España tiene una última oportunidad para dejar de ser cómplice del genocidio en Gaza 

Francesca Albanese exige al Congreso que vote a favor del embargo de armas a Israel. Y con razón: lo contrario es financiar el exterminio.

No se puede reconocer a Palestina con una mano y con la otra seguir firmando contratos con quienes la aniquilan. El Gobierno español, que en septiembre de 2024 votó a favor de la resolución de la ONU que condena la ocupación israelí y llama a suspender relaciones comerciales que la sostienen, mantiene desde entonces al menos cuarenta contratos armamentísticos con empresas israelíes. Nueve de ellos han sido adjudicados después del 7 de octubre de 2023, cuando comenzó el asedio más letal a la Franja de Gaza.

Los datos son oficiales y están disponibles en la Plataforma de Contratación del Estado. También lo están en el portal de la Secretaría de Comercio que, el 19 de mayo de 2025, registró una nueva importación de bombas, granadas, misiles y cartuchos desde Israel por valor de 1.200.000 euros. No son piezas decorativas: van destinadas a programas estratégicos del Ministerio de Defensa español. El código TARIC 9306 no deja lugar a dudas.

La relatora de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha lanzado un mensaje meridiano: “Que España elija no ser cómplice: este es el precedente que necesitamos”. Lo ha dicho públicamente en sus redes sociales, respaldando la proposición de ley presentada por Sumar y Podemos, impulsada por más de 500 organizaciones agrupadas en la Red Estatal Contra la Ocupación de Palestina, que se vota este martes 21 de mayo de 2025 en el Congreso. La medida busca aplicar un embargo total: ni venta, ni suministro, ni tránsito, ni transferencia de armamento a países que cometan genocidio. Y sí, Israel lo está cometiendo.

Más de 52.000 personas han muerto en Gaza desde octubre de 2023, según los últimos balances recogidos por la ONU, sin contar a los miles de desaparecidos. En sus informes oficiales, Albanese habla ya de “actos genocidas” y de una estrategia deliberada para desplazar forzosamente a la población palestina, destruir sus medios de vida y conquistar de forma permanente más territorio.

Pero a pesar de la evidencia, de las cifras y de los crímenes documentados por decenas de expertos de la ONU, España sigue negociando, firmando, recibiendo y enviando armas. Lo que hace el Ministerio de Defensa no es un error. Es una elección.

DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS (Y A LAS CÁRCELES)

En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un dictamen que exige a todos los países miembros de Naciones Unidas detener cualquier relación comercial o de inversión que contribuya al mantenimiento de la ocupación ilegal israelí. En septiembre, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que respalda esa exigencia. España votó a favor. Pero esa votación ha quedado en papel mojado.

¿De qué sirve reconocer el Estado palestino si luego se entrega material militar al régimen que lo arrasa?

Eduardo Melero, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, lo ha explicado con precisión en este artículo en elDiario.es: “El embargo es una prueba de coherencia para el Gobierno español. Si dice que no vende armas a Israel, debe demostrarlo con medidas legales efectivas. Y hasta ahora no lo ha hecho”.

La ley que se vota este martes no solo prohíbe la exportación, también contempla el control de puertos y aeropuertos para evitar que armas extranjeras con destino Israel pasen por territorio español. Ya en 2024, Albanese advirtió del desembarco en Cartagena de un buque sospechoso de transportar material militar a Israel como un “desafío directo” a la postura oficial española en derechos humanos.

España no puede seguir lavándose las manos mientras engorda la industria armamentística israelí.

El negocio de la guerra tiene nombres, apellidos y ministerios. La pasividad no es neutralidad. Es complicidad. Si el Congreso no aprueba esta ley, lo que queda es un Estado que financia con recursos públicos la limpieza étnica de otro pueblo. Un Estado que firma embargos en Bruselas y los esquiva en Madrid. Que se declara defensor de la paz en la ONU y colabora con la arquitectura del genocidio en los contratos confidenciales del BOE.

Y eso, en derecho internacional, se llama responsabilidad subsidiaria. Por acción u omisión.

La relatora no habla desde la intuición. Habla con pruebas. Su informe “Anatomía de un genocidio” ya apuntaba a una intención sistemática por parte de Israel de destruir al pueblo palestino mediante una combinación de asedio, matanzas indiscriminadas y castigo colectivo. En su segundo informe, advirtió: “Los actos genocidas se han multiplicado”. A día de hoy, no se trata de interpretación: se trata de documentación.

Francesca Albanese no está sola. Le respaldan 52 expertos y expertas independientes de la ONU, que han solicitado embargos, sanciones y ruptura de relaciones diplomáticas con Israel hasta que se detenga su ofensiva. Todos estos llamamientos han sido ignorados por gran parte de la comunidad internacional. Pero este martes, España tiene la oportunidad de no volver a fallar.

Si votan no, sabremos quién escoge el dinero sobre la vida. Y quién está dispuesto a mirar a los ojos a las víctimas y decirles: os vendimos por misiles.