El diario económico más influyente del mundo pone el foco sobre los casos contra la familia de Pedro Sánchez y apunta al ‘lawfare’ como amenaza democrática.
El ‘Financial Times’ lo ha dicho con todas las letras: “Lawfare in Spain: the cases against the Sánchez family”. No es un panfleto, no es un blog militante. Es el medio de referencia de las élites económicas globales, que ha puesto el foco en lo que muchos y muchas venimos denunciando desde hace años: la instrumentalización del poder judicial como arma política para desgastar al Gobierno.
En un reportaje firmado por Barney Jopson y publicado el 9 de mayo de 2025, el diario británico describe sin tapujos cómo las causas judiciales contra Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente del Gobierno, nacen de denuncias presentadas por un grupo con vínculos con la extrema derecha —Manos Limpias— y apoyadas en recortes de prensa conservadora. A pesar de que el texto no concluye explícitamente si se trata o no de ‘lawfare’, el propio titular ya lo sugiere. Y eso, viniendo del FT, es demoledor.
Lo que está en juego no es una disputa familiar, ni una anécdota judicial. Es mucho más grave: la credibilidad misma del sistema judicial en el Estado español, convertido, como denuncia el juez Edmundo Rodríguez (Jueces para la Democracia), en una herramienta más de la guerra política.
“Parece que acudir a los tribunales se ha convertido en un instrumento más de la guerra política”, declara Rodríguez al Financial Times
Consulta el reportaje aquí
LA DERECHA JUDICIAL Y LOS MEDIOS COMO EJÉRCITO AUXILIAR
Desde abril de 2024, cuando el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, el caso ha estado marcado por una sucesión de filtraciones, maniobras mediáticas y decisiones judiciales tan oportunas como sospechosas. La denuncia inicial, presentada por Manos Limpias, se basaba en supuestas relaciones de Gómez con entidades privadas en el marco de su actividad profesional. La clave: ni pruebas sólidas ni indicios contrastados, solo titulares recortados de la prensa afín.
Algo similar sucede con el caso de David Sánchez, investigado por su contratación en la Diputación de Badajoz. También aquí se parte de una denuncia construida sobre humo mediático. ¿El resultado? Dos procedimientos judiciales impulsados a partir de materiales generados por la prensa conservadora y validados por jueces ideológicamente alineados.
No es casual que el propio reportaje del Financial Times recuerde que el Consejo General del Poder Judicial lleva más de cinco años caducado porque el PP se niega a renovarlo, bloqueando con ello cualquier intento de regeneración democrática de la justicia. Ni que destaque que la mayoría de asociaciones de jueces están alineadas con la derecha, como la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, frente a la minoritaria y progresista Jueces para la Democracia.
Los medios y los tribunales actúan en tándem, como altavoces y ejecutores de un mismo proyecto de desgaste institucional. No se trata solo de atacar a Pedro Sánchez: el objetivo es deslegitimar a cualquier fuerza progresista que ose disputar el poder económico, judicial o mediático a la oligarquía instalada.
LA PERCEPCIÓN SOCIAL: DESIGUALDAD JUDICIAL Y HARTAZGO DEMOCRÁTICO
La publicación del FT coincide con un dato demoledor: el 89,8 % de la ciudadanía cree que la justicia no trata igual a todo el mundo, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Y el 90 % piensa que, cuando se trata de juzgar a un político, los jueces actúan de forma distinta a como lo harían con cualquier otra persona.
En este contexto, que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, siga repitiendo su “total y absoluta confianza en el sistema judicial español” suena más a resignación que a convicción. El propio artículo recoge cómo el PSOE ha intentado en vano limitar el abuso de la acusación popular para evitar casos como estos, recibiendo el griterío habitual de quienes gritan dictadura cada vez que se les toca un privilegio.
Mientras tanto, la ultraderecha se organiza, se envalentona y convierte los juzgados en trincheras ideológicas.
Y lo hace con la complicidad silenciosa de una parte del sistema judicial, de los despachos más reaccionarios de la judicatura, y del coro mediático que lleva años preparando el terreno. El ‘Financial Times’ no necesita exagerar: le basta con describir lo que ve. Y lo que ve es un patrón que se repite demasiado: causas judiciales sin sustancia, lanzadas desde entornos ultras, amplificadas por los medios y avaladas por un sector de la judicatura.
No es justicia. Es guerra jurídica. Y está pasando aquí. Y ahora.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
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Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
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