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El exjuez denuncia el uso político de la justicia y anuncia una batalla legal por recuperar su puesto
Han pasado 25 años desde que Baltasar Garzón, desde la Audiencia Nacional, logró que Augusto Pinochet fuese detenido en Londres. Aquel caso, que marcó un antes y un después en la aplicación de la justicia universal, demostró que los crímenes de lesa humanidad no quedaban amparados por las fronteras nacionales. Sin embargo, hoy esa idea de justicia parece tambalearse ante la realidad política y judicial de un mundo en conflicto.
El caso Pinochet enseñó que la impunidad puede romperse, pero los avances son frágiles. En países como Ucrania o Palestina, los crímenes de guerra parecen quedar atrapados en un limbo jurídico. La jurisdicción universal, diseñada como el último refugio para las víctimas, choca contra muros políticos. El Tribunal Penal Internacional emite órdenes de arresto, pero los líderes de las potencias occidentales deciden arbitrariamente qué dictadores merecen persecución y cuáles deben ser protegidos.
Garzón no duda en señalar esta hipocresía. Lo hace en una entrevista en El País. Estados Unidos, que nunca ha reconocido al Tribunal Penal Internacional, aplaude las órdenes de arresto contra Putin, pero ignora las emitidas contra Netanyahu. Francia, Alemania o el Reino Unido, países que impulsaron la creación del Tribunal, ahora lo socavan cuando los intereses estratégicos lo demandan.
“La justicia universal fracasa cuando se politiza, pero no por ello debemos dejar de aplicarla”, insiste Garzón. Casos como el de Hissène Habré, el dictador chadiano condenado en Senegal, muestran que es posible avanzar, aunque cada paso implique una lucha titánica contra intereses económicos y políticos.
EL SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL Y EL FANTASMA DEL ‘LAWFARE’
Más allá de las fronteras, Garzón dirige ahora sus críticas al sistema judicial español, un terreno que conoce de cerca y que, según él, está lejos de ser independiente. “Hoy tengo mis dudas, más que razonables, sobre el sistema judicial español”, afirma el exjuez, quien fue expulsado de la carrera judicial en 2012 tras ser condenado por prevaricación en el caso de las escuchas ilegales en la trama Gürtel.
El término ‘lawfare’, que describe el uso del derecho como arma política, define bien su experiencia personal. Garzón recuerda cómo fue sometido a tres procesos judiciales, en los que las estructuras políticas y judiciales conservadoras, según denuncia, actuaron coordinadamente. En 2021, el Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoció que su condena fue arbitraria y carente de previsibilidad penal, pero esto no le ha permitido recuperar su posición.
“Cuando te centras en la persona y no en los hechos, caes en el derecho penal del enemigo”, explica Garzón, aludiendo a un sistema donde la investigación parece perseguir al individuo, como en el caso reciente de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.
La instrumentalización del derecho no solo es evidente en los casos mediáticos, sino también en las investigaciones prospectivas que, según Garzón, carecen de base jurídica sólida. “Hay decisiones judiciales que siempre van en un mismo sentido, y eso no es casualidad,” señala con dureza.
UNA LUCHA PERSONAL POR LA JUSTICIA
A sus 69 años, Garzón no abandona la batalla. Ha anunciado que reclamará al Tribunal Supremo la restitución de su condición de juez, argumentando que su expulsión fue el resultado de una interpretación jurídica que, con el tiempo, ha demostrado ser válida y sustentada por principios internacionales.
Para Garzón, su lucha personal no es solo una cuestión de honor, sino un reflejo de un sistema judicial que, en sus palabras, “se enfrenta a una deriva peligrosa, donde la justicia se utiliza como arma en lugar de como herramienta de equidad.”
Sin embargo, la vida lo ha llevado a reinventarse como abogado y defensor de causas internacionales. Desde la defensa de Julian Assange hasta su compromiso con el bufete Guernica 37, Garzón sigue siendo una figura polarizante, capaz de generar tanto admiración como rechazo, pero siempre comprometido con sus principios.
La justicia no puede depender de quién esté en el poder ni de los intereses geopolíticos del momento. Ese sigue siendo el gran reto.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
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En este país , faltan jueces de su talla , mis respetos
Ojalá la justicia estuviera repleta de jueces como Baltasar Garzón.
Después de 40 años de dictadura, ahora semidictadura camuflada, son sus cachorros ahora situados en los poderes facticos del estado parecen que nos están ganando de momento la partida co esa frase de uno de los más impresentable e indeseable aquello de que, “ quien pueda hacer que haga “ y esas estamos, en verdad que es una lucha de titanes y no tenemos que bajar los brazos, hace falta muchos Garzones!!!
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