobbies turísticos 0. Pero esto acaba de empezar.
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